Acceso a la Justicia: Detención de campesinos muestra costo del derecho a la protesta
Acceso a la Justicia señaló que la detención de los campesinos Ysnet Antonio Rodríguez Mambel y Jhonar Barazarte Trompetero, aprehendidos en Los Andes tras arrojar sus cosechas al río, evidencia que en Venezuela ejercer el derecho a la protesta tiene un elevado costo. Aunque fueron dejados en libertad plena por los jueces que conocieron sus casos, «nunca debieron ser aprehendidos»
Acceso a la Justicia señaló que la detención de los campesinos Ysnet Antonio Rodríguez Mambel y Jhonar Barazarte Trompetero, aprehendidos en Los Andes entre el 18 y el 20 de junio, después de que difundieron videos en redes sociales en los que se les veía arrojando a los ríos parte de sus cosechas de tomate y zanahoria en rechazo a la escasez de gasolina que les impidió transportarse, evidencia que en Venezuela ejercer el derecho a la protesta tiene un elevado costo.
Acceso a la Justicia señaló que aunque Rodríguez Mambe y Barazarte fueron dejados en libertad plena por los jueces que conocieron sus casos, lo cual implica que los tribunales no consideraron que hubieran delinquido, nunca debieron ser aprehendidos.
«El caso de los campesinos andinos revela varias cosas: por un lado, que el ejercicio del derecho a la protesta en Venezuela sigue teniendo un costo elevado para los ciudadanos, por el otro, que la tolerancia de las autoridades ante las voces críticas sigue siendo tan baja como siempre. También muestra que no hay separación de poderes en Venezuela al pronunciarse al respecto una diputada de la Asamblea Nacional de 2020 (Iris Valera) y dar órdenes al Poder Judicial sobre qué hacer en este caso desde el partido de Gobierno al que ella pertenece», dijo la ONG en una nota de prensa este jueves 29 de junio.
«Una lectura del artículo 55 de la Ley Orgánica de Precios Justos deja en claro que la actuación de los campesinos no impidió «la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos». ¿Cómo se puede hablar de boicot si es imposible transportar la cosecha?», indicó la organización.
Deatacó además que los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. «Pese a que esto establece el artículo 68 de la Constitución, los venezolanos que lo ponen en práctica se arriesgan a terminar tras las rejas, ser sometidos a procesos judiciales y ser estigmatizados por las autoridades».
Al mismo tiempo, la ONG llamó la atención sobre el hecho de que el caso de los campesinos detenidos muestra que Venezuela, la primera reserva petrolera del mundo, no es capaz de suplir sus necesidades energéticas.
«En abril pasado, la producción petrolera del país durante el primer trimestre del año promedió 731.000 barriles por día (bpd), reveló un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), publicado en el mes de abril. Aunque el dato representa un aumento del 5% en comparación con los últimos meses del año pasado, hace solo una década la producción promedio del país rondaba los 2,5 millones bpd», refirió Acceso a la Justicia.
