¿Puede un terremoto legitimar un gobierno?, por Rafael Uzcátegui
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Las grandes catástrofes no solo destruyen edificios. También alteran el escenario político. Lo que hasta hace pocos días parecía ser el eje principal del conflicto venezolano puede cambiar de manera abrupta cuando miles de personas necesitan rescate, refugio y reconstrucción.
Propongo un ejercicio. Partamos de la siguiente hipótesis: «El terremoto ofrece, al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, una oportunidad para fortalecer su legitimidad de ejercicio al demostrar capacidad para proteger a la población y conducir la reconstrucción».
Ahora procedamos a validar o falsear la proposición. Primero, elementos a favor:
1) La política entra en un «momento ejecutivo»
En una catástrofe como esta, el debate político pierde protagonismo frente a la acción. La población deja de preguntar quién ganó una elección y comienza a preguntar: ¿Quién organiza los rescates? ¿Quién habilita refugios? ¿Quién restablece la electricidad? ¿Quién distribuye alimentos? Estas necesidades favorecen a quien controla el aparato estatal.
2) El Estado posee recursos que ningún otro actor tiene
Aunque debilitado, el Estado dispone de la Fuerza Armada, Protección Civil, ministerios, presupuesto, infraestructura y capacidad normativa. Una emergencia hace visibles, precisamente, esos recursos. Si funcionan razonablemente bien, el gobierno puede proyectar una imagen de capacidad.
3) La reconstrucción es un largo proceso largo
No hablamos únicamente de los primeros días: La reconstrucción puede durar meses o años. Durante ese tiempo el gobierno inaugurará viviendas, escuelas, hospitales, carreteras. Cada inauguración puede convertirse en una oportunidad de legitimación.
4) La comunidad internacional suele privilegiar la coordinación
Los donantes internacionales necesitan un interlocutor. Eso obliga a reconocer, al menos operativamente, a quien administra el territorio. Incluso gobiernos críticos pueden terminar cooperando. Por eso, el énfasis comunicacional de los Rodríguez en los mensajes que han recibido desde el doblete sísmico.
5) La emergencia desplaza otras agendas
Durante varias semanas disminuye la atención sobre la crisis institucional, los presos políticos, el calendario electoral y el conflicto constitucional. La agenda pública cambia, momentáneamente. Eso puede beneficiar al Ejecutivo.
Ahora, ventilemos argumentos que debilitarían la hipótesis:
a) La anomia institucional no se resuelve de un día para otro
Las catástrofes no reconstruyen las instituciones; revelan el estado en que se encuentran. La respuesta a la emergencia dependerá menos de la voluntad política del momento que de las capacidades estatales acumuladas durante años.
Si esas capacidades fueron debilitadas antes del desastre, la reconstrucción no solo deberá reparar viviendas e infraestructura, sino también enfrentar las consecuencias de una prolongada erosión institucional.
No hay que perder de vista el malestar interno, tanto por las elecciones del 28J y lo ocurrido el 3E, que ha erosionado la obediencia y la autoridad a lo interno del oficialismo.
b) Las catástrofes magnifican las incapacidades
Si la respuesta es lenta o descoordinada, el desastre no fortalece al gobierno. Hace exactamente lo contrario.
La ciudadanía observa en tiempo real la improvisación, la corrupción, la falta de coordinación y la ausencia institucional. La emergencia funciona como una auditoría pública, generando preguntas.
c) La legitimidad de ejercicio tiene límites
Aunque la gestión sea relativamente eficaz, eso no elimina el problema de origen. Una buena administración puede mejorar la aceptación social, pero no convierte automáticamente un gobierno cuestionado en uno plenamente legítimo.
Aquí hay un elemento adicional, a tomar, en cuenta: El artículo 138 de la Constitución: «Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos».
No me crean a mí, sino al presidente de Economic Inclusion Group, Jorge Jraissati: «Para poder reconstruir el país, Venezuela necesita capital de largo plazo (…) Para que ese capital llegue tiene que haber una condición no negociable: cada inversor necesita saber que el contrato que firma hoy seguirá siendo legal, ejecutable y financiable mañana. Con el marco institucional actual, esa garantía no existe».
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d) El control puede sustituir al cuidado
Si el gobierno privilegia la militarización, las restricciones a la ayuda, el control de centros de acopio, la opacidad informativa y la persecución de organizaciones y periodistas, la población puede interpretar que el objetivo principal no es proteger sino controlar. Eso debilita profundamente cualquier intento de legitimación.
e) El desastre reactiva la memoria
En Venezuela existe un antecedente inevitable: El deslave de Vargas de 1999. Las comparaciones son inmediatas. No sólo con lo que haga el gobierno hoy, también con lo que ocurrió entonces. La memoria histórica se convierte en un criterio de evaluación.
Conclusión: El terremoto no resuelve el debate sobre quién tiene derecho a gobernar Venezuela. Lo que hace es abrir otro, igualmente importante: quién es capaz de proteger a la población, coordinar la respuesta y conducir la reconstrucción.
Hasta el 24 de junio, el principal desafío del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez era demostrar que podía gobernar. Después del terremoto, debe demostrar que puede cuidar.
Esa prueba todavía está en desarrollo. Sus resultados no dependerán únicamente de la rapidez de los rescates o de la cantidad de viviendas reconstruidas, sino también de la transparencia, el respeto a los derechos humanos, la fortaleza institucional y la confianza que logre generar en una sociedad profundamente golpeada.
Las grandes catástrofes suelen acelerar procesos políticos que ya estaban en marcha. La pregunta es si este terremoto acelerará una legitimación o, por el contrario, una deslegitimación.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
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