Rafael Narváez: Descalificar informe de la ONU no exime al Estado de responsabilidad
A juicio de Rafael Narváez, el Estado venezolano está obligado a cooperar y considera que «es imperativo que el Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU proceda a renovar el mandato de la Misión Independiente de Determinación de los hechos, ya que, de no hacerlo, el informe se estaría convirtiendo en una oferta engañosa»
El abogado defensor de derechos humanos, Rafael Narváez, manifestó su rechazo a la conducta asumida por el Estado venezolano con respecto al informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y aseguró que, aunque la representación de Venezuela intentó descalificar el documento, el país es signatario del Estatuto de Roma y por ende puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional y los países que aplican la Justicia Universal.
“Nuevamente el Estado venezolano asume una conducta de burla y desprecio ante unos hechos que, a la luz de los testimonios de familiares y víctimas de las atrocidades calificadas de crímenes de lesa humanidad y ejecutadas por los cuerpos de seguridad con odio y resentimiento, son imposibles de ocultar”, expresó Rafael Narváez, quien recordó que no es la primera vez que el Estado asume esa conducta de descalificación, pues ya lo ha hecho con informes de la OEA y también de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet.
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El director de la ONG Derechos Civiles resaltó que en esta oportunidad se trata de una misión independiente de determinación de hechos que tiene un mandato por parte del Consejo General para los DDHH de la ONU, que con su equipo técnico utilizó una metodología de investigación que identifica las características de los crímenes de lesa humanidad, las circunstancias, los hechos y señala a los responsables.
“La Misión realizó la investigación desde afuera cubriendo los extremos y es un informe muy denso y muy completo, y esto a pesar de que el Estado, de forma prepotente, altanera y bravucona le negó la entrada a la misma, incumpliendo su obligación a cooperar tomando en cuenta que forma parte del Consejo General para los DDHH de la ONU. Le recuerdo al equipo que mal asesora al Estado, que tanto el sistema interamericano de la OEA para los DDHH y la ONU tienen suficientes testimonios de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado”, advirtió Rafael Narváez.
Asimismo, el abogado añadió que miles de víctimas que constantemente fueron ignoradas por los poderes públicos tuvieron que asumir los pactos internacionales en materia de los derechos humanos establecidos en la Constitución y, de esa manera, acudir a instancias internacionales desde 2014, algo que no hubiera ocurrido si las instancias nacionales hubieran atendido debidamente los casos.
Burla del Estado
Narváez explicó que el Estado no pueda descalificar el documento alegando que fue elaborado fuera del territorio nacional porque fue el mismo Estado que prohibió el ingreso al país de los integrantes de la Misión y porque la misma se realizó bajo la metodología de esta organización a través de documentación y testimonios.
“El Estado siempre se ha burlado de todos los informes que han emanado tanto de la OEA como de los Altos Comisionados para los DDHH de la ONU y un ejemplo de esta conducta reprochable es la que asumió después de la vista de la propia Michelle Bachelet, a quien, luego que presentara el informe ante la ONU y que más tarde ocho países consignaran el documento ante la Corte Penal intentó descalificarla y cuestionarla porque, según el Estado, el informe estaba manipulado y lleno de mentiras”, detalló el profesional del derecho.
Resaltó Rafael Narváez que el Estado sigue subestimando el consejo que le dio el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, quien indicó que el informe debía tomarlo en serio.
A juicio de Narváez, el Estado venezolano está obligado a cooperar y considera que «es imperativo que el Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU proceda a renovar el mandato de la Misión Independiente de Determinación de los hechos, ya que, de no hacerlo, el informe se estaría convirtiendo en una oferta engañosa».
