Tras un año, Fiscalía mantiene paralizadas investigaciones de masacre de El Ripial
ONG piden que se avance en las investigaciones de la masacre de El Ripial, y se atiendan a los detenidos por el conflicto armado en Apure, que suman al menos 31 personas. Las autoridades mantienen silencio sobre la cantidad de víctimas y el costo de la operación en ese estado
El coordinador de exigibilidad de la ONG Provea, Marino Alvarado, indicó que a un año de la masacre de El Ripial en el Alto Apure, donde fueron ejecutadas cinco personas, entre ellas cuatro integrantes de una misma familia, la Fiscalía venezolana mantiene paralizadas las investigaciones.
El activista destacó que no hay voluntad por parte del Estado venezolano de investigar a los autores materiales y las cadenas de mando sobre esa masacre. A su juicio, esta inacción contradice el memorándum de entendimiento que suscribió la administración Maduro con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Dicho documento obliga realizar investigaciones genuinas en aquellas situaciones en las cuales se presume se hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
La masacre de El Ripial no puede quedar impune.
4 miembros de una familia fueron asesinados a manos de funcionarios FAES.
Nos preocupa que no hay voluntad de investigar lo ocurrido. @MinpublicoVEN seguimos esperando respuestas#Lupaporlavida #24Mar pic.twitter.com/cZCChBPLjz— LupaPorLaVida (@LupaPorLaVida) March 24, 2022
“Las ejecuciones extrajudiciales están catalogadas como crímenes de lesa humanidad, y es obligación del Ministerio Público investigar, no solo a los autores materiales del asesinato de estas cinco personas, sino al cadena de mando de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), porque presuntamente fueron estos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana quienes ejecutaron estos asesinatos, y los oficiales de la Fuerza Armada que dirigían estos operativos militares en ese momento”, expresó Alvarado.
También debe investigarse la denuncia de los detenidos de haber sido sometidos a tortura, reclamó el coordinador de Provea. “Hemos estado informando a la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, igualmente a la oficina de la Alta Comisionada de Derecho Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
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Hace tres días, el presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, denunció que 19 detenidos en Apure, que actualmente se encuentran en la cárcel de Santa Ana (Táchira), toleran “trato cruel” así como el “cobro de vacunas” por parte de las autoridades, a lo que agregó que sus casos también sufren de “retardo procesal”.
Márquez recordó que en total son 31 personas detenidas. “Le estamos exigiendo al fiscal general, Tarek William Saab, que le informe a la opinión pública nacional e internacional los resultados de su investigación, que de acuerdo a lo que hemos adelantado, tanto Provea como la Fundación El Amparo, está totalmente paralizado en la Fiscalía 62 de Caracas”.
Dijo que, a pesar de que fueron enviados dos fiscales y dos expertos, no pasaron de la población de La Victoria, no han llamado a declarar a ningún testigo ni familia, ni han promovido pruebas, mientras que los propios abogados apoderados de las víctimas, con documentos notariados en Arauca y en Guasdualito, no han podido tener acceso al expediente.
“Lo cual representa impunidad y encubrimiento de parte de la Fiscalía del Ministerio Público, en contra versión con los acuerdos suscritos con la fiscalía de la Corte Penal Internacional, la promesa hecha a la Misión Internacional Independiente y a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la señora Bachelet”, argumentó Márquez.
Con información de Radio Fe y Alegría
