¿Quién responde por la muerte de Albán?, por Frank E. Payares M.
Los modernos y sofisticados métodos y avances de la Patología y las ciencias criminalistas, unidas a la voluntad por lograr el objetivo harán prevalecer la Justicia, en su momento revelarán todo lo que ha habido detrás de la muerte del Concejal Fernando Albán. Posiblemente sea lento su arribo recordando al Dr. Humberto Cuenca, pero se hará justicia.
La muerte del Concejal Fernando Albán aún es un rocío sobre la tierra, y la voluntad para esclarecerla seguramente deberá esperar un tiempo más. Deseo que esta vez la Justicia contradiga al Maestro Cuenca y apure sus pasos.
Pero, quién es responsable de esta muerte, independientemente de la versión oficial del suicidio, o de la presunción casi iuris et de iure, que fluye hasta en la voz del más común de los ciudadanos: “a Fernando Albán lo mataron”. En uno y otro caso, Albán está muerto y, en uno u otro caso, alguien es responsable.
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La prohibición de la pena de muerte, de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, la detención arbitraria; el derecho a comunicarse, la integridad física y moral; la denegación de justicia; el principio de presunción de inocencia, el respeto a la dignidad humana, el restablecimiento o reparación de la situación infringida, la responsabilidad patrimonial del Estado frente a daños que sufran los particulares, sus bienes o sus derechos por hechos imputables a la Administración Pública, todos son sólo parte de expresas disposiciones constitucionales y de instrumentos internacionales vinculantes, que están presentes en el caso Albán.
El Estado no se puede lavar las manos ni eludir su responsabilidad. Albán fue detenido sin orden judicial; fue retenido inconstitucionalmente y no le fueron formulados cargos. Albán no fue presentado ante la Justicia y en el momento de su muerte estaba en manos de sus irregulares captores. La protección de su vida y de sus derechos estaba en manos del Estado y era obligación de éste garantizarlos, protegerlos. No fue juzgado ni sentenciado
¿Hubo negligencia?; ¿hubo intención?; ¿hubo premeditación?, ¿hubo abuso de poder?; cualesquiera sean las respuestas, el Estado tiene una ineludible e inevitable responsabilidad penal, administrativa, moral y patrimonial.
En algún momento ese Estado, encarnado en unos funcionarios de carne y hueso deberá rendir cuentas y, aun cuando la nerviosa y contradictoria versión oficial fuera cierta, los responsables deberán asumir las consecuencias jurídicas de este caso, frente a la sociedad y ante la Justicia.
En algún momento, una Fiscalía y un Poder Judicial honorables, en respeto a la memoria, el honor y la dignidad de Albán, de sus familiares, compañeros, amigos y de toda la sociedad habrán de esclarecer las razones de esta abominable muerte y dar con los responsables. En algún momento y, a partir de entonces, quienes ejerzan el poder han de tener presente, que ni siquiera esa circunstancia los librará de la implacable Justicia, tal vez para entonces el rocío haya ayudado a crecer un frondoso árbol de Democracia para recordarnos eternamente, que no importa cuánto tengamos que luchar para restablecer nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra aspiración de vivir, con respeto, en un país simplemente normal.
