¿Y si no pasa nada?, por Rafael Uzcátegui
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En la planificación de gestiones de riesgo se asume que, si se está preparado para el peor escenario, se estará listo para enfrentar cualquier otro. Siendo así, el propósito de este artículo es hacer el ejercicio intelectual de pensar qué pasaría en Venezuela si mañana se anunciara el fin del despliegue antinarcóticos en el Mar Caribe.
Desde la segunda quincena de agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos ha promovido un operativo de combate al tráfico de drogas en el Mar Caribe, luego de aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por el paradero de Nicolás Maduro y señalarlo como cabecilla del llamado «Cartel de los Soles».
La presencia en aguas internacionales cercanas a las costas venezolanas de varios buques de guerra —incluido el portaviones Gerald Ford— ha llevado a distintos analistas a sugerir que el objetivo va más allá del combate al narcotráfico. Además de los ataques reportados por la Casa Blanca contra quince embarcaciones, con más de cuarenta víctimas, se especula que el operativo podría derivar en hechos de fuerza dentro del territorio venezolano. Aunque esta estrategia se inscribe en la llamada «diplomacia de la fuerza» desplegada por el presidente Donald Trump, sus actuaciones zigzagueantes en otros contextos generan un alto umbral de incertidumbre sobre lo que pudiera ocurrir en las siguientes semanas.
Al respecto, las especulaciones sobran en cualquier dirección. Para continuar la argumentación —y evitar críticas fáciles—, sostengo que, independientemente de su probabilidad, el mejor escenario es que la presión psicológica cause efecto y genere una división en la coalición dominante que permita el inicio de un proceso de transición a la democracia. En contraste, el peor sería que los barcos se devuelvan por cualquier razón, incluyendo una eventual negociación con Miraflores, como ya ocurrió con las víctimas de la «guerra arancelaria» anunciada por el mandatario norteamericano.
Aunque los acontecimientos siguen en pleno desarrollo, quiero pensar qué pasaría si esta posibilidad se materializara.
Lo que vendría
En primer lugar, tendríamos a un Nicolás Maduro fortalecido, por primera vez desde el fraude del 28J. De hecho, salir victorioso de la épica antiimperialista haría lo que no pudieron lograr las elecciones de mayo y julio de este año: pasar la página del fraude presidencial. Se consolidaría el relato «victorioso» del régimen: el gobierno podría presentar el retiro del operativo como una rendición o un reconocimiento internacional de su legitimidad, lo que le permitiría recomponer alianzas internas y reimpulsar una narrativa de soberanía recuperada, fusionando la soberanía estatal con la popular.
Depuración intrachavista. Aprovechando la sensación de triunfo, el madurismo podría purgar a facciones críticas dentro del PSUV o de las fuerzas armadas, reforzando un liderazgo aún más cerrado y vertical.
Aunque ya se han venido implementando por la vía de los hechos diferentes dimensiones del llamado «Estado comunal», se aceleraría su aprobación formal, aprovechando el repliegue de cualquier contestación democrática. Asimismo, habría grandes posibilidades de que se realice la reforma de la Constitución, incluyendo en el texto no solo las figuras comunales y las elecciones indirectas, sino también el supuesto delito de traición a la patria y el retiro de la nacionalidad.
Ante la evaporación de la contención que implicaba el uso de la fuerza estadounidense, habría un aumento inmediato y significativo de la curva represiva, con venganzas contra quienes se acuse de haber estimulado la «agresión imperialista». El retiro masivo de nacionalidades se convertiría en el nuevo patrón de violación de derechos humanos, acompañado de detenciones arbitrarias. Esto provocaría la salida de líderes políticos y sociales que hasta ahora se habían resistido al exilio.
Reconfiguración de la oposición. Los sectores opositores más moderados ganarían peso sobre los más confrontativos, reforzando la tendencia a la desmovilización y la resignación cívica. Los líderes de la oposición mayoritaria se verían obligados a salir del país. La Asamblea Nacional de 2026 volvería a erigirse como el espacio de la «negociación» entre el gobierno y algunos sectores no oficialistas.
Mayor desmovilización ciudadana. La sensación de abandono o de «derrota estratégica» podría generar una ola de desaliento, silenciamiento o autocensura, reforzando la cultura del miedo.
Exilio emocional y real. Se producirían nuevas olas de migración y desarraigo psicológico —el fenómeno del llamado insilio, o exilio interno— no solo por persecución, sino por la percepción de que la lucha democrática ha perdido horizonte. Con mucha probabilidad, tendríamos el repunto de un nuevo pico migratorio.
Reforzamiento de la propaganda. La maquinaria comunicacional oficial convertiría la retirada en un mito heroico —la «segunda independencia» o la «derrota del imperio»—, consolidando la narrativa épica y justificando nuevas medidas de control.
Aislamiento selectivo y alianzas alternativas. Un Maduro fortalecido podría acercarse aún más a Rusia, Irán y China, promoviendo la idea de un «bloque antiimperialista latinoamericano». Además, adelantaría distintos niveles de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, en una alianza binacional que intentaría generar un eje antiestadounidense en la región. En contraparte, Venezuela perdería su ascendencia sobre el Caricom, tras las tensiones con Trinidad y Tobago. Las relaciones con Brasil continuarían en un punto muerto, aunque con perspectivas de retomarse en el mediano plazo.
Pérdida de capacidad de negociación internacional. Los actores democráticos venezolanos quedarían debilitados ante gobiernos y organismos que priorizarían la «estabilidad» sobre la democratización.
Diluida la capacidad de presión internacional, los sectores democráticos deberán encontrar una manera de reorganizarse dentro del país para volver a presentar una estrategia de mediano plazo, pensando en convertir el 2023 en un hito de organización y movilización.
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Puede que no pase nada visible, pero eso no significa que todo esté perdido. La historia venezolana ha demostrado que los procesos más profundos germinan en los períodos de aparente quietud. Si se disuelve la presión externa, quedará el desafío interno: reconstruir una estrategia cívica, tejer nuevas alianzas y volver a imaginar la democracia desde abajo. A veces la esperanza no es esperar, sino seguir haciendo, incluso cuando parece que ya no hay motivo.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
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