Una agenda venezolana para la democratización, por Jesús María Casal
Prosigue el debate sobre la existencia o no de una transición en Venezuela. En ocasiones se emiten opiniones categóricas en uno u otro sentido, que no parecen corresponderse con el proceso en desarrollo. Pese a las limitaciones advertidas, no pueden considerarse cerradas las oportunidades para la democratización. La agenda para la democratización tiene tres ámbitos fundamentales y en cada uno de ellos varias tareas que deben ser cumplidas.
El primero es el de los derechos humanos. Deben cesar las privaciones arbitrarias de la libertad que aún subsisten y toda medida de coerción personal o enjuiciamiento que responda a una persecución política. Debe interpretarse con amplitud la ley de amnistía para favorecer la libertad plena de todo preso político. En aquello en lo cual esta ley no sea suficiente, la Comisión especial prevista en esa ley debe proponer alternativas para lograr las respectivas liberaciones, ello en aras de la rectificación y reconciliación que dicho instrumento contempla entre sus fines. Debe facilitarse igualmente el retorno de los exiliados. Además, no debe postergarse la derogación de normas que han apuntalado la represión, al cercenar la libertad de expresión u otros derechos. Deben desmontarse las estructuras y prácticas que han hecho posibles estas violaciones a derechos humanos. La ley de fiscalización de las ONG, tal como está formulada, debe ser igualmente suprimida, por obstaculizar la labor que cumplen estas organizaciones en ejercicio legítimo de la libertad de asociación. Otras iniciativas son indispensables para ensanchar el espacio cívico y de libre formación de opinión pública.
Un segundo campo para la democratización es el del Estado de Derecho. No habrá transición a la democracia si no se asume el establecimiento del Estado de Derecho como objetivo prioritario de la reinstitucionalización. Sigue pendiente el logro de la independencia de todos los órganos del Poder Ciudadano y del Poder Judicial.
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El Tribunal Supremo de Justicia debe ser renovado mediante un procedimiento transparente y participativo y una selección basada en la integridad y calificación o méritos de los aspirantes, que atienda a la necesidad de garantizar la independencia judicial. Este debe ser el primer paso para una reestructuración completa de la judicatura, que ponga fin a los jueces provisorios y rescate la carrera judicial y el ingreso a esta mediante concursos de oposición públicos. Adicionalmente, debe superarse la concentración de poderes que ha menoscabado la institucionalidad democrática. La propia idea de limitación del poder del gobierno debe ser reivindicada como elemento medular de un Estado de Derecho. El orden internacional de derechos humanos representa una referencia primordial para la agenda de cambios en materia de derechos humanos y de Estado de Derecho, lo cual comprende el cumplimiento de decisiones emitidas por los organismos correspondientes.
En tercer lugar, debe trabajarse en el terreno de la democracia. Debe asegurarse el pleno ejercicio de los derechos políticos, dejando sin efecto las inhabilitaciones y reconociendo a las organizaciones políticas existentes en el país. Hay que avanzar en la ruta electoral, comenzando por la elección de un CNE confiable y autónomo, que lleve a cabo el reconocimiento de todas esas organizaciones, así como la auditoría y actualización del Registro Electoral, incluyendo la apertura de periodos especiales para realizar esta actualización en el exterior. Deben ser auditados diversos componentes del sistema electoral y fijarse reglas y concertar acuerdos para el acompañamiento internacional. Han de tenerse en cuenta en esta esfera las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea.
Estas son solo algunas orientaciones sobre el complejo proceso de democratización que debemos exigir y promover con espíritu crítico y a la vez propositivo. Para apuntalar la democratización es importante que en distintos espacios sociales se desarrollen discusiones en torno a estos temas y que ello desemboque en propuestas concretas.
La creación de una instancia social de articulación, a la que me he referido en ocasiones anteriores, es altamente aconsejable para lograr mayor capacidad de incidencia.
Jesús María Casal es Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Constitucional y ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
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