Temas urgentes a decidir por la Comisión Electoral de las primarias, por Gonzalo González
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Saludo el compromiso y valentía de las personalidades que han aceptado integrar la Comisión Electoral de las Primarias Abiertas (CEP). Su tarea es regir, organizar y realizar la elección del candidato unitario. De la calificación humana, política, profesional de los designados para cumplir con la enorme responsabilidad que asumen hay amplio consenso.
El compromiso asumido no es cualquier cosa por las dificultades, riesgos, complicaciones que supone. Por las presiones a las que estarán sometidos tanto desde el campo democrático como desde oficialismo. El contexto político en relación a las primarias presidenciales del 2012 ha variado sustancialmente. El régimen chavista ha mutado de uno con un creciente déficit democrático a abiertamente dictatorial.
La designación de la CEP forma parte de avances netos (todavía insuficientes y con riesgos de retroceso) en la construcción de una amplia coalición democrática.
La CEP debe resolver algunos asuntos importantes en función de encarrilar definitivamente el proceso de primarias abiertas: la fecha de celebración de la votación; si se solicita la cooperación del CNE en la provisión del REP, máquinas de votación, habilitación de centros votación; la concurrencia como precandidatos de los dirigentes inhabilitados, el voto de la diáspora.
La decisión sobre la fecha de las primarias abiertas debe tomarse lo antes posible, así lo recomienda la situación. Tener fecha crea una dinámica conveniente dentro del mundo democrático, es un mensaje positivo hacia la sociedad en el sentido de que el oficialismo tiene rival. Las primarias deben realizarse en el primer semestre del 2023.
Debe analizarse sin prejuicios ni complejos, vista la complejidad organizativa y logística de unos comicios abiertos a la población, la conveniencia de la cooperación, que no la rectoría, del CNE en los asuntos antes mencionados. Resulta curioso y un tanto contradictorio no usar los recursos del CNE para elegir el candidato a competir en un proceso regido en su integridad por el mismo CNE.
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El camino hacia los comicios presidenciales está plagado de obstáculos para las fuerzas democráticas. Es un contrasentido agregar otros a los existentes. Eso es lo que precisamente ocurriría si el candidato elegido en las primarias fuese un dirigente inhabilitado. El CNE no aceptaría su inscripción y jugaría con los tiempos para complicar su sustitución. No es lo mismo para el régimen en términos de costo político inhabilitar a un candidato recién designado que negarle la inscripción a alguien ya inhabilitado.
En modo alguno se trata de desconocer que las inhabilitaciones fueron un acto injusto, un abuso de poder. Se trata de actuar con realismo, de sortear obstáculos, evitar daños auto infligidos. Los dirigentes inhabilitados ayudarían mucho si dan un paso al costado y posterguen sus legítimas aspiraciones en aras de los intereses colectivos. De todos modos la CEP debería decidir la inconveniencia de sus postulaciones a las primarias.
A propósito de lo anterior conviene recordar que en 1957 los partidos AD, URD, PCV todos ellos ilegalizados y en la clandestinidad decidieron apoyar la candidatura de Rafael Caldera por ser el único de los principales dirigentes democráticos con posibilidad de asumir ese rol en caso de que la dictadura cumpliera con convocar elecciones presidenciales en 1958 como lo establecía su Constitución Nacional.
La dirigencia de entonces se decantó por privilegiar el interés colectivo por encima de los particulares de los partidos.
Ese acuerdo, finalmente no se dio porque la dictadura en acto ilegal e ilegítimo decidió sustituir los comicios presidenciales por un plebiscito. Pero tan importante gesto de responsabilidad con el país quedó como un legado valioso para la historia.
El asunto de la participación en las primarias abiertas de los venezolanos en el exterior debe ser considerado con toda la seriedad y el pragmatismo posible, alejada de la demagogia e irresponsabilidad con la cual algunos políticos la encaran. Lo primero a entender es que la prioridad debe ser, por razones obvias, incentivar y facilitar la más amplia participación de los ciudadanos residentes en el país.
Al respecto de los residenciados en el exterior habría que analizar si se dispone del músculo orgánico y los recursos financieros para construir la logística necesaria para garantizar una participación apreciable de la comunidad venezolana en el exterior en las primarias abiertas con todas las garantías y condiciones para un proceso justo, libre, competitivo y verificable. De no ser así se estaría facilitando un fracaso innecesario.
Confío en la diligencia y capacidad de la CEP para resolver con acierto los retos planteados.
Gonzalo González es politólogo. Fue diputado al Congreso Nacional.
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