Vejez de miseria, por Esperanza Hermida
Twitter: @espehermida
Entre la inflación y los descuentos que el gobierno hace a las jubilaciones en la función pública y a las pensiones del IVSS, el pago nunca alcanza para garantizar el ingreso mínimo vital. Así lo denuncian de manera constante y reiterada las organizaciones de promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores en todo el país, especialmente en el caso de docentes y poder judicial.
En su caso, los bonos del presente mes de mayo, tampoco compensan la indetenible pérdida de poder adquisitivo que sufren las pensiones y jubilaciones, ya que son cantidades complementarias eventuales, sin permanencia en el pago y que están sujetas a variables que desvirtúan la naturaleza, propósito y razón de la asignación por vejez. Tal es el caso del llamado bono del día de la madre o del día del trabajador, pagadero una vez al año. Por otro lado, el bono decretado para las personas jubiladas en los últimos 4 años por la administración central, es discriminatorio respecto al conjunto de la población adulta mayor que con más edad y necesidad que la gente recién jubilada, tiene igualdad de derecho a percibirlo.
Maduro y su gobierno insisten en precarizar aún más la vida de quienes brindaron su mejor esfuerzo para la construcción del país, al sujetar el sistema de seguridad social a un perverso mecanismo clientelar dirigido desde la “plataforma patria”. Ello incluye las ayudas asistenciales de Amor Mayor, que como se conoce, no tienen relación con las pensiones de carácter contributivo que se originan durante la etapa laboral activa.
El carnet de la patria, la web patria y los descuentos e ingresos realizados a través de esta plataforma, son componentes de un programa de gestión de ayudas y otros pagos, imposible de auditar. No se conoce el organismo o ente que decide incluir o excluir descuentos tales como supuestos montepíos, seguros funerarios u otros servicios, que ni son solicitados por las personas pensionistas, ni mucho menos disfrutados en el supuesto de ser requeridos. Las protestas por descuentos indebidos, que reducen a sal y agua las ya menguadas pensiones, son el pan de cada día en la prensa y redes sociales, mientras que el silencio gubernamental raya en el desprecio a estos justos reclamos. No hay una autoridad en el país que se detenga a explicar el motivo del descuento, tramitar la queja y menos aún, devolver el dinero faltante. Si bien no se espera que Maduro se ocupe de estos detalles, no es menos cierto que al sumar la cantidad de personas afectadas, el universo económico podría ser de su interés, tanto como lo es el desarrollo de diversos acontecimientos que se suceden fuera de la frontera nacional y afectan a sus aliados en otras latitudes…
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Tampoco se sabe cuándo exactamente es incorporada como beneficiara una persona a Amor Mayor. Mientras se supone que la inclusión es a partir del momento en el que cumple la edad para ser pensionada por vejez y no ha completado el mínimo de 750 cotizaciones al IVSS, la verdad es que la gente interesada está constantemente revisando en el llamado portal patria, si aparece o no en el listado del mes anterior. Después, hace un interesante peregrinar hasta saber cuándo le corresponde cobrar, dónde y cuánto. Cierto es que, por otra parte, este tipo de asignación es de tipo asistencial, pero ello no es condición para profundizar lo que bien se puede calificar, y en efecto ya se le denomina, como violencia institucional.
Es decir, una política sistemáticamente dirigida por el estado y su gobierno, que persigue el objetivo de aumentar la desigualdad social, trasgrediendo normas administrativas elementales, como la transparencia en la información y soslayar derechos humanos. Si una persona reúne las características para ser objeto de una asignación mínima vital destinada a salvaguardarle de los efectos de la pobreza extrema, se trata de un pago regular con cargo al presupuesto nacional, que debería responder a una planificación básica, sin opacidad.
Al convertirse en una dádiva cuasi milagrosa, debido a una gestión ineficaz y profundamente clientelar, pierde su sentido y se presta al sin fin de irregularidades que sólo la corrupción genera.
En España fueron publicadas en mayo de 2022 las cifras de población de migrantes que cotiza a la seguridad social y destaca la comunidad venezolana como la que registra una mayor cantidad de personas cotizantes, entre todas las nacionalidades latinoamericanas residentes. Vale entonces la reflexión acerca de la triste realidad que se vive dentro del territorio venezolano, toda vez que nuestra población migrante evidencia en todo el mundo su indiscutible vocación por y para el trabajo, lo cual demuestra que la falta de empleo decente en Venezuela aunado a una pésima gestión gubernamental en materia económica, produjeron y dispararon el fenómeno de la diáspora. Estos cotizantes a la seguridad social en España y otras partes del planeta, quizás recibirán a la vuelta de algunas décadas su merecida pensión de vejez y según se desenvuelvan las circunstancias, esa etapa de sus vidas podrá contar con niveles dignidad. En Venezuela, por ahora, la vejez es miserable y ni con jubilación más bono, ni con pensión más bono, alcanza la asignación para vivir con dignidad.
Esperanza Hermida es activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria
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