¿Y el acuerdo económico para cuándo?, por Gregorio Salazar
El resurgimiento con todo ímpetu de la protesta nacional de los maestros lanzados esta semana a un paro nacional ha vuelto a colocar en el primer plano de esta gran hecatombe las paupérrimas condiciones de vida de los trabajadores venezolanos.
Con un salario mínimo de 2 dólares, unos Bs. 40 mil mensuales, el 90 % de los trabajadores venezolanos están ubicados en el sótano de esa escala en el continente, mientras la canasta alimentaria del mes de septiembre, según el Cendas, ronda los Bs. 6 millones y nada indica que ese ascenso se detendrá. Así de brutal es el contraste y el abismo.
De manera lógica y natural el primer impulso de los trabajadores condenados al hambre y la miseria de sus familias, es centrar su reclamo, con todos los métodos de lucha posible, en el aumento de los ingresos. Lo hacen hoy los maestros, así como en su momento otros sectores gremiales y sindicales que se han movilizado durante los últimos años.
Eso resulta incuestionable y es la ruta histórica y tradicional. Pero hoy día cabe preguntarse cuáles son las dimensiones del aumento porcentual que requieren los trabajadores venezolanos para cerrar semejante brecha y poder acceder a las condiciones básicas de subsistencia y, tan importante como lo anterior, preservar su capacidad adquisitiva –en el caso de que la recuperaran– en medio de esta tormenta hiperinflacionaria.
Frente al desesperado reclamo de los trabajadores venezolanos se planta un Estado cuyos descocados conductores llevan veinte años de rumbo suicida tanto por el modelo económico en que obstinadamente se empecinan y, para colmo, las reiteradas demostraciones de ineptitud y de corrupción que abisman a la comunidad planetaria.
Después de partir y lanzar a la basura la varita mágica, aquella industria petrolera que todo lo hacía posible, desmantelar igualmente la industrias básicas y en general el aparato productivo público y privado, la nomenclatura revolucionaria se mantiene en estado catatónico, por no decir despreciativo, frente al reclamo de la masa trabajadora.
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No tiene ideas ni capacidad de respuesta. Más allá de los mendrugos, no manifiesta responsabilidad política y social. Y ha despreciado uno tras otro los planes (Merentes, Ramírez y Unasur) que se le presentaron para al menos atenuar esta horripilante crisis.
Mientras ese es el cuadro en estos predios, la convulsión social del Ecuador con sus imágenes de violencia callejera que ya arroja un saldo de centenares de heridos y varias víctimas fatales más cuantiosas pérdidas económicas nos reavivan las escenas del fatídico 27F de 1989 contra las medidas de ajuste acordadas por CAP II con el FMI.
Ya Nicolás Maduro ha sentenciado sobre los sucesos ecuatorianos: El FMI es el demonio contra el cual se ha producido la primera insurrección popular “en esta nueva etapa” y la ha parangonado con la conmoción social de Caracazo, de la cual es hija directa la revolución socialista y “bolivariana”, según sostenía Chávez.
Ya se sabe, de esos fuegos artificiales declarativos Maduro no saldrá. Pero tampoco dirá de dónde provendrá la ingente suma de recursos, que algunos estiman en más de 200 mil millones de dólares para reactivar a Venezuela. La agenda del día es política: cómo reducir la presencia opositora en la AN en el nuevo período legislativo y sacar de juego a Juan Guaidó.
Pero si ese plan fracasara y la oposición se alzara con unan nueva mayoría para el período 2021-2026, ¿qué le espera a Venezuela? ¿Otro ritornelo de desconocimiento electoral, bloqueos legislativos y declaraciones de desacato? ¿O serán capaces de admitir su derrota y reconocer las leyes de carácter económico que aprobó la actual AN, por ejemplo, la que le devolvía la autonomía al BCV?
En esta sociedad agobiada por calamidades extremas, sin acuerdos previos sobre lo que hay que hacer en el plano económico para emprender la ruta del cambio y la rectificación, lo que se pacte en el plano político electoral carecerá de suficiente atractivo para unos electores agobiados y desconcertados.
¿De qué valdría un arreglo electoral en lo legislativo sin que se asomen rectificaciones ni definiciones y mucho menos consensos para un cambio de rumbo de la economía que lleve al país a su progresiva recuperación?
Y para quienes proponen un gobierno que integren gobierno y oposición, la pregunta es: ¿puede conformarse un gobierno con esas características sin un acuerdo previo sobre la nueva política económica que requiere el país?
