Violencia contra la mujer, la deuda que el Estado no salda, por Stalin González
Cada día, miles de venezolanas enfrentan amenazas que van desde el acoso callejero hasta la violencia extrema dentro de sus propios hogares. En lo que va de año, los observatorios independientes han registrado más de un femicidio cada 34 horas, una cifra que revela un patrón sistemático de violencia que el Estado no ha logrado detener.
Caminar sola, usar el transporte público o incluso pedir ayuda puede convertirse en una situación de vida o muerte. Esta injusticia, que afecta a niñas, jóvenes y adultas sin distinción, debería ser una alarma nacional y un llamado urgente a replantear las prioridades del país.
A esto se le suma un fenómeno que muchas veces es invisibilizado: las múltiples formas de violencia que no siempre dejan marcas en la piel, pero sí heridas profundas en la vida de las mujeres. La violencia psicológica, el maltrato verbal, el acoso laboral, el hostigamiento digital, el control económico, la manipulación emocional y la intimidación son expresiones cotidianas de un entorno que normaliza el abuso.
Estas violencias, aunque silenciosas, preparan el terreno para agresiones físicas y femicidios. Sin políticas públicas sólidas, educación preventiva y mecanismos de protección, el ciclo de violencia seguirá repitiéndose sin freno.
En un país donde la crisis económica, la migración forzada y la pobreza afectan a millones, las mujeres cargan además con el peso de esta violencia diaria. No solo enfrentan agresores individuales, también un sistema institucional debilitado que no responde con eficacia. La falta de casas de abrigo, la escasez de personal especializado, la impunidad y la precariedad de los tribunales profundizan su desprotección.
Con la llegada de la Navidad, miles de familias enfrentarán mesas vacías, salarios que no alcanzan, servicios colapsados y la ausencia de seres queridos que migraron. En este contexto, la violencia contra la mujer se agrava: la pobreza aumenta la dependencia, la frustración incrementa el riesgo de agresiones y la falta de instituciones sólidas deja a las víctimas sin refugio. Un país que no puede garantizar condiciones mínimas de vida no puede brindar protección real.
Frente a este panorama, es urgente que el Estado asuma un compromiso real con la seguridad y la dignidad de las mujeres. Esto implica fortalecer el sistema de justicia, ampliar las medidas de protección, crear más casas de abrigo, capacitar funcionarios, combatir la corrupción y asegurar que cada denuncia sea atendida con rapidez y respeto.
*Lea también: OMS: 22,8% de mujeres latinas han sufrido algún tipo de violencia por parte de parejas
La protección de las mujeres y la defensa de los sectores más vulnerables deben convertirse en un propósito nacional. Venezuela no necesita leyes ambiguas, militarización desmedida ni más estructuras para el control político. Necesita instituciones que pongan la vida y la dignidad en el centro.
Si el Estado logra enfocar sus esfuerzos en cuidar a su gente —empezando por las mujeres que hoy viven con miedo— podremos comenzar a reconstruir un país donde la justicia no sea una excepción y donde la violencia, la pobreza y la impunidad dejen de dictar el destino de millones de venezolanos.
Stalin González es político, abogado y dirigente nacional del partido Un Nuevo Tiempo
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.
