Retos de la vulnerabilidad social post catástrofe, por Marino J. González R.
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La estimación de los daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio resulta una tarea muy compleja. Una de las limitaciones más relevantes es la escasa información de fuentes oficiales en muchas áreas de la gestión pública. Sin embargo, sin la definición de un marco de referencia es imposible empezar a identificar las políticas públicas que se deben ejecutar para atender la reconstrucción.
Es por ello de especial valor la publicación hace pocas semanas de la estimación de daños realizada por el Banco Mundial. Aunque este reporte, conocido también como «Grade» por sus siglas en inglés, resume solo los daños económicos directos relacionados con la afectación de edificios e infraestructura, también contiene aspectos que permiten anticipar los efectos en la vulnerabilidad social posterior a la catástrofe.
De acuerdo con este reporte, el costo de los daños directos por los terremotos es 19,6 mil millones de dólares. Los daños de edificios residenciales representan el 47% de esta cantidad, mientras que los edificios no residenciales y la infraestructura representan 26% y 27%, respectivamente.
La Guaira y el Distrito Capital fueron las áreas con mayores daños (47% del total). En el caso de La Guaira se estima que los daños afectaron el 17% del stock de capital. Si se considera el conjunto de La Guaira, Distrito Capital, Miranda y Carabobo, los daños ascienden al 85% del total de daños estimados.
También debe destacarse que se evidenciaron daños en 11 estados del país, y se incluyó un grupo de «otros estados». Puede decirse que la catástrofe fue verdaderamente de magnitud nacional. Los sectores de educación y salud resultaron con impactos significativos.
El reporte es bastante enfático al señalar que, si la inversión pública y privada se mantienen en los niveles actuales, completar la reconstrucción se puede prolongar por 10 años. La actividad productiva, el PIB y el consumo se mantendrían por debajo de lo proyectado al menos hasta 2036.
Obviamente, enfrentar las exigencias de la reconstrucción supone entonces un cambio profundo en el patrón de inversiones del país. Se indica también claramente que los recursos requeridos para el programa que financie la reconstrucción pueden aumentar el déficit fiscal en 3,7% y 2,8% en 2026 y 2027, respectivamente. El aumento de la razón PIB/deuda externa sería 8,1% para 2036. Tal es la dimensión prevista de algunos de los efectos macroeconómicos de la reconstrucción.
Aunque este reporte se concentra en los daños físicos, tiene la virtud de señalar los probables efectos en la vulnerabilidad social. Esto es de especial relevancia dada la urgencia con la que se deberían implementar las medidas para la atención de estos efectos. Se distinguen los siguientes aspectos.
Se destacan, en primer lugar, las vulnerabilidades preexistentes especialmente en los estados más afectados. Estas restricciones se expresan con mayor rigor en el acceso a servicios básicos.
De acuerdo con los supuestos de la estimación, los efectos de los terremotos afectan de manera desproporcionada a los hogares en situación de vulnerabilidad previa. Los terremotos ocasionan que estos hogares deban utilizar recursos para reparar los bienes dañados, por una parte, pero además son afectados por la reducción de ingresos debido a la pérdida de empleos o de bienes para producir.
Las pérdidas en el consumo pueden estar concentradas en los hogares con mayores necesidades de cuidado, dependencia, limitaciones de salud o trabajos informales.
Las consecuencias de estas estimaciones son severas. Se debe recordar que Venezuela tiene más de diez años en situación de emergencia humanitaria compleja. La atención de esta emergencia previa a los terremotos no era completa.
Todo lo contrario, apenas una fracción de la población necesitada recibe apoyo con alimentos, por citar solo un aspecto de la emergencia. Las demandas de atención aumentadas por los terremotos significan en la práctica un aumento significativo de los recursos requeridos.
Esta situación se agrava por la ausencia de programas públicos que permitan discriminar los dos tipos de beneficiarios: los que se encontraban en emergencia humanitaria compleja y los que han sido afectados por los terremotos.
La ausencia de mecanismos de identificación de necesidades hace imposible adjudicar los beneficios de manera directa y efectiva. En la práctica lo que se está produciendo ya es una profundización de la emergencia humanitaria compleja, en un escenario de serias restricciones para atender esta población.
Tomando en cuenta que una estimación más precisa de las necesidades surgidas después de los terremotos puede llevar varias semanas más, es bastante claro que al final las posibilidades de atención efectiva deberán partir del reconocimiento de la brecha previa.
En otras palabras, los retos de la política social de los próximos meses (o años) son monumentales. Esperemos que estas evidencias surjan de manera contundente al finalizar el reporte de la estimación de necesidades posdesastre que ya está en elaboración.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
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