Recuperar la confianza en el voto y retomar la ruta electoral, por Víctor Álvarez R.
Twitter: @victoralvarezr
A solo unos días del 9 de agosto, cuando se inicia el lapso para postular candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales, todavía hay partidos de la oposición que se arroga la condición de «mayoritaria» que no terminan de definir con claridad si van a participar o no en las megaelecciones del 21-N. No celebran primarias para elegir sus candidatos, no organizan su maquinaria electoral, no preparan los testigos que defenderán sus votos, no articulan una fuerza de propaganda que promueva sus candidatos. Siguen desconectados del sentir nacional y, en vez de ofrecer al país opositor opciones de organización política, están a punto de abstenerse y facilitar que el oficialismo gane aun siendo minoría.
Estos desvaríos del liderazgo opositor no son nuevos. Desde febrero de 2014, antes de que Nicolás Maduro cumpliera su primer año como presidente, Leopoldo López y María Corina Machado activaron una ola de protestas con la consigna de «Maduro vete ya», desmarcándose de la vía electoral. Las protestas que al comienzo fueron masivas y pacíficas, quedaron reducidas a pequeños grupos violentos que alteraron la vida cotidiana y finalmente fueron rechazadas por la propia base opositora.
*Lea también: Urge renovar los partidos políticos en Venezuela, por Rafael A. Sanabria M.
La violenta fórmula de «la salida» se reeditó en 2017 con otra ola de protestas que fue igualmente reprimida, dejando un saldo trágico de más de 100 muertos y miles de heridos.
Por la vía violenta se quiso forzar la renuncia de Maduro. Luego se le quiso sacar de Miraflores con la tesis del abandono del cargo, que no prosperó, toda vez que Maduro se mantuvo en funciones con una mala gestión. La enmienda constitucional para recortar el período presidencial fue negada por el TSJ con el argumento de que no se puede aplicar con efecto retroactivo.
Luego de que el gobierno impone unilateralmente la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), los promotores de las guarimbas abandonan la vía violenta y convocan la Consulta Popular del 16 de julio. Después de haber llamado a calentar la calle y a ponerle el pecho a la represión del gobierno, el liderazgo opositor llama a votar en las elecciones de gobernadores y alcaldes. El costo político de semejante incoherencia ha sido muy alto para el país descontento. Representa una de las principales causas que le impidieron reeditar en las elecciones de gobernadores de 2017 el contundente triunfo electoral que logró en las parlamentarias de 2015.
La derrota sufrida por la oposición en las anteriores elecciones de gobernadores y alcaldes se engendró en cuatro meses de arbitrario voluntarismo extremista que dividió a su dirigencia, desilusionó a sus seguidores y desmovilizó a sus bases de apoyo electoral.
La creciente frustración y desesperanza siempre desemboca en la parálisis que termina siendo viento a favor del oficialismo.
La división de la oposición la lleva a dos estrategias contradictorias y excluyentes. Por un lado, los que seguirán participando —aun en desventaja— en cualquier elección que se convoque y, por el otro, los que llamarán a la abstención y convocarán a una nueva ola de protestas en la calle. Los primeros entienden la lucha política como un proceso gradual de acumulación de fuerzas por la vía pacífica a través de la participación en todos los comicios que se convoquen; mientras que los segundos están convencidos de que los actuales gobernantes nunca entregarán el poder, y por eso son dominados por una visión inmediatista y voluntarista que los induce a plantear la conquista del gobierno a través de la vía insurreccional.
Los extremistas apostaron a la vía insurreccional y creyeron que, con las movilizaciones de calle, Maduro y su gobierno se irían este mismo año. Más de un centenar de muertos –la mayoría jóvenes menores de 20 años-, centenares de heridos y miles de presos y perseguidos dejaron una profunda decepción en los seguidores del liderazgo opositor que comenzó a perder ascendencia y autoridad.
El país descontento se sintió defraudado y traicionado por una dirigencia que apostó a la vía insurreccional y luego dio un inesperado bandazo al atender la convocatoria a elecciones que hizo el gobierno a través del CNE y de la ANC.
La violencia política para forzar la renuncia de Nicolás Maduro fracasó en 2014, en 2017 y en 2019. Muchos fueron los intentos infructuosos, desde el «Cucutazo», cuando se quiso utilizar el ingreso de la ayuda humanitaria como una maniobra para dividir la fuerza armada; hasta el estruendoso fracaso de los mercenarios de la Operación Gedeón, pasando por el fallido golpe de Estado del 30 de abril y de los intentos por activar la Carta Democrática de la OEA, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y el numeral 11 del artículo 187 de la CRBV.
A lo largo de estos años, la vía insurreccional y de la intervención externa quedó descartada. Si el liderazgo opositor en vez de dividirse hubiese acordado una sola estrategia y se hubiese mantenido acumulando fuerzas a través de la ruta electoral y pacífica, muchos muertos y daños materiales se hubiesen evitado.
Víctor Álvarez es economista. Investigador/consultor. Premio Nacional de Ciencias.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
