Provea y ONG pidieron hacer público memorando de entendimiento con la CPI
El representante de Provea Marino Alvarado afirmó que el memorando de entendimiento con la CPI es de interés colectivo y que por eso, debe hacerse del dominio público de los venezolanos
El abogado, defensor de Derechos Humanos y asesor de Provea, Marino Alvarado, junto a representantes de otras ONG, entregaron este lunes 9 de octubre un documento para pedirle al ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, que se haga de conocimiento público el segundo memorando de entendimiento entre la Corte Penal Internacional (CPI) y el Estado venezolano.
Alvarado explicó que la misiva, suscrita por 20 representante de ONG y asociaciones de víctimas, pide mostrar el acuerdo del 9 de junio de 2023 en donde se acordó que se crearía una oficina de la CPI en el país. En ese sentido, alertó que a diferencia del primer documento, el memorando no se ha hecho público.
«Consideramos que el memorando de entendimiento es de interés colectivo y por lo tanto, no debe manejarse como asunto secreto de Estado y hacerse público y dar a conocer de tal manera que (…) se le haga seguimiento de las obligaciones y compromisos que suscribió el Gobierno venezolano con la Fiscalía de la CPI».
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El representante de Provea denunció que, desde el primer memorando de entendimiento, no se cumple con el principio de complementariedad porque «no hay voluntad política para invesrigar cadena de mando ni autores materiales de los crímenes de lesa humanidad».
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, firmaron el viernes 9 de junio un nuevo memorando de entendimiento donde se establece la instalación de la oficina del tribunal internacional en el país.
En su declaración, el fiscal Khan comentó que han sido dos días de intensas reuniones, incluso de madrugada, durante su tercera visita al país e incluso pudo ver el lugar donde será instalada la representación de su oficina en el país.
«Vamos a poder venir a Venezuela más seguido y trabajar de forma más cercana (…) para que Venezuela pueda hacer más respecto a sus obligaciones con el Estatuto de Roma», señaló Khan. El acuerdo firmado detalla la asistencia técnica y la ayuda que proveerá la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en base a las reformas que le manifestó el gobierno venezolano que quiere implementar.
