¿Qué debería reformarse primero en Venezuela?, por Luis Ernesto Aparicio M.
Ahora que se han concretado, al menos entre declaraciones y fotografía incluida, los primeros acuerdos en la mesa de negociación, se ha dejado ver un primer resultado: la búsqueda de una reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esta contempla modificar la composición del Comité de Postulaciones Judiciales, instancia encargada de participar en el proceso de selección de los nuevos magistrados que integrarán las diferentes salas del Tribunal Supremo de Justicia.
Todo esto ha sido calificado como «un resultado concreto que demuestra cómo el diálogo institucional genera transformaciones efectivas para el país», palabras utilizadas por uno de los integrantes de la negociación por parte de esa oposición venezolana que ha decidido apostar por el único instrumento que, a mi entender, mejor se adapta para, al menos, comenzar a resolver los problemas en Venezuela.
No obstante, siempre queda esa duda, sobre todo para quienes estamos mirando los asuntos desde otra perspectiva, incluso desde la desconfianza. Porque una cosa son las diferentes crisis por las que atraviesa la población y otra son las que, por diversos intereses, pueden tener unos y otros dirigentes.
Por esa razón, sería importante volver a hacer preguntas y tratar de encontrar alguna respuesta. Y la que aquí cabe es: ¿qué debería reformarse primero en Venezuela? ¿El Tribunal Supremo de Justicia? ¿El CNE? ¿La Fuerza Armada? ¿El Poder Judicial? ¿El Ejecutivo? ¿Los poderes descentralizados, como alcaldías y gobernaciones?
Porque en política, el orden de los factores sí puede afectar el camino del retorno de la democracia.
Algunos políticos venezolanos han decidido exigir la realización de elecciones presidenciales, lo que ha contagiado a una buena parte de la ciudadanía a pensar que el cambio de gobierno sería, por sí mismo, la solución a la crisis. Sin embargo, no queda claro cómo funcionaría un gobierno, suponiendo que fuera opositor, con unas instituciones moldeadas durante años.
De allí que me permito recordarles a los estimados voceros que se expresan en cada una de las manifestaciones convocadas para exigir cambios en el país que no bastará con cambiar un presidente por otro, pero tampoco con cambiar a las personas que ocupan las instituciones. Hay que modificar las reglas que permitieron que esas instituciones fueran capturadas.
Y aquí aparece una cuestión fundamental: si la reforma del Tribunal Supremo de Justicia es el primer paso que comienza a concretarse, ¿cuál debería ser el siguiente?
No se trata de construir una lista caprichosa de instituciones que deban ser modificadas antes de unas elecciones. Se trata de entender que una transición democrática necesita una secuencia.
El objetivo no debería ser simplemente llegar a una elección presidencial, sino crear previamente las condiciones para que quien resulte elegido pueda gobernar dentro de un sistema institucional que funcione, tenga contrapesos y sea capaz de garantizar los derechos de todos.
Y como quiera que no sería suficiente el punto de vista de un aspirante a analista como yo, y que muchos dirigentes se encuentran en la línea de revisar lo que organizaciones internacionales serias piensan al respecto, vale la pena observar algunos de esos planteamientos.
Un análisis reciente de Chatham House, el Royal Institute of International Affairs, advierte precisamente que unas elecciones democráticas en Venezuela no pueden entenderse como un acontecimiento aislado. Antes de fijar una fecha electoral, plantea la necesidad de avanzar en reformas institucionales y electorales que permitan construir las condiciones para un proceso creíble.
No estoy planteando que ese deba ser necesariamente el orden exacto. Pero sí que debemos comenzar a preguntarnos cuál debe ser la secuencia. Porque si el primer paso es recuperar la independencia del Poder Judicial, el siguiente podría estar relacionado con el sistema electoral; después vendrían las garantías para la participación política, la institucionalidad de la Fuerza Armada, los mecanismos de control y fiscalización y, finalmente, aquellas reformas que permitan que el Ejecutivo que resulte de unas elecciones pueda gobernar dentro de un verdadero Estado de derecho.
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Porque unas elecciones celebradas dentro de instituciones que continúan respondiendo a las mismas reglas que permitieron su captura podrían producir una alternancia presidencial, pero no necesariamente una transición democrática.
De tal manera que para abordar el punto crítico de unas elecciones presidenciales hay que construir las condiciones que permitan que esas elecciones produzcan un cambio efectivo y no simplemente una alternancia presidencial.
Las elecciones deben llegar. Pero quizás el debate más importante no sea cuándo votar, sino qué debemos haber cambiado antes para garantizar que, cuando los venezolanos vuelvan a votar, el resultado pueda realmente abrir el camino hacia una democracia estable y duradera.
Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD
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