Venezuela ante los primeros anuncios de la «Mesa de Diálogo», por Samuel J. Pérez Hermida
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La «Mesa de Diálogo» entre el gobierno encargado, dirigido por el triunvirato de los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, y una parte de la oposición representada por una comisión de la Asamblea Nacional del año 2015, instalada en Caracas bajo la tutela de los Estados Unidos, hizo públicos sus primeros anuncios por medio de una declaración conjunta conocida la semana pasada.
Aunque los acuerdos iniciales son aún parciales y están sujetos a la prueba de su cumplimiento, desde el punto de vista de la comunicación política marcan claramente un nuevo giro en la dinámica del poder en nuestro país. Entre los puntos más relevantes de estos anuncios destaca la propuesta de reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un elemento que se perfila como piedra angular en cualquier eventual transición política en Venezuela.
El TSJ ha demostrado, durante todos estos años, su alineación con el poder ejecutivo, tomando decisiones que han limitado la autonomía de otros poderes públicos y que siempre han ido en la dirección de favorecer los intereses de las fracciones que en diferentes momentos han controlado al PSUV.
La propuesta de reforma, discutida en la Mesa, apunta al establecimiento de criterios de selección de los magistrados más transparentes y que sirvan para garantizar la independencia judicial. En un eventual escenario de transición democrática, esta medida tendría un impacto decisivo en varias dimensiones, como la legitimidad electoral, ya que un TSJ renovado podría garantizar mayor imparcialidad en la validación de futuros procesos electorales; podría restablecer los equilibrios institucionales, ya que podría contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en el sistema de justicia como árbitro neutral, y daría una importante señal a la comunidad internacional, mostrando voluntad de apertura y respeto a los estándares democráticos occidentales, lo cual es una condición indispensable para el reconocimiento del Estado venezolano.
Sin duda alguna, la reforma judicial, más que un simple ajuste técnico, adquiere el valor simbólico de una ruptura con las prácticas de control político que han operado en Venezuela durante más de dos décadas, siendo además un paso hacia la potencial reconstrucción de la institucionalidad de nuestro sistema político; sin embargo, el sometimiento de nuestra soberanía nacional a una dura tutela es un hecho innegable.
Estos anuncios se producen en un contexto marcado por el control estadounidense sobre los recursos petroleros y las finanzas públicas venezolanas, a través del cual Washington mantiene un rol de supervisión que condiciona la capacidad de los actores políticos venezolanos, tanto del gobierno encargado como de la oposición, para tomar decisiones realmente autónomas.
Como hemos venido señalando en artículos previos, la tutela estadounidense implantada por medio de la fuerza militar desde el pasado 3 de enero plantea dilemas profundos para Venezuela. La administración de los ingresos petroleros venezolanos por parte de los Estados Unidos limita la soberanía económica y coloca a Venezuela en una posición de subordinación y dependencia como nunca antes en nuestra historia republicana, quizá tan solo comparable con el período gomecista.
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Desde el punto de vista del sistema político, aunque la tutela ciertamente podría ofrecer garantías de cambio que lucían inviables antes de la extracción de Nicolás Maduro, no puede dudarse que, al mismo tiempo, representa la pérdida de nuestra soberanía nacional. Geopolíticamente, la intervención estadounidense está reconfigurando las relaciones internacionales de Venezuela, generando claras contradicciones y tensiones entre quienes ven tal intervención como necesaria y quienes la consideran una forma de neocolonialismo.
Como conclusión preliminar, podemos señalar que los primeros resultados visibles de la «Mesa de Diálogo» muestran sin duda un equilibrio frágil entre la apertura y la incertidumbre. Por un lado, surgen señales de una deseable transformación institucional, como la posible reforma del TSJ, pero, por otro, se vislumbra la persistencia de una soberanía profundamente limitada, en el mejor de los casos, por la injerencia de Washington.
La pregunta de fondo es si estos pasos iniciales podrán consolidarse en un proceso sostenido de transición democrática o si quedarán atrapados en la lógica del protectorado de facto. Lo cierto es que tanto la reforma judicial como el debate sobre la soberanía serán los ejes que podrían definir el rumbo político de Venezuela en el tiempo por venir.
Samuel J. Pérez Hermida es Sociólogo. Profesor UCV. Jefe (E) del Departamento de Análisis Histórico Social de la Escuela de Sociología.
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