Venezuela y EEUU: una alianza estratégica del Estado 51, por Leopoldo Martínez Nucete
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Donald Trump ha vuelto a provocar con la idea de convertir a Venezuela en el Estado 51 de los Estados Unidos. Aunque pueda leerse como una provocación, una distracción o una manipulación mediática irresponsable, exige una respuesta contundente e inequívoca. No para seguirle el juego al espectáculo, sino para fijar con claridad lo que sí importa: Venezuela no necesita anexión, subordinación ni fantasías imperiales.
Venezuela necesita recuperar plenamente su democracia, su soberanía popular, su legitimidad constitucional y una relación seria, respetuosa y productiva con los Estados Unidos.
La idea debe verse bajo la lupa constitucional. No depende de Trump. No depende siquiera de una voluntad política unilateral en Washington. Y, sobre todo, no depende de una fantasía de poder que desconozca la historia, la dignidad y la soberanía del pueblo venezolano.
En el caso de Venezuela, la dificultad sería todavía mayor porque no se trataría de admitir un territorio ya estadounidense, sino de incorporar a un Estado extranjero soberano. Si la vía escogida fuera un tratado de anexión, haría falta la aprobación de dos tercios del Senado; pero ese tratado no bastaría para convertir a Venezuela en estado de la Unión. La admisión estatal exigiría luego una ley del Congreso bajo el Artículo IV, Sección 3.
Si se intentara la vía de una resolución conjunta, como en precedentes históricos controvertidos, tampoco habría poder presidencial unilateral: haría falta una decisión formal del Congreso y, antes de todo ello, un consentimiento venezolano válido.
Y allí aparece el obstáculo decisivo: la Constitución venezolana declara la independencia y la soberanía como derechos irrenunciables, establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y prohíbe la cesión o enajenación del territorio nacional a potencias extranjeras. Por tanto, en el caso venezolano, la idea no solo es políticamente cuesta arriba; es constitucionalmente inviable por ambos lados.
Por eso he insistido desde la primera vez que escuché a Trump lanzar esta idea: Venezuela no necesita anexión, subordinación ni fantasías imperiales. Venezuela necesita recuperar plenamente su democracia, su soberanía popular y su legitimidad constitucional.
La pregunta entonces es otra: ¿por qué Trump insiste en decir algo que no depende de él y que es constitucionalmente inviable?
La respuesta está menos en el derecho que en la política. Este tipo de provocación le permite a Trump presentarse como el eje alrededor del cual gira el futuro de Venezuela. El mensaje implícito no es necesariamente que exista un plan serio de anexión. El mensaje es que él se coloca a sí mismo como el actor decisivo: por encima de Delcy Rodríguez, por encima de María Corina Machado y toda la alternativa democrática del país, por encima de cualquier negociación venezolana, por encima incluso del debate institucional sobre una transición democrática. La imagen comunica poder, control y centralidad personal.
Esa es precisamente la trampa. La conversación que Venezuela necesita no es si algún líder extranjero puede absorberla en su mapa político. No puede. La conversación urgente es cómo construir una ruta electoral, constitucional y negociada para que los venezolanos recuperen la democracia en sintonía con el proceso de estabilización y apertura económica que adelanta el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Cuando el debate se desplaza hacia la anexión, se abandona el terreno donde debe librarse la discusión democrática. En lugar de hablar de presos políticos, condiciones electorales, elecciones, instituciones, reconciliación, justicia transicional, estabilización económica, así como protección y retorno de los migrantes venezolanos, el país queda atrapado en un espectáculo de soberanía herida.
Hay además una dimensión humana que no puede quedar fuera de esta discusión: la migración venezolana. Millones de venezolanos no abandonaron su país porque quisieran renunciar a Venezuela. Lo hicieron por la destrucción institucional, la precariedad económica, la persecución política, la inseguridad y la falta de oportunidades.
Más de 600 mil de esos migrantes venezolanos están en los Estados Unidos, ilegalizados por una decisión injusta de Trump y expuestos a rudas deportaciones, y en muchos casos, detenciones y violación de sus derechos humanos. Convertir el debate en una burla geopolítica sobre el «Estado 51» no ofrece una respuesta creíble a ese drama.
No responde al desgarrador drama del venezolano que caminó por el Darién, al que espera justicia migratoria o una oportunidad de organizar su regreso sin la presión de una inminente deportación, al que sostiene a su familia con remesas, al que quiere volver pero no puede, o al que teme regresar a un país sin garantías.
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Una política seria hacia Venezuela debería preguntarse cómo crear las condiciones para que esos venezolanos puedan vivir con dignidad donde estén y, si así lo desean, regresar a una Venezuela democrática, estable y próspera. Eso exige protección migratoria responsable, integración social y laboral en los países receptores, cooperación regional, y sobre todo una estrategia política que ataque la causa del éxodo: la ausencia de democracia, instituciones confiables y oportunidades económicas en Venezuela.
Por eso hay que rechazar con la misma claridad dos desviaciones: la fantasía anexionista y el nacionalismo autoritario. Venezuela no debe ser tratada como colonia, botín geopolítico ni pieza de negociación personal. Pero tampoco puede permitirse que el régimen use la defensa de la soberanía como excusa para negar la soberanía real del pueblo venezolano: la que se expresa mediante elecciones libres, instituciones legítimas, derechos garantizados y ciudadanos capaces de decidir su destino.
Los venezolanos sienten un profundo orgullo por su soberanía. La aspiración del pueblo venezolano no es la dependencia, sino una democracia estable, una economía próspera basada en el vasto potencial del país y un papel constructivo e independiente en el hemisferio. Los venezolanos valoran una relación sólida y respetuosa con los Estados Unidos, pero nunca a costa de la dignidad nacional ni de la autodeterminación.
De allí surge una alternativa mucho más seria que cualquier provocación: una asociación estratégica entre Venezuela y Estados Unidos, para construir una nueva relación energética, comercial y económica.
Venezuela posee una de las mayores reservas energéticas del mundo, potencial hidroeléctrico y minerales de todo tipo, incluidas las tierras raras, una ubicación geográfica privilegiada con una fachada que recorre desde el Mar Caribe hasta el Atlántico, una sociedad emprendedora, una diáspora global y un potencial extraordinario de reconstrucción. Estados Unidos tiene como la gran potencia que es el capital, tecnología, mercados, capacidad institucional y un interés legítimo en la estabilidad democrática y económica del hemisferio.
Pero esa relación solo puede ser sostenible si se construye sobre el respeto mutuo. No sobre la subordinación. No sobre la tutela. No sobre la imposición de un modelo político desde afuera. Una nueva etapa entre Venezuela y Estados Unidos debe basarse en la soberanía de ambos países, la transparencia, la seguridad jurídica, la apertura económica responsable, la protección de los derechos humanos y el acompañamiento internacional a una transición democrática decidida por los venezolanos.
La normalización energética y económica es parte de la solución si se vincula a un horizonte democrático. Puede ayudar a estabilizar al país, recuperar infraestructura, atraer inversión, reconstruir capacidades productivas y aliviar la crisis social. También puede ofrecer una ruta para que Venezuela vuelva a ser un país capaz de recibir a su diáspora.
Pero si se separa de una ruta política, corre el riesgo de convertirse en simple transacción: petróleo sin democracia, negocios sin instituciones, estabilización sin legitimidad. Ese sería un error histórico.
Trump puede provocar con mapas y frases estridentes. Pero la historia constitucional de Venezuela no cabe en una imagen viral. Venezuela no será el Estado 51. Venezuela será una República democrática, soberana y reconciliada consigo misma.
La tarea de nuestro tiempo no es entregar la soberanía. Es recuperarla para los ciudadanos. Y eso solo ocurrirá mediante una transición constitucional, electoral por y para los Venezolanos, respaldada por una comunidad internacional que respeta a Venezuela.
Leopoldo Martínez Nucete es abogado internacional y exdiputado venezolano. Es fundador del Center for Democracy and Development in the Americas (CDDA) y se desempeñó como Consejero Senior del Departamento de Comercio de EEUU durante la administración de Joe Biden.
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