Referendo en Cuba y el derecho al voto, por Leandro Querido
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El pasado 25 de septiembre se celebró el referendo del Código de las Familias en Cuba. Si bien tiene un amplio alcance en cuanto a la regulación de los vínculos familiares, el punto que ha sido más debatido y resaltado tiene que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Luego de que un gran número de países ha incorporado esta disposición en su entramado legal y después de que en los años 60 y 70 los homosexuales cubanos fueran enviados a campos de trabajo forzoso, en el 2022 el gobierno de Cuba decide establecer una agenda progresista, instrumentalizando la causa por la que tantos activistas han sido reprimidos en la isla.
Los derechos se garantizan, no se plebiscitan, ya que no se pueden someter los derechos de las minorías a mayorías circunstanciales.
Además, en un régimen de partido único, donde solo tiene representación en la Asamblea Nacional del Poder Popular el Partido Comunista de Cuba (PCC), hubiera bastado que se aprobara una ley en el Congreso unicolor para garantizar el matrimonio igualitario, así como otros cambios que preveía el proyecto de Código de las Familias.
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Sin embargo, la élite del PCC vio en el referendo una oportunidad para una estrategia de pinkwashing, instrumentalizando esta causa y tomándola como propia, de manera de vender, tanto a ciertos sectores de la isla como al exterior, que en Cuba gobierna un partido progresista y que consulta a la población. Sin embargo, meses antes había aprobado, sin ningún tipo de consulta ciudadana, el Código Penal que prevé pena de muerte para varios delitos, todos relacionados con lo que se consideran acciones subversivas contra el régimen de gobierno totalitario.
De esta manera se llegó al referendo del Código de las Familias, que tuvo como anticipo una «consulta popular», una instancia establecida en la Ley Electoral cubana en la que un determinado proyecto se pone a discusión de la ciudadanía y se recogen sus comentarios, recomendaciones y sugerencias, aunque estas no son vinculantes.
De acuerdo a datos oficiales, el 60% de los participantes en la consulta, que fue celebrada entre febrero y abril de este año, estaban a favor del proyecto, mientras que el 40% restante no lo apoyaba.
Después de una campaña intensa en la que se utilizaron todos los recursos del Estado (televisión, radio, cuentas institucionales en redes sociales, etc.) para promover la aprobación del Código y se invisibilizó a los grupos que estaban en contra, llegó la jornada electoral. Desde las 7:00 am y hasta las 6:00 pm, las cubanas y los cubanos estaban convocados a votar en el tercer referendo desde la llegada de la revolución.
En las elecciones cubanas todo es atípico: no hay partidos opositores, auditorías independientes, observación electoral nacional y/o internacional, y los porcentajes de participación y de apoyo al gobierno son superlativos.
En el referendo constitucional de 1976 participó, de acuerdo a datos oficiales, el 98% del padrón, y se impuso la aprobación de la Constitución con el 97,7% de los votos. En el que se celebró en 2019, también para refrendar una nueva Constitución, participó el 84,41% del padrón y la aprobación alcanzó el 90,61%, evidenciando una caída importante en la participación y un rechazo que, si se sumaba a la abstención, alcanzaba un 25% del electorado, toda una novedad en la Cuba que aspira unicidad y rechaza la pluralidad.
Pero los resultados preliminares del referendo del Código de las Familias de este año profundizan aún más esta diversidad. Si bien es cierto que se trataba de un referendo de un código que regula las relaciones familiares, en un país totalitario donde no existen válvulas institucionales que tramiten el descontento y el rechazo al gobierno, cualquier ocasión electoral, sobre todo si es un plebiscito en el que el gobierno toma partido, es una ocasión para expresar el rechazo.
De esta manera, los grupos que promovían el No iban desde religiosos hasta activistas que, si bien estaban de acuerdo con el contenido del Código, invitaban a votar no como un mensaje contra el gobierno. Por su parte, también activistas del colectivo Lgbti que están en contra del gobierno decidieron votar Sí, y hacer causa común con él en esta elección.
Tomando en cuenta la complejidad del voto en este contexto, el referendo del 25 de septiembre fue, al mismo tiempo, la elección con menor participación y con los resultados más disputados desde la llegada de los Castro. La aprobación alcanzó el 66% de los votos válidos (5.892.705), mientras que el rechazo fue del 33%, y la abstención del 26% del padrón. Si sumamos esta histórica abstención y el rechazo a la opción que promovía el gobierno, tenemos que alrededor del 50% de los electores habilitados escogieron una opción distinta a la que promovía el gobierno.
En definitiva, los resultados muestran una sociedad cubana diversa, que cuando tiene una mínima oportunidad de participar lo hace. Por su parte, al gobierno le permitió medir los niveles de rechazo ya que más allá de los resultados oficiales solo ellos saben lo que pasó realmente. La comunidad internacional democrática debe continuar exigiendo que haya una transición democrática en Cuba, con elecciones libres, en donde el voto cuente y la sociedad se vea representada legítimamente en los poderes del Estado.
En el mundo actual cualquier atajo queda al descubierto y las estrategias de pinkwashing basadas en la manipulación de agendas feministas o Lgbti en provecho faccional representa un esfuerzo propio de una cultura autoritaria que lleva, de manera irremediable, a simulación inconducente.
Leandro Querido es director de Transparencia Electoral y Magister en Derecho Electoral, Universidad Castilla La Mancha, España.
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