Una izquierda subordinada a la petrochequera de Miraflores, por José R. López P.
Durante años, la izquierda ha enarbolado la defensa de los derechos humanos, la democracia, el antimilitarismo, la protección de los asilados y la justicia social como principios irrenunciables. Sin embargo, una parte significativa de esa misma izquierda mantiene una solidaridad injustificable y un silencio cómplice ante las atrocidades del régimen autoritario venezolano.
No se trata de un desliz coyuntural ni de una interpretación errada y pasajera, sino de una conducta sostenida durante casi tres décadas, pese al progresivo deterioro institucional, económico y humanitario que ha devastado al país y obligado a millones de ciudadanos a emigrar.
Ante una realidad tan dramática y ampliamente documentada, la reacción ha sido reiterada: minimizar los abusos, relativizar las violaciones de derechos humanos y encubrir los fracasos bajo consignas ideológicas. Venezuela dejó de ser un debate ideológico abstracto para convertirse en el reflejo crudo de una tragedia social y política palpable.
Frente a este drama, importantes sectores de la izquierda tarifada internacional han desempeñado un papel de complicidad activa, priorizando beneficios y cuotas de poder por encima de los principios y banderas que supuestamente deberían defender. Resulta insostenible, si no moralmente obsceno, seguir hablando de «proceso revolucionario», «país bloqueado», «revolución asediada» o «trinchera antiimperialista».
El bolivarianismo no es un proyecto revolucionario y mucho menos antiimperialista: es un proyecto autoritario de impronta fascista que reprime, y tortura a la disidencia política y a los trabajadores, socava la libertad de expresión y ha convertido la justicia en una herramienta de coacción y castigo.
Un proyecto que militariza la sociedad, que impone un terrorismo de Estado, que irrespeta la voluntad popular y que ha provocado una devastación social, forzando a millones a huir del país (una de las mayores crisis migratorias de la región). No es una opinión. Es un hecho documentado, medido y denunciado por organismos internacionales, ONG de derechos humanos y víctimas sobrevivientes de esta pesadilla.
Sin embargo, la vara con la que se juzgan estos hechos parece cambiar según quién detente el poder. Así, cuando un gobierno de derecha reprime una protesta, encarcela a opositores o restringe las libertades, la condena es inmediata, tajante y moralmente categórica. Y está muy bien que así sea.
Pero cuando esas mismas prácticas provienen de un gobierno que se envuelve en banderas antiimperialistas o en retórica «popular», emerge el doble estándar: no es para tanto, hay que entender la correlación de fuerzas, existen provocaciones externas, la culpa es de las sanciones, el verdadero enemigo es EEUU.
Para la izquierda asalariada la represión cambia de nombre. El autoritarismo se disfraza de resistencia. El abuso se presenta como «defensa del proceso». Los asesinatos se narran como gestas épicas. El aplastamiento de las luchas sociales se tipifica como una «necesaria estabilización del orden».
Este doble rasero no es un desliz ingenuo ni una confusión teórica: es una elección política. Para esa izquierda asalariada, el problema no es el autoritarismo en sí, sino quién lo ejerce. El poder se vuelve tolerable —incluso justificable— cuando está en «las manos correctas». Es una izquierda que ha terminado por subordinar sus principios a la perversa petrochequera de Miraflores.
Esa claudicación de principios no ocurre en el vacío: se ha sostenido sobre un relato que busca justificarla y hacerla políticamente aceptable: el antiimperialismo. Pero no se entiende como una posición crítica frente a las dinámicas de dominación global, sino como un dogma incuestionable, una suerte de amnistía moral y coartada retórica.
Bajo su amparo, todo se explica y se absuelve. Funciona como una cláusula de inmunidad: si un gobierno se proclama enemigo de EEUU, automáticamente queda del lado correcto de la historia, al margen de sus prácticas concretas.
Sin desconocer el carácter históricamente intervencionista —y muchas veces devastador— de la política exterior norteamericana, desde Vietnam hasta Irak-Afganistán, sin olvidar Guatemala, Chile, República Dominicana, Panamá, Granada y, más recientemente, nuestro país, resulta intelectualmente deshonesto convertir el antiimperialismo en un principio que exonera cualquier deriva autoritaria, corrupción sistémica o violación de derechos fundamentales.
La crítica al imperialismo no puede convertirse en un cheque en blanco para proyectos políticos que, en nombre de la soberanía, erosionan las libertades que dicen defender. Si el antiimperialismo ha de conservar algún valor ético, debe desprenderse de su uso como blindaje ideológico de proyectos autoritarios.
Debería ser una crítica coherente, no una licencia para tolerar abusos cuando provienen de actores «afines». De lo contrario, deja de ser una herramienta de emancipación y se convierte en una coartada para la complacencia. Este cinismo doctrinario de esa izquierda mercancía convierte al enemigo de mi enemigo en un aliado automático, aunque ese aliado encarne autoritarismo, teocracia o la más flagrante regresión social.
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Así, se terminan defendiendo regímenes como el de Irán, o Afganistán no por sus estándares de igualdad, libertad o pluralismo, sino por su confrontación geopolítica con Occidente. El resultado ha sido una alianza contranatural de conveniencia que sacrifica principios ideológicos en el altar del falaz antiimperialismo.
La petrochequera bolivariana no se limitó a colonizar discursos: prostituyó ideales. Movimientos sociales que alguna vez fueron voces críticas se convirtieron en vasallos sumisos, rendidos al chantaje económico, vendiendo su independencia como quien subasta su dignidad.
La izquierda global dejó de ser un faro de resistencia para convertirse en un títere domesticado, legitimando dictaduras con la complicidad de un silencio comprado. No fue conquista de territorios, sino de conciencias: una colonización total de voluntades, donde la ética se troca por sobornos y aplausos serviles.
José Rafael López Padrino es Médico cirujano en la UNAM. Doctorado de la Clínica Mayo-Minnesota University.
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