Reforma y acomodo, ¿hacia dónde va el proceso político venezolano?, por Juan Manuel Trak
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Luego del shock sistémico que significó la extracción de Maduro el 3 de enero pasado, observamos el reacomodo acelerado de los actores y de sus estructuras de relación. La nueva realidad impone un nuevo tablero de reglas y incentivos que hasta hace poco eran inexistentes e impensables.
La relación entre Casa Blanca y Miraflores muestra niveles de cooperación no vistos desde hace más de un cuarto de siglo; sin embargo, este acercamiento no relaja las tensiones estructurales. Por el contrario, expone nuevas contradicciones internas que aumentan la incertidumbre y el riesgo país.
En este análisis no debemos ignorar la variable identitaria. Al final del día, no todos los actores dentro de la coalición gobernante son monolíticos y sus motivaciones meramente crematísticas. Existe una heterogeneidad de visiones sobre su rol histórico.
El chavismo se debate hoy en una contradicción existencial: preservar el proyecto identitario — nacionalista, bolivariano y antiimperialista— o garantizar el mantenimiento del poder mediante la cooperación con los Estados Unidos a costa de derrumbar sus pilares identitarios.
En este contexto, la Ley de Amnistía, la liberación de cientos de presos y la búsqueda de «legitimidad por eficacia» que intenta proyectar la presidenta encargada Delcy Rodríguez, chocan frontalmente con la posición de actores con nula tolerancia al pluralismo y, sobre todo, un profundo rechazo a rendir cuentas de los abusos de derechos humanos y corrupción propios de un sistema político que se vio a sí mismo como eterno e impune. Para quienes operaron bajo un sistema de impunidad absoluta, la reconciliación no es una oportunidad, sino una amenaza directa a su supervivencia.
La pregunta de fondo es si el supuesto espíritu reformista es apertura sistémica hacia nuevas reglas de juego de acceso al poder político en donde los actores puedan gestionar la incertidumbre de un sistema democrático, o si, por el contrario, el «nuevo sistema» es un reacomodo interno que garantiza unas reglas en las que se hacen concesiones y realineamientos cosméticos con el fin de garantizar la permanencia en el poder.
Por su parte, la demanda social acumulada de democratización tiene el potencial de encontrar un caldo de cultivo fértil. No obstante, la posibilidad de un nuevo ciclo de protestas no depende solo del malestar hacia el gobierno o el apoyo popular a la presión que se ejerce desde Washington, sino de la capacidad de actores políticos y sociales para superar las crisis crónicas de reconocimiento interno, organización, coordinación, coherencia y estrategia.
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Para la oposición que busca la democracia, el objetivo no es solamente «convocar elecciones pronto», sino lograr una reforma político-institucional. El desafío es establecer un marco de convivencia política y reglas consensuadas de acceso y distribución funcional y territorial del poder, así como de la función del Estado.
Es decir, mecanismos para garantizar el pluralismo en los diferentes poderes públicos, así como las condiciones que fomenten la rendición de cuentas de quienes acceden a las posiciones dentro del Estado. En este sentido, la oposición se enfrenta al reto de lograr trascender a los liderazgos o animadversiones personalistas e identificar los mecanismos de presión más eficaces para impulsar dichas reformas en el marco de la nueva relación Washington-Caracas.
Así las cosas, el momento político actual muestra una fragilidad extrema. La coalición gobernante se encuentra en un sistema sometido a una presión externa sin precedente y una tensión interna que puede derivar en fractura.
Por su lado, la oposición tiene ante sí una ventana de oportunidad, pero corre el riesgo de que se cierre si no logra superar sus deficiencias internas.
Mientras tanto, la flexibilización de las políticas petroleras genera expectativas de bienestar en la población que difícilmente serán satisfechas si no se acometen reformas en la relación entre Estado y sociedad. Sin un cambio en las reglas de juego, el crecimiento petrolero será apenas un nuevo esquema de distribución de renta para una élite en mutación, y no el motor de una reconstrucción nacional.
Juan Manuel Trak es sociólogo. Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca. Fue coordinador de investigación en el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello UCAB.
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