Reflexiones a propósito del 1 de mayo en Venezuela, por Samuel J. Pérez Hermida
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El pasado jueves 30 de abril, un apreciado empleado de mi facultad me dijo, antes de irnos a casa por el asueto del 1 de mayo: «»… bueno profe, mañana esperaré sus comentarios acerca de lo que nos anuncien hoy sobre el aumento responsable»». Bien, Gerry, aquí va el intento, esperando cubrir tus expectativas.
Empecemos por recordar que el Día Internacional del Trabajo, declarado así en París en 1889, es una fecha trascendente, al conmemorar un hito histórico que marcó una ruptura importante en la relación entre el capital y el trabajo, iniciando el proceso de transformación de los obreros, de simples recursos para la producción en el marco de la aún naciente Revolución Industrial, a sujetos políticos con derechos fundamentales, lo que ayudó a consolidar la idea de que la dignidad humana y el bienestar social deben estar por encima de la acumulación ilimitada del capital.
Hoy en día, especialmente en sociedades con sistemas de protección social debilitados, el 1 de mayo es un recordatorio crítico. Los derechos laborales no son concesiones del mercado o del Estado, sino conquistas innegociables, obtenidas históricamente gracias a la organización colectiva de los trabajadores.
Su vigencia hoy, en el caso de Venezuela, es más que nunca una reivindicación del derecho al trabajo decente, a la seguridad social y a la defensa de los trabajadores frente a políticas que precarizan la estructura laboral. En tal contexto, el anuncio realizado el pasado 30 de abril de 2026 por la presidenta encargada, fijando el llamado «ingreso mínimo integral» en 240 dólares, aun pensando que dicha medida busque atenuar la presión inflacionaria sobre la economía nacional, mantiene sin duda una distorsión estructural en el sistema de protección laboral y de seguridad social de Venezuela.
El eje central de dicho anuncio es el denominado «ingreso mínimo integral«, una figura que se aleja significativamente del concepto de salario, al priorizar una política de bonificación que, de hecho, lo destruye. El salario determina el cálculo de los pasivos laborales; vacaciones, prestaciones sociales, utilidades y aguinaldos.
Al mantener un salario base estancado y aumentar solo las bonificaciones, el Estado y los empleadores privados buscan seguir reduciendo el costo real de las obligaciones a futuro con los trabajadores. Por ejemplo, el sistema de pensiones del IVSS y los cálculos aplicables al derecho a la jubilación están atados al salario mínimo.
Al no ajustarse este último, la base de cálculo de las pensiones se mantiene en niveles precarios, condenando a los adultos mayores a la dependencia extrema de unos bonos discrecionales e insuficientes. Si el ingreso real de los trabajadores no se basa en el salario, la recaudación para el seguro social, las pensiones y la protección ante los riesgos laborales se debilita, lo que impide que el sistema cumpla su función de protección ante contingencias por enfermedad, invalidez y vejez.
De tal forma, se consolida un modelo donde la seguridad social no es un derecho garantizado por recursos sostenibles, sino una dádiva sujeta a la voluntad de los actores políticos que actualmente controlan el aparato del Estado en nuestro país. El «ajuste» del 30 de abril es, evidentemente, una estrategia de control presupuestario, y no una verdadera política de recuperación del poder adquisitivo.
Para los trabajadores la medida representa la continuidad de la deuda social existente, profundizándose la brecha entre el ingreso y el costo de la canasta básica. Al continuar siendo el ingreso altamente dependiente de las bonificaciones, los trabajadores seguirán perdiendo estabilidad y con ello la motivación al esfuerzo y el cumplimiento de sus responsabilidades, estimulándose aún más la fuga de talento y la informalidad.
En conclusión, mientras el enfoque oficial siga siendo el incremento discrecional de bonos, la seguridad social en Venezuela seguirá siendo un sistema débil, incapaz de ofrecer garantías a largo plazo y que deja a los ciudadanos en un estado grave de vulnerabilidad frente a la volatilidad de nuestra economía.
Samuel J. Pérez Hermida es sociólogo. Profesor UCV. Jefe (E) del Departamento de Análisis Histórico Social de la Escuela de Sociología.
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