¿Votar o no votar? (III): Propuestas para las luchas democráticas, por Tulio Hernández
Ahora que la totalidad de partidos políticos democráticos, adversarios del PSUV y su proyecto militarista, han expresado de manera unánime su negativa a participar en las elecciones claramente amañadas de diciembre, el final de esta saga de tres artículos que inicié dos semanas atrás tendrá un cierre distinto al previsto.
Como hay unanimidad ante la idea de que las elecciones legislativas convocadas por el CNE de Maduro no contribuyen en nada a dar paso a un proceso de transición hacia la democracia, y solo le permiten a la cúpula en el poder ganar tiempo y justificaciones retóricas para legitimar la usurpación, ahora las preguntas pertinentes son otras: ¿Qué haremos, además de negarnos a participar en la farsa de diciembre? ¿Cómo aprovechamos al máximo está decisión unánime para que la resistencia no termine en un sentimiento de claudicación pasiva ante lo inevitable –otra derrota arreglada más– y, por el contrario, se convierta en una manera de mantener con vida la posibilidad de salir de la barbarie sin tener que matarnos –no más aún– entre venezolanos?
Lo primero que debemos hacer es abandonar cualquier duda y sentirnos convencidos de que se ha tomado la mejor de las decisiones. Sobre todo, porque a partir de las últimas medidas del CNE, con órdenes del Tribunal Supremo de Justicia de por medio, ha quedado más claro aún que aquella esperanza resumida en la promesa de que “si todos salimos a votar es posible derrotar al chavismo”, ha quedado absolutamente descartada.
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En primer lugar, porque no importa cuánto esfuerzo hagan los “electoralistas” –quienes aceptan participar en las elecciones sin importar las condiciones–, ya no iremos “todos” sino una parte, quizás la más pequeña, de la resistencia democrática a votar por sus candidatos.
Y, en segundo lugar, porque medidas arbitrarias del CNE, como la de subir el número de escaños de 167 a 267, ¡un centenar redondo de un solo golpe!, la mayoría de los cuales fueron asignados a circuitos donde tradicionalmente gana el chavismo, no dejan duda alguna de que los oficialistas no abrieron la elecciones con la expectativa de perderlas, sino todo lo contrario: de blindarse para ganarlas porque solo con los cien diputados agregados inconstitucionalmente y los que ya tenían en la Asamblea Nacional anterior hacen la mayoría simple.
La otra razón que convierte esta decisión de los opositores venezolanos en una conquista política de mediano plazo es la buena señal para recuperar la unidad de acción entre las fuerzas de la resistencia democrática. Desde hace varias semanas han comenzado a circular diversos documentos, como uno titulado “¡Queremos elegir!”, respaldado entre otras organizaciones por la Alianza Nacional Constituyente, que no solo postulan la unidad como condición indispensable para rechazar con éxito la propuesta de fraude a priori presentada por el CNE, sino que traza un plan de ruta para que la decisión vaya acompañada de otras acciones que aprovechen la circunstancia para seguir el combate contra el gobierno usurpador.
Y ese Plan de ruta incluye la realización de una “Consulta popular plebiscitaria vinculante”, sin la participación del Consejo Nacional Electoral en los términos previstos por el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La Consulta, cuya realización se concibe, tal y como reza el documento de sus promotores, “con el apoyo institucional y financiero de organizaciones internacionales como la OEA y bajo su observación y garantía”, con “un máximo de cuatro preguntas”, ofreciendo la posibilidad de que voten “todos los venezolanos en el mundo, mayores de 18 años y con documento (cédula o pasaporte) que los identifique, aún vencido”, se propone para los días 25 y 26 de octubre.
Entre los objetivos que se adelantan de Consulta están algunos que, de partida, convocan al consenso pleno –ratificar el carácter usurpador del régimen de Maduro, desconocer las elecciones convocadas para diciembre y reivindicar el principio de continuidad administrativa para que la AN siga en funciones hasta que se realicen elecciones libres– y otros que seguramente generarán debates y polémicas como la de “dar apoyo y respaldo a la invocación del TIAR o a una Operación para la Paz y la Estabilización (OPE) por parte de organizaciones internacionales o fuerzas extranjeras, basado en el principio de Responsabilidad de Proteger”.
La decisión tomada por las veintitantas fuerzas políticas que han firmado el acuerdo deja, además, otras dos ganancias. Mantiene de manera coherente las responsabilidades asumidas con los gobiernos democráticos de América Latina y Europa que desconocen la legitimidad democrática del régimen militarista y han apoyado en cambio a la AN presidida por Guaidó.
Y preserva la conexión con ese sector de la población que desde hace veinte años resiste activamente al régimen autoritario rojo y, de acuerdo a las mediciones confiables, está desencantado con la conducción política de estos tiempos pero siempre cumple disciplinadamente cuando se le convoca a acciones, electorales o de protesta, que muestran coherencia política.
La conclusión a la que arribamos, después de esta primera fase del debate político ante las elecciones de diciembre, se puede sintetizar en tres frases. Una: los demócratas venezolanos no somos abstencionistas: queremos elegir, pero en elecciones libres. Dos: si el gobierno militarista no nos lo permite, a la resistencia democrática no le queda otra opción que utilizar sus propios medios, construir sus procesos autónomos de consulta para que los venezolanos puedan expresarse y tomar decisiones colectivas democráticamente.
Incluso si la propuesta a consultar consiste en solicitar constitucionalmente apoyo internacional porque solos no podemos ante el secuestro armado de nuestras instituciones y queremos que cualquier acción de protección internacional a la que recurramos sea el resultado de una consulta popular y no de una actuación unilateral de cualquier fuerza extranjera. Y tres: que no quede duda de que queremos volver a un modelo político en donde la alternancia sea la base de su funcionamiento democrático.
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