¿Qué vino en las maletas de Dinorah Figuera?, por Samuel J. Pérez Hermida
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El sorpresivo regreso a Caracas de Dinorah Figuera tras ocho años de exilio, aparentemente impulsado por la actual administración trumpista de los Estados Unidos a través de su Departamento de Estado, introduce una nueva variable en la potencial transición política venezolana.
Su reunión en el Palacio Federal Legislativo con Jorge Rodríguez, quien fue designado para llevar adelante el diálogo con las fuerzas de oposición por su hermana, la presidenta interina Delcy Rodríguez, posee sin duda un alto valor simbólico para el país.
La importancia de este acontecimiento se fundamenta en tres dimensiones clave:
1. Al recibir a Figuera en su condición de presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, el sector político que agrupa al chavismo sobreviviente convalida implícitamente a este órgano como un interlocutor válido, rompiendo con años de desconocimiento absoluto.
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2. La participación activa del Departamento de Estado posiciona a los Estados Unidos no solo como un facilitador externo, sino como el principal actor de peso en el proceso que eventualmente podría conducir a una transición política en Venezuela. La propia Figuera declaró abiertamente a su llegada a Caracas que su retorno respondía a «una invitación directa del Departamento de Estado». Que un actor político local actúe bajo la hoja de ruta diseñada por una potencia extranjera puede ser perfectamente entendido bajo la óptica de la definición clásica de subordinación.
El esquema de negociación que presuntamente va a desarrollarse, enfocado en la reestructuración del Consejo Nacional Electoral y en el trazado de un cronograma transicional, encaja de manera perfecta en los lineamientos hechos públicos por el secretario Marco Rubio. Cuando las condiciones institucionales de un Estado soberano se arbitran desde fuera de sus fronteras, la percepción de tutelaje neocolonial se hace casi insoslayable.
En la práctica, la línea divisoria entre la facilitación diplomática y la intervención neocolonial se hace sumamente delgada. Cuando un proceso político local depende tan directamente de la «invitación» y el visto bueno de una capital extranjera, la lectura del tutelaje no solo es posible, sino que se convierte en un argumento difícil de evadir.
3. Este nuevo movimiento introduce una vía de negociación que exige coordinación entre María Corina Machado y su entorno político y el resto de las fuerzas democráticas internas aún activas en Venezuela.
El impacto inmediato del encuentro Figuera–Rodríguez ha sido un aparente acuerdo para formalizar una mesa técnica y política paritaria, orientada a estructurar una agenda enfocada en la paz social, el bienestar económico y el fortalecimiento democrático, apuntando, como ya hemos señalado, a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.
Sin embargo, debemos tener claro que el verdadero catalizador para un eventual restablecimiento del orden constitucional en Venezuela radica en la posibilidad de transformar efectivamente el sistema de justicia. El Poder Judicial ha sido durante más de dos décadas el garante de la hegemonía política chavista en el país. Sin su reestructuración profunda, cualquier avance electoral será frágil y estará bajo amenaza.
De esa forma, la agenda opositora debería buscar con especial énfasis una renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia, poniendo el foco en equilibrar la Sala Electoral y reactivar de una forma realmente democrática y con garantías el Comité de Postulaciones Judiciales. Veamos rápidamente cuáles factores podrían favorecer la viabilidad de tal agenda.
Tras la asunción de Delcy Rodríguez, bajo la tesis jurídica de la «ausencia forzosa» de Nicolás Maduro, el gobierno interino requiere reconocimiento internacional y el levantamiento de las sanciones internacionales. Ceder espacios en el TSJ podría ser una de las monedas de cambio más atractivas para alcanzar esos objetivos.
A diferencia de procesos anteriores, la intervención de los Estados Unidos es ahora más agresiva y directa, condicionando los incentivos financieros al cumplimiento verificable de ciertas reformas. El inicio de la convocatoria para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales ofrece una vía formal que podría permitir el cambio de los magistrados del TSJ sin que los actores políticos tengan que romper drásticamente con las narrativas dirigidas a sus bases.
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Por otro lado, entre los obstáculos que podrían comprometer la viabilidad de este proceso, podemos mencionar que, aunque el chavismo acepte eventualmente una reestructuración paritaria, la resistencia a soltar el predominio en la Sala Constitucional y la Sala Electoral será muy probablemente feroz, dado que esas salas representan literalmente sus últimas líneas de defensa jurídica.
Existe el peligro de que el oficialismo utilice la mesa de negociación para ralentizar las discusiones. Si el cronograma de reforma del TSJ no avanza en paralelo con el del nuevo CNE, el plan podría diluirse en debates parlamentarios interminables.
Si los sectores políticos que representa Figuera no logran armonizar sus exigencias con la sociedad civil y el resto de los partidos democráticos, la propuesta podría carecer de la fuerza social necesaria para presionar por la elección de magistrados verdaderamente independientes.
En conclusión, esta nueva etapa luce como moderadamente viable. Su éxito no depende de reformas superficiales, sino de la capacidad de los actores políticos en la mesa paritaria para imponer sus criterios, bajo la estricta vigilancia de la potencia neocolonial.
Samuel José Pérez Hermida es sociólogo. Profesor UCV. Jefe (E) del Departamento de Análisis Histórico Social de la Escuela de Sociología. [email protected]
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