Se sabe qué régimen tenemos, por Marta de la Vega
Autor: Marta de la Vega | @martadelavegav
No hay duda sobre la naturaleza del régimen venezolano. Es mentiroso, incumple sus compromisos, no respeta la normativa constitucional vigente y engaña incluso a los cancilleres garantes en las negociaciones en República Dominicana.
El manifiesto del Grupo de Lima del 13 de febrero ha sido contundente al respecto. Los 14 cancilleres, “frente a la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de convocar unilateralmente a elecciones presidenciales para el 22 de abril de 2018, sin haber alcanzado un acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido el Gobierno”, expresaron “su más firme rechazo a dicha decisión, que imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad”. Por ello exhortan al gobierno venezolano a presentar un nuevo calendario electoral, apegado a la ley.
Es usurpador y criminal. Hoy gobierna una camarilla militar corrupta y mafiosa, ligada al crimen organizado y dominada por un poder extranjero. Maduro perdió legitimidad como primer magistrado, a pesar de las maniobras del Tribunal Supremo de Justicia para darle fundamento legal a su pretensión, aunque haya sido legalmente proclamado presidente de la república, cuando se lanzó a la presidencia siendo presidente encargado por la ausencia absoluta de Chávez, en lecho de muerte en Cuba desde diciembre de 2012. Luego, con la rotura del hilo constitucional a raíz de las desacertadas decisiones 156 y 157 del TSJ del 30 de marzo de 2017, el ilegítimo se convirtió en usurpador.
Además, informes como los de la OEA de 2016 y 2017, o declaraciones como las de Luis Almagro, secretario general de la OEA en entrevista con Fernando del Rincón en CNN el 12 de febrero, o el informe de la Comisión Interamericana de DDHH que acaba de ser publicado -sobre el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela-, ponen de relieve el carácter criminal del régimen.
Las fraudulentas elecciones presidenciales impuestas por el poder de facto, inconstitucional e ilegal que es la ANC, colocan a Maduro y su gobierno fuera de la democracia, como régimen tiránico y forajido»
No se trata solo de la brutal represión, torturas y asesinatos viles de manifestantes desarmados en las protestas de 2014, 2016 y 2017 por fuerzas policiales y delincuentes paramilitares sostenidos por el gobierno, que constituyen en conjunto crímenes de lesa humanidad, o la masacre atroz después de haberse rendido del comisario piloto Óscar Pérez y su grupo.
Es criminal por la destrucción de la economía, el derrumbe institucional, la manipulación y coacción por hambre o miedo como mecanismos de control social, el abandono de las obligaciones estatales y la falta de respuesta oportuna frente a las carencias gravísimas de la gente.
Tampoco la comunidad internacional democrática reconoce esta convocatoria electoral, como declaró el Grupo de Lima: “no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar, convocada originalmente por la Asamblea Constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya existencia y decisiones no reconocemos”.
Y la Conferencia Episcopal Venezolana declaró: “es (…) un despropósito ético y humano, un verdadero crimen que clama al cielo, que en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muerte y colapso nacional, se privilegie un espectáculo de distracción y alienación, en condiciones desiguales, contra todo sentido de equidad y servicio a la población”.
Se sabe qué régimen preside Maduro. ¿Se sabe cómo construir la alternativa civilista y democrática que permita la transición para recuperar el estado de derecho y la justicia, con participación ciudadana plural y unidad de propósitos, en acuerdo con la comunidad internacional?
