Seguridad, pobreza y valores, por Luis Ernesto Aparicio M.
Ahora que se han instalado nuevos gobiernos en Colombia y Perú, las expectativas aumentan, tanto entre sus ciudadanos como en otros países donde ya se ha inaugurado un estilo de gobierno parecido a estos que se inauguran o existe la tentación de abrir procesos electorales que permitan optar por estas propuestas, muchas de ellas cargadas de soluciones simples que prometen resultados rápidos.
Pero el asunto no es tan sencillo como se presenta o como algunos imaginan. Estos gobiernos enfrentan una realidad que debería ser tomada en cuenta por los ciudadanos, manteniendo las alertas activadas ante ofertas revestidas de una especie de magia política que promete resolver los problemas con rapidez, hasta que inevitablemente terminan enfrentándose con la realidad.
Casi todos, o al menos buena parte de los nuevos gobiernos de tendencias ultraconservadoras, han concentrado buena parte de sus esfuerzos en asuntos relacionados con la seguridad, una preocupación que, sin duda, afecta a todos los ciudadanos, aunque a unos más que a otros.
De allí surge una de las grandes propuestas: construir cárceles y más cárceles, lanzar cientos o quizás miles de policías a la persecución de los delincuentes y hasta incorporar a los ejércitos –preparados para la guerra y no necesariamente para la acción civil– a esa lucha.
A simple vista, y probablemente impulsados por la desesperación, muchos terminan mirando hacia quienes hacen de la persecución y el castigo su principal oferta política, dejando de lado algunos de los problemas que están asociados a la inseguridad.
Como ya he venido acostumbrando a mis lectores, me surge entonces una nueva pregunta: ¿qué ocurre cuando un gobierno convierte la seguridad y determinados valores morales en el centro de su proyecto político, mientras deja en segundo plano las causas sociales de la inseguridad y el pluralismo que debería proteger un Estado democrático?
Con la llegada del nuevo presidente y presidenta y sus propuestas, resulta evidente que se consolida una tendencia política que privilegia el orden, la seguridad y el castigo como respuestas centrales. Pero también será necesario observar qué ocurre con la pobreza, la desigualdad y la movilidad social, asuntos que no desaparecen porque un gobierno decida colocar la seguridad en el centro de su discurso.
Los datos son siempre una de las formas más útiles de aproximarnos a la realidad y pueden ayudarnos a formular otra pregunta: ¿la seguridad resuelve la pobreza o la pobreza sigue siendo uno de los factores que alimentan la inseguridad?
La pregunta no pretende negar la necesidad de combatir el delito. El problema aparece cuando la seguridad se convierte en la principal respuesta política frente a problemas que también tienen raíces económicas, sociales y educativas.
Partiendo de ese principio, sería importante que las nuevas administraciones, más allá del espectáculo político que pueda resultar conveniente para ellas, superen las convicciones personales de sus mandatarios y vayan más allá de la simplicidad que ofrece la amenaza y el castigo al «malvado».
En otras palabras, que abandonen la carga valorativa de sus propias convicciones para asumir la responsabilidad de gobernar como verdaderos estadistas y trabajar por incrementar y preservar la prosperidad de los ciudadanos.
Y aquí quisiera compartir una reflexión que he venido construyendo con el paso del tiempo y a partir de los cambios que estamos observando en el espectro político.
Un presidente puede tener convicciones religiosas, conservadoras o incluso profundamente tradicionales. Puede defenderlas y vivir de acuerdo con ellas. Lo que no puede hacer, en una democracia liberal, es convertir sus convicciones personales en una obligación para todos los ciudadanos.
Gobernar no significa conseguir que una sociedad piense como quien gobierna. Significa garantizar que quienes piensan diferente puedan seguir haciéndolo, que quienes creen en otra religión puedan practicarla, que quienes no profesan ninguna puedan vivir de acuerdo con sus propias convicciones y que cada ciudadano pueda ejercer sus libertades mientras respete las de los demás.
Quizás ese sea uno de los mayores desafíos de esta nueva ola política: demostrar que la seguridad puede coexistir con la libertad, que el orden no necesita convertirse en autoritarismo y que gobernar para todos exige algo mucho más difícil que castigar a quienes se consideran enemigos.
Exige gobernar también para quienes no votaron por ellos.
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Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD
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