Provea: Un proceso de liberalización económica no puede afianzarse con DDHH vulnerados
Provea destacó en su informe anual 2025 que Venezuela está atravesada por dos crisis: una «estructural de derechos humanos» y otra económica «crónica», además del «colapso» de los servicios públicos, escasez de bienes básicos y el colapso de infraestructura, lo que ha «socavado» los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales de todos los venezolanos. La organización también advirtió que el país está ante una «coyuntura» marcada por expectativas de cambio tras el 3 de enero y riesgos de consolidación de «un nuevo esquema autoritario con legitimidad internacional»
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos alertó este jueves 14 que un proceso de liberalización económica, como el que adelanta la administración de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en enero, no puede sobreponerse a la restitución y recuperación de derechos civiles y políticos de los venezolanos.
Así lo afirmó Óscar Murillo, coordinador general de Provea, durante la presentación del informe anual 2025 de la organización, y que abarca derechos socioeconómicos, ambientales y un apartado especial a la situación post 3 de enero de 2026, cuando fuerzas militares estadounidenses atacaron varias zonas de Caracas y capturaron a Maduro y su esposa, Cilia Flores.
«Ningún proceso de liberalización económica sin libertades democráticas, participación ciudadana y transparencia es consonante con principios básicos de derechos humanos. Tampoco una democracia liberal con libertades ciudadanas lo es si el modelo económico se impone por encima de los derechos de las personas», sentenció Murillo.
Advirtió que el país está ante una «coyuntura» marcada por expectativas de cambio tras el 3 de enero y riesgos de consolidación de «un nuevo esquema autoritario con legitimidad internacional».
Bajo este escenario, indicó Murillo, es necesario mejorar la capacidad organizativa y técnica de las organizaciones sociales, sindicales y políticas para «dar respuesta» al nuevo escenario y atender la crisis social.
«Estos son tiempos de grandes desafíos, no para perseguir o descalificar, es un tiempo impostergable para pensar juntos como construir un horizonte de país (…) Debemos hacer un llamado a toda la ciudadanía y actores para que conquistemos el derecho a vivir en democracia y en dignidad», afirmó.
Provea destacó que la protección de los derechos humanos y garantías para el pluralismo «son las bases de la reconstrucción institucional y social que los venezolanos demandan», por lo que es necesaria la recuperación de la independencia de los poderes públicos respecto del Ejecutivo, especialmente del poder Judicial y Electoral.
Bajo las actuales condiciones, apuntó la ONG, «no existen garantías de que el actual proceso derive en elecciones libres, competitivas y transparentes dentro de un plazo razonable».
Provea indicó que Venezuela está atravesada por dos crisis: una «estructural de derechos humanos», con un aparato represivo y normas legales para criminalizar a la disidencia vigentes, además de las continuas violaciones al debido proceso y un sistema de justicia que opera sin independencia.
Y es que la organización registró 659 denuncias de violaciones a la integridad personal, entre ellas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, amenazas y hostigamiento; además de 596 presuntas violaciones al derecho a la libertad personal.
Las desapariciones forzadas aumentaron 196% respecto a 2024, con duraciones de más de 100 días. Las detenciones por razones políticas aumentaron 102% respecto al promedio histórico de los últimos 17 años. En 2024 y 2025 se acumularon más de 2.229 detenidos reconocidos oficialmente. Los principales organismos responsables fueron la Fuerza Armada Nacional (43%) y la Dgcim (25%).
La represión, destacó la ONG, se volvió más selectiva contra líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos. El año pasado también contabilizaron 336 personas asesinadas por efectivos de las policías y miembros de la Fuerza Armada.
Asimismo, existe una crisis económica «crónica», marcada por un proceso hiperinflacionario y una brecha cambiaria que sigue aumentando. En la ecuación también se incluye el «colapso» de los servicios públicos, escasez de bienes básicos y el colapso de infraestructura, lo que ha «socavado» los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales de todos los venezolanos.
Provea: «La deuda social ha crecido»
La socióloga y coordinadora de monitoreo de Provea, Lisette González, afirmó durante la presentación del informe que «la deuda social ha crecido», debido a la ausencia de políticas económicas que atiendan directamente los reclamos, tanto salariales como sociales, de la población.
Indicó que la informalidad laboral alcanzó al 84,5% de los trabajadores y el desempleo real se ubicó en 40,3%. En este contexto, y con un salario mínimo estancado, se «agudizó» la persecución contra dirigentes sindicales: más de 130 fueron detenidos arbitrariamente y muchos de ellos sometidos a desaparición forzada.
En materia ambiental, dijo González, la minería legal e ilegal siguió su curso extractivista e invadió territorios indígenas del estado Amazonas. También se registraron derrames petroleros en Falcón, Zulia y Anzoátegui que han contaminado ecosistemas y fuentes de agua, al igual que un aumento de la deforestación para producir carbón vegetal en el estado Lara, destruyendo áreas protegidas.
Provea exigió a las autoridades declarar la emergencia climática, derogar el decreto del Arco Minero e investigar los delitos ambientales.
Sobre el balance educativo, Lisette González indicó que hay esfuerzos gubernamentales para tratar de incorporar a las escuelas a niños en situación de vulnerabilidad a la educación básica; sin embargo, persiste el problema de que las instituciones públicas no están en capacidad de brindar atención completa a niños, niñas y adolescentes.
«Esta creciendo la brecha, la distancia entre la tasa de escolaridad de los niños dependiendo de la posición socioeconómica de sus padres. Entonces, lo que debería ser un derecho universal como la educación es algo que se está viendo vulnerado por la situación económica tan dura que viven los hogares», afirmó la coordinadora de monitoreo de Provea.
30% de los estudiantes no asiste a clases diariamente, 63% no recibe el Programa Alimentario Escolar (PAE) y las evaluaciones independientes muestran promedios de 7,5 en matemáticas y 7,8 en lectura en una escala del 0-20.
En materia de salud, Provea registró 94.056 denuncias por fallas en el sistema público. El presupuesto a este sector cayó 28% respecto a 2024, cuando apenas se le otorgó 4,24% del gasto público. Las principales denuncias de los ciudadanos fueron respecto a escasez de medicamentos e insumos, servicios inoperativos y cobros indebidos.
Provea, además, entregó un reconocimiento a dos organizaciones relacionadas a la lucha por las libertades personales: el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Ambas organizaciones, que nacieron luego de la represión poselectoral de 2024, señalaron que mantendrán su labor en la exigencia de justicia para todos aquellos detenidos por razones políticas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
