Universidades bajo asedio, por Stalin González
La reciente decisión del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de eliminar las pruebas de admisión internas en las universidades públicas, representa una grave intromisión del Estado en el corazón de la autonomía universitaria. Esta medida, impuesta por el régimen, vulnera abiertamente el artículo 109 de la Constitución Nacional, así como la Ley de Universidades, que reconocen la autonomía académica, administrativa y de gobierno de las casas de estudio superiores del país.
La autonomía universitaria es una condición esencial para garantizar la libertad de pensamiento, la calidad educativa y la capacidad de las universidades para formar profesionales críticos, competentes y comprometidos con el país. Dentro de esta autonomía, está la potestad de definir los criterios y mecanismos de ingreso de sus estudiantes. Al imponer un sistema único de admisión centralizado por el Estado no solo se rompe este principio, sino que se busca uniformar la educación bajo criterios políticos, anulando el mérito y la capacidad académica como factores de selección.
Sin embargo, pese a este nuevo atropello, la Universidad Central de Venezuela (UCV) ha decidido no claudicar. Una vez más, se niega a dejarse vencer por la sombra. El Consejo Universitario aprobó recientemente mantener el Sistema de Ingreso por Mérito Académico y Diagnóstico Integral para el año 2025.
Mantener los procesos internos de las universidades autónomas es una necesidad lógica: se evalúan actitudes y aptitudes con el fin de optimizar los limitados recursos y asegurar que los estudiantes puedan afrontar con éxito una carrera universitaria.
Esta imposición no es un hecho aislado. Forma parte de una política sistemática de asfixia al sector universitario que lleva muchos años en marcha. Como venezolano y egresado de la UCV, duele ver el estado actual de la educación universitaria. Las universidades públicas han sido víctimas de presupuestos cada vez más reducidos, lo que ha disminuido su operatividad, paralizado investigaciones y deteriorado gravemente las condiciones laborales del personal docente y administrativo.
Solo para ejemplificar, la UCV, símbolo de la educación libre en Venezuela, con una historia aún más antigua que la creación de nuestra república, ha visto disminuir su plantilla profesoral en un 50% en los últimos años, según cifras de la APUCV. Un profesor titular a dedicación exclusiva, con 25 años de servicio, apenas gana 522 bolívares mensuales (poco menos de 5 dólares), una cifra que ni siquiera alcanza para comprar los marcadores necesarios para escribir en las pizarras y dar clases. Mientras tanto, el bono vacacional que antes representaba un alivio económico, hoy ha perdido el 95% de su valor real en comparación con el año 2022.
Este no es solo un ataque a la educación, es un ataque al futuro del país. El régimen no quiere universidades autónomas, críticas, activas. Quiere instituciones sumisas, que se limiten a reproducir el discurso oficial y a formar profesionales dóciles que no cuestionen la realidad. Es un ataque contra instituciones que han moldeado al país y han ayudado a millones a formarse y salir adelante.
En tiempos donde el saber libre está bajo amenaza, defender la universidad es defender la democracia, la meritocracia y el derecho de los jóvenes a construir un futuro distinto. La universidad venezolana no puede ni debe rendirse. Porque donde se apaga una cátedra crítica, se apaga una chispa de libertad.
*Lea también: UCV informa que continuará con las pruebas internas para el ingreso 2025
Stalin González es político, abogado y dirigente nacional del partido Un Nuevo Tiempo
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.
