Soberanía “a la carta”, por Gregorio Salazar
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Fue a través del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, aquel tristemente célebre personaje que escaló desde su grado de coronel de la guardia nacional hasta jefe de todos los jueces penales del país, que los venezolanos confirmamos lo que era un secreto a voces: que la justicia venezolana había sido convertida en una materia dúctil, dócil, moldeable a los antojos o impulsos de venganza del poder caudillista. «La justicia venezolana es de plastilina», fueron las palabras de quien hasta poco antes de emprender su vuelo hacia latitudes imperiales presidía la Sala de Casación Penal del apodado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Allí hizo y deshizo y más de una vez discurseó, de cortesana toga roja, prosternado y complaciente, ante el amo del poder.
Relató Aponte Aponte, tomando la precaución de poner unas cuantas millas de por medio de estos atribulados predios revolucionarios, cómo semanalmente se reunía un conciliábulo del cual también participaba la fiscalía general y poderes ejecutivos para decidir sobre cuáles cabezas opositoras había que dejar caer el aplastante yunque de la «justicia» roja. Y dio a conocer una lista larga de quienes fueron sus infortunadas víctimas, a quienes pidió perdón cuando ya no había caso. Poco después asumió una vida totalmente distinta a la de gran factótum del poder penal, convertido en chófer de Uber en algún condado de Miami.
Ese abominable abuso institucional no ha cambiado. Puede asegurarse que no sólo empeoró en el campo de la justicia, hasta el punto de hacerse cómplice del insólito robo electoral de la presidencia el 28-J, sino que el «efecto plastilina» invadió y marca todavía la ruta antiinstitucional del régimen. Todo se vale para el obsesionante objetivo de ser los amos de Venezuela hasta oírse las trompetas del Juicio Final.
Conceptos, principios y valores se instrumentalizan de acuerdo a la coyuntura política y al rumbo delirante que obnubila el momento. El diferendo sobre el Esequibo nos ha dado fehacientes pruebas de ello. En el 2004, Chávez en la plenitud de su subyugante embeleso fidelista, aceptó una invitación a Georgetown. Allí, al pueblo que hoy los jefes revolucionarios satanizan, le condonó una deuda de 12 millones de los verdes, coqueteó con acuerdos para construirles carreteras y cuando tocó el reclamo territorial fue para decir que a los militares venezolanos «trataron de sembrarnos una semilla, una actitud antiguyanesa», con el fin de evitar «otra Cuba».
Así fue ese histórico carpetazo al reclamo territorial. Lo cual no sería óbice para que veinte años más tarde, los herederos de Chávez, puestos ante la derrota inminente que los esperaba en la contienda electoral en puerta, se convirtieran en adalides de la defensa de la integridad territorial, liderada por el candidato a la reelección, y convocaran a un referéndum. De esa consulta – de acuerdo al plan—el sempiterno candidato habría de emerger convertido en el gran unificador del país alrededor de la defensa de la soberanía. Embalado, pues, hacia un apoteósico triunfo electoral.
Todos recordamos lo que fue esa puesta en escena, marcada por un derroche de recursos sin precedentes para financiar un verdadero acoso propagandístico a la población. Resultó inútil aquella engañifa. El desierto reinó en las mesas de votación, lo cual no amilanó al régimen para decir –en unas de sus típicas huidas hacia adelante– que había obtenido 10 millones de sufragios afirmativos a todas sus preguntas. Ensayo, sin duda, para el fraude electoral que vendría pocos meses después. Para colmo, la metrópolis cubana, que antaño había recibido tanta obsecuencia, puso sus bazas en Guyana, diciendo que el referéndum «no es vinculante». Qué ingratos.
Demás está decir que la soberanía, alma y fundamento de la República, esa que reside en el pueblo y que se expresa a través del voto fue vejada y traicionada sin pudor al desconocerse los resultados del 28-J. Así la soberanía asumió consistencia de elástica melcocha y la plasticidad revolucionaria la revistió de inutilidad total.
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Hoy, ante el preocupante despliegue de una amenaza militar extranjera, la soberanía es sacada del tacho de los desperdicios para que su defensa resuene en todo el ámbito nacional. Debería servir de reflexión ver que ni siquiera el esgrimir elemento de tan alta significación les granjea el apoyo popular. No lo hizo en el llamado a referéndum y no ha asomado en estos momentos, sino a fuerza de iniciativas gubernamentales para las pantallas de tv.
El pueblo tiene conciencia de una auténtica Soberanía. Sabe de su valor y la importancia de su defensa para la República y de todos como ciudadanos. Pero exige una soberanía plena en todos los sentidos. No una soberanía «a la carta», de plastilina, al antojo de las urgencias y apremios coyunturales de un régimen amenazado por el colosal enemigo que cosechó durante el último cuarto de siglo.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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