Renegociar la deuda pública: el riesgo de otro fracaso, por Arturo Araujo Martínez.
La necesaria renegociación de deuda pública venezolana: El riesgo de otro fracaso, por Arturo Araujo Martínez
La recuperación de la economía venezolana pasa por reconocer que la destrucción de su tejido productivo es inédita en nuestra historia moderna; industria petrolera, agricultura, banca, construcción, comercio y servicios representan hoy menos del 85 % de lo que aportaban en 2013 a la actividad económica. La economía de Venezuela en su conjunto se redujo a un nivel que hace imposible generar ingresos fiscales suficientes para atender las necesidades más básicas de una población que perdió millones de puestos de trabajo; percibe salarios mínimos por debajo del nivel de subsistencia y carece de sistemas de protección social.
Recuperar el país exige una reconstrucción acelerada y potente de la actividad petrolera, petroquímica y conexas, un tejido económico diversificado, donde las actividades transables internacionalmente como la industria, la agricultura y el turismo crezcan eficientemente y sean capaces de competir internacionalmente; donde los servicios públicos y privados funcionen con eficiencia y eficacia para atender las necesidades de la población y el aparato productivo; y donde la banca, la construcción y el comercio acompañen el crecimiento y la productividad internacional del país.
Se necesdibujaloita más que petróleo para lograr ser un país donde la población alcance niveles de calidad de vida razonables.
El boom petrolero desinflado
La falta de transparencia y la elevada discrecionalidad con que se sigue gobernando Venezuela se pone en evidencia con la nueva ley de hidrocarburos y su reglamento, que permiten opacos acuerdos en la venta de petróleo y la asignación a dedo de bloques de producción petrolera. Se suma a esto hechos que «también existen indicios de que determinadas prácticas poco transparentes cuentan con aliados en los corredores de Washington y Houston»(1).
Permanecen las dudas sobre la legitimidad de un gobierno que, por darle algún apellido, llamaremos tutelado, y no cuenta con certezas de continuidad. Estos factores, junto con la ausencia de un Estado de derecho que dé seguridad jurídica a ciudadanos, empresas e inversores, explican que el anunciado boom petrolero que se iba a producir en nuestro país se esté desinflando.
El mes de julio de 2026 promedia una producción de 953.000 dpd. «Los apagones afectaron las operaciones y persisten las dudas sobre la capacidad del actual esquema político para atraer las inversiones necesarias y avanzar hacia una recuperación sostenible»(1). Las proyecciones más optimistas apuntan a una producción entre 1.100 y 1.300 miles de bdp al cierre de 2026.
Ante estos escenarios de carencias, incertidumbre e inestabilidad, las empresas petroleras existentes en el país (Chevron, Repsol, Eni, entre otras) limitan sus inversiones a las mínimas necesarias para acelerar la recuperación de la deuda que el Estado venezolano mantiene con ellas.
Apenas se oyen lánguidos y poco creíbles anuncios sobre nuestro «fantástico» futuro petrolero en el corto plazo. Las estimaciones optimistas sitúan la producción petrolera en 2027 entre 1.400 y 1.500 miles bdp, debido a la permanencia de fallas en el sistema eléctrico nacional y las necesidades masivas de inversión en infraestructura que se requieren para lograr aumentos superiores.
Los insuficientes niveles de crecimiento en la producción petrolera, sumados a la ausencia de estímulos para que se den inversiones en sectores productivos no vinculados a este sector –que permitan generar una economía diversificada y robusta, generadora de empleos estables y bien remunerados–, definen en el corto y en el mediano plazo previsible un país con una economía muy pequeña.
Seguirá siendo un país pobre, con escasez de recursos fiscales para financiar programas de recuperación económica y social. El desastre causado por el doblete sísmico ocurrido el 24 de junio agrava el panorama de recuperación económica y social del país.
El escenario económico anteriormente expuesto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: si en el horizonte previsible hay una insuficiente producción petrolera y una economía no petrolera diminuta y con bajos niveles de productividad y fuertes desestímulos para generar empleos estables y bien remunerados, ¿cuáles son las claves para transformar el país?
No hay una respuesta única ni sencilla a esta pregunta. Sabemos que Venezuela está vacía de muchas cosas, pero en estos últimos 27 años los venezolanos hemos aprendido otras que nos ayudarán a salir del hoyo si somos consecuentes y perseverantes con ellas.
Sabemos que no hay solución a la precariedad económica y social sin un cambio político que restablezca el Estado de derecho y la libertad de elegir libremente, mediante el voto popular, a quienes nos han de gobernar. Demandamos la construcción de un Estado y una institucionalidad democrática que sustituya el actual Estado represivo, expoliador y todopoderoso.
Requerimos uno que fomente y garantice las libertades individuales y de empresa, respetando y haciendo respetar la seguridad personal y jurídica, donde todos seamos iguales ante la ley. Demandamos eficacia, sostenibilidad y transparencia a los organismos públicos centralizados y descentralizados.
Requerimos convertir el Estado actual en otro radicalmente distinto, que esté al servicio del progreso, el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. En definitiva, estamos demandando una relación radicalmente distinta del Estado venezolano con sus ciudadanos.
Hacer posible lo anterior requiere el concurso de personas con una clara vocación política democrática y de servicio público, voluntad de cambio, creatividad, competencias profesionales y conductas de ética pública, ciudadana y empresarial fuera de duda. Claramente, personas, instituciones y empresas muy distintas a las que hoy, y durante 27 años, han convertido el país en un botín a ser saqueado por ellos y sus allegados.
Realizar estos cambios requiere contar con recursos financieros para adelantar necesarios programas de ajustes expansivos: atender la reconstrucción del estado Vargas causada por el doblete sísmico del 24J; atender la población afectada por esa tragedia; minimizar la pobreza generalizada; garantizar la atención pública de calidad en las áreas de salud y educación; promover sistemas de seguridad social y atención a los ciudadanos vulnerables; lograr la unificación y la estabilidad cambiaria; reducir la inflación a un dígito bajo; lograr la recuperación y puesta en marcha de los sistemas de generación y transmisión de energía eléctrica que cubran las necesidades crecientes de ciudadanos y empresas; rescatar la infraestructura física y productiva deteriorada o destruida; y crear ambientes económicos e institucionales que estimulen iniciativas de inversión privada eficiente y competitiva internacionalmente, entre muchas otras cosas más.
Los desafíos arriba mencionados demandan con urgencia financiamiento para ser llevados a cabo: divisas que hoy por hoy no se tienen en la cuantía necesaria y que difícilmente se van a tener en el horizonte de tiempo previsible, aún en los escenarios de cambios políticos y de gestión pública más optimistas.
Cualquier demora en ir adelantando estos cambios resultará en tiempo de precariedad y sufrimiento para el común de la gente, que, en justicia, reclama mejoras inmediatas en sus condiciones de vida.
La deuda soberana venezolana, lastre u oportunidad para un país mejor
Con un sector petrolero en lento despegue y una economía incapaz de generar ingresos fiscales suficientes, el acelerar nuestro bienestar dependerá de atraer capitales y financiamiento que den el oxígeno necesario para acelerar programas de recuperación económica y social, así como la sostenibilidad política que requiere la maduración de políticas públicas positivamente transformadoras.
Uno de los mayores problemas que tiene Venezuela es una deuda absolutamente impagable. Mientras no sea atendido y resuelto este tema, será poco menos que imposible atraer las tan necesarias nuevas inversiones.
Esta pesada realidad obliga a sentarse con los acreedores a negociar un canje de deuda que sustituya la deuda actual por otra cuyos montos y términos negociados y acordados den seguridad a los acreedores de cobrarla, y a Venezuela de acceder de nuevo a los mercados financieros globales que nos abran las puertas a fuentes de financiamiento sin sacrificar la recuperación económica ni los programas sociales que demandan nuestros ciudadanos, y sin generar nuevos desequilibrios fiscales, cambiarios o monetarios.
La reestructuración de la deuda cobra así una relevancia superlativa en el corto, mediano y largo plazo, no suficientemente explicada por buena parte de economistas y empresas consultoras que hablan del presente y futuro del país.
La reestructuración de la deuda no es un proceso sencillo que se puede despachar de cualquier manera. Nos jugamos el éxito o el fracaso del país. La reestructuración de la deuda debe ser hecha de tal forma que cumpla con las siguientes condiciones básicas: que sea legítima, creíble y transparente, y que así sea percibida en los mercados globales.
Para iniciar el proceso de negociación de deuda, el primer requisito es que el Estado reconozca esos pasivos, para lo cual es condición necesaria, pero no suficiente, contar con una base documental jurídica y financieramente robusta que en el caso venezolano no se conoce. La variada estructura de la deuda añade dificultades para lograrlo. La deuda venezolana está compuesta de:
- Bonos soberanos emitidos por la República
- Bonos emitidos por PDVSA
- Laudos arbitrales y expropiaciones
- Deuda con proveedores y socios (facturas pendientes con empresas de servicios petroleros internacionales, aerolíneas comerciales y firmas de infraestructura, etc.)
- Organismos multilaterales: pasivos con entidades de desarrollo regional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
- Deuda bilateral con países pertenecientes al Club de París, incluida Rusia
- Deuda bilateral con China e Irán
Se omite a propósito asignarle una cuantía estimada a cada uno de estos componentes y a la totalidad de la deuda. Tanto los montos estimados para cada uno de estos componentes como para el monto global, los rangos de variación son exageradamente amplios. En el caso de la deuda total, el rango va desde 150.000 millones a 250.000 mil millones de dólares, casi 67 % de diferencia entre un valor y el otro. Es inevitable preguntarse: ¿qué cifra vamos a negociar?
La primera conclusión obvia es que ninguna negociación de deuda se da sobre montos estimados; se negocian montos de deuda ciertos y verificados, y esos todavía no se conocen.
No se pretende criticar los estimados de deuda de una fuente u otra, donde, por cierto, ninguna aporta datos verificables. Se entiende que ayudan a tener órdenes de magnitud, más o menos útiles para poder afirmar si la deuda es pagable o no.
Ese no es el objetivo de esta entrega, aunque me encuentro entre los economistas que tienen dudas sobre la veracidad documentada de esas cifras, tengo la absoluta certeza de que ninguna de las cifras que se han publicado puede ser honrada, ni ninguna otra debe ser reconocida si no cumple los requisitos de legitimidad, credibilidad y transparencia.
Habrá componentes parciales de esta deuda que estén correctamente documentados. No obstante, expertos económicos y legales especializados en temas de deuda soberana resaltan que partes de la deuda venezolana carecen de documentación y mecanismos necesarios para asegurar la legalidad de sus orígenes, su validez y transparencia.
Fuentes vinculadas a los grandes fondos globales afirman que estas dudas los apartan de participar en una posible reestructuración, argumentando que, si persisten, se abren posibilidades a los llamados holdouts (fondos buitres) que acudirían a procesos judiciales que entorpecerían la reestructuración buscando grandes ganancias.
Esto retrasaría la negociación y causaría graves daños reputacionales tanto a ellos como a Venezuela, que se vería abocada a enfrentar procesos legales muy largos y costosos, así como su aislamiento, una vez más, de los mercados internacionales de deuda, con graves consecuencias por pérdidas de credibilidad y confianza que dificultarían sostener procesos de recuperación económica y social.
Esto sería un nuevo gran fracaso para Venezuela. Para evitarlo, se requiere que estas dudas sean despejadas. De ello hablaremos en próximas entregas.
(1) La Gran Aldea, Reporte de Análisis Energético: 4 de agosto, de M. Juan Szabo, Luis Pacheco.
Arturo Araujo Martínez es economista, exdocente de Economía de la UCV y empresario en activo. Fue director de Planificación Estratégica de Alimentos Polar; director de Industrias PMC.
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