ONG objeta prórroga del TSJ a la emergencia económica: Circunstancias han cambiado
Acceso a la Justicia consideró que las circunstancias que llevaron a la adopción de la emergencia económica «han cambiado de manera sustancial con la evolución de acuerdos recientes del Ejecutivo con terceros Estados y actores internacionales, lo cual pone en cuestión la necesidad y proporcionalidad de mantener un régimen excepcional más allá de lo estrictamente constitucional»
La ONG Acceso a la Justicia cuestionó este miércoles 11 la prórroga del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al decreto de emergencia económica, debido a una extensión que excede los lapsos constitucionales así como un cambio de las circunstancias que derivaron en la medida.
«Desde abril de 2025, cuando se dictó el Decreto n.° 5.118 que declaró el estado de emergencia económica, el país ha permanecido en este régimen excepcional durante más de 120 días, con sucesivas prórrogas y declaratorias de constitucionalidad del TSJ que han mantenido vigente un marco de excepción muy por encima del límite constitucional», afirmó la organización.
Esto pese a lo establecido en el artículo 338 constitucional, que permite una duración inicial de hasta 60 días, prorrogables por un plazo igual. Sin embargo, la Sala Constitucional del TSJ autorizó la prórroga por 60 días adicionales el pasado 10 de febrero.
Las autoridades venezolanas alegaron, al decretar la extensión de la emergencia económica, que “persisten las circunstancias» que dieron lugar a su adopción.
Acceso a la Justicia consideró que tales circunstancias «han cambiado de manera sustancial con la evolución de acuerdos recientes del Ejecutivo con terceros Estados y actores internacionales, lo cual pone en cuestión la necesidad y proporcionalidad de mantener un régimen excepcional más allá de lo estrictamente constitucional».
La organización insistió en que esta prórroga no es justificable, pues «amplía discrecionalmente las facultades del Ejecutivo, profundiza la centralización de recursos y decisiones, y minimiza la participación y control del legislativo en materia económica, en detrimento de la seguridad jurídica».
Además, manifestaron su preocupación por la falta de publicación de este y otros instrumentos por vías oficiales, como lo exige la ley. «En este contexto, la ciudadanía suele enterarse de estas medidas por la declaratoria de constitucionalidad de la Sala Constitucional y no por los canales oficiales que deben garantizar la publicidad y transparencia normativa».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
