Riesgos de una transición transaccional en Venezuela, por Juan Manuel Trak
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El sistema político venezolano está en proceso de adaptación bajo presión extrema.
Dicha adaptación no proviene únicamente de los hechos ocurridos en la madrugada del 3 de enero de 2026, sino también de las condiciones externas y tensiones internas a las que está sometida la cúpula del chavismo, como consecuencia de exigencias contradictorias.
En primer lugar, la Ley de Hidrocarburos, promovida por Delcy Rodríguez y aprobada sin contratiempos por el legislativo oficialista presidido por su hermano, ha supuesto un giro de 180 grados respecto al proyecto nacionalista petrolero impulsado por Chávez.
Este cambio parece ofrecer la posibilidad de recuperar la industria petrolera de la debacle que experimentó durante el gobierno de Maduro.
Para muchos, oficialistas y no oficialistas, esta nueva regulación significa una pérdida de soberanía nacional y del control de recursos estratégicos de la nación. Pero más importante que las declaraciones de estos grupos frente a la soberanía nacional son las posiciones de los actores que tenían acceso directo a la renta derivada de la producción petrolera..
El cambio del esquema supone una transformación de los mecanismos de cooptación y control de las diferentes fracciones dentro del chavismo y el Estado que daban soporte a Nicolás Maduro. La pregunta es cuál es su lugar en ese proceso adaptativo y si están dispuestos a aceptarlo.
Por otro lado, la sociedad venezolana exige la liberación total de los presos políticos. La propuesta de una Ley de Amnistía parece buscar aliviar las tensiones en este tema. Sin embargo, la ausencia de mecanismos transparentes y con verificación independiente genera desconfianza en el anuncio.
Mientras tanto, la sociedad venezolana parece estar despertando del sopor de la represión: las vigilias, los pronunciamientos del movimiento estudiantil y el incremento de exigencias sociales y laborales son señales claras de que la acumulación de demandas insatisfechas puede generar eventos inesperados.
La pregunta es si en el gobierno de Rodríguez existe la voluntad real —o impuesta— de no repetir los patrones de represión sistemáticos adoptados por Maduro y sus ministros, algunos de los cuales la acompañan, por ahora.
En todo caso, las imágenes de familiares reencontrándose con sus seres queridos injustamente apresados dejan en evidencia el daño que la represión ha hecho a cientos de familias venezolanas, pero sobre todo la crueldad y las prácticas violadoras de DDHH del sistema.
Desde el frente internacional, el testimonio de Marco Rubio sobre Venezuela ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado y la llegada de la encargada de negocios para Venezuela ofrecen una oportunidad de calibrar mejor la perspectiva estadounidense del proceso político venezolano.
En este sentido, la audiencia de Rubio refuerza la idea de un interés transaccional inmediato cuyo éxito depende de la estabilidad; de allí la negativa a imponer un gobierno de transición liderado por González Urrutia y Machado.
La estabilidad es condición necesaria para lograr sus objetivos energéticos, migratorios y de seguridad. Sin embargo, el plan de Rubio no parece descartar un proceso de transición a la democracia, sino su postergación.
Los tiempos de la política exterior estadounidense no están acoplados a los tiempos del deseo de democratización de los venezolanos.
Al día de hoy, más allá de los gestos que parecen orientados a apaciguar las demandas de apertura, lo cierto es que se mantiene un conjunto de leyes y prácticas que limitan el efectivo ejercicio de las libertades y derechos.
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Tampoco hay señales, de momento, de iniciar un proceso de reforma de los cuerpos de seguridad, así como de tribunales y fiscalías usadas por Maduro para imponerse por la fuerza.
El desmontaje de estas estructuras de poder es un desafío mayúsculo para la sociedad venezolana, pues son muchos los intereses que se verán afectados y, sobre todo, por el clamor de justicia ante los atropellos cometidos por sus integrantes.
En cualquier caso, es temprano para predecir si la intención reformista es real y si este proceso es una adaptación a una nueva gobernanza no democrática, basada en la transaccionalidad energética con los EEUU.
El desafío de Rodríguez ahora está en la reconstrucción de una nueva coalición estable, mientras que del lado de la oposición toca la reconstrucción de sus bases políticas y sociales, diezmadas por la represión y el abandono de los liderazgos partidistas que viven de un conflicto que ha mutado de naturaleza.
Juan Manuel Trak es sociólogo. Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca. Fue coordinador de investigación en el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello UCAB.
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