Provea pide a organismos internacionales inspeccionar «centros de aislamiento preventivo»
Provea alertó que muchos venezolanos regresan al país de manera forzosa al verse impedidos de trabajar y por los altos costos de manutención de migrantes en otras naciones de acogida
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) alertó nuevamente sobre el caso de la Villa Bolivariana en Barquisimeto, estado Lara, al mencionar que la Organización de Naciones Unidas (ONU) no hace mención a ese «centro de cuarentena» en un informe donde detalla que el ente mundial estima que en siete estados del país habría unos 71 de estos complejos en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Carabobo, Sucre, Táchira y Zulia, donde albergan a más de tres mil personas.
Recordó que en la Villa Bolivariana hay más de 90 personas que fueron ingresadas allí en contra de su voluntad en un supuesto «aislamiento preventivo» por el covid-19, pero lo hicieron sin comida, sin brindarle higiene alguna y en condiciones inadecuadas para mantenerlos allí. Indicó que el pasado 26 de marzo, dos enfermeras junto a dos efectivos de la Guardia Nacional subieron donde unas mujeres estaban denunciando la situación para decirles que no les darían comida.
Allí, uno de los uniformados les criticó el haberse ido del país. Posteriormente, se registró un forcejeo entre una de las damas y el efectivo, mientras otro le amenazó con ponerle las esposas. Al parecer, y según una de las agredidas, les dijeron que era mejor que siguieran las instrucciones porque si no «habría consecuencias».
En el informe de Provea, además de los casos en la Villa Bolivariana en Lara, refieren que en el estado Táchira hay personas que también fueron obligadas a un confinamiento sin su consentimiento en dos refugios dispuestos para los migrantes que llegan desde Colombia.
*Lea también: Fenasopadres propone extender el año escolar 2020 ante contingencia por covid-19
Explica el dossier que en el lugar de Barquisimeto no se cumplen con los estándares recomendados por la OMS para el alojamiento de personas en esa cuarentena preventiva, donde refieren que existe un trato hostil por parte del personal de salud y de la Guardia Nacional, no hay una alimentación balanceada e impiden a los familiares de esas 90 personas para llevar alimentos, así como tampoco disponen de atención médica y de insumos para atender eventualidades.
También denuncia un «confinamiento indiscriminado, de personas extrañas incluyendo bebés y niños, sin una previa prueba de diagnóstico rápida de coronavirus» y que el lugar está desprovisto de las normas sanitarias necesarias porque «presenta malos olores y la gente duerme en colchonetas sucias, sin sábanas».
Afirma el informe de Provea que la respuesta del Estado para con las personas que regresan a Venezuela, que lo hacen en una condición de fragilidad, no es la más idónea porque los protocolos fueron establecidos «bajo la marcha» y la atención requerida no se adapta a lo mínimo que se exige.
Por ello, piden a varias organizaciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, Acnur y Unicef, como a otros entes de cooperación internacional humanitaria, que entren a estos centros de aislamiento temporal para que vean las condiciones en las que están y establecer protocolos de acción que están estandarizados.
Además, piden que se desmilitarice la custodia de dichos centros preventivos y que se permita la entrada de personal especializado en salud física y psicológica para atender a los niños y adultos allí presentes, al tiempo que reiteran a las autoridades «abstenerse de realizar tratos inhumanos, crueles y degradantes al sugerir, pública o privadamente, que los retornados son responsables de su situación de confinamiento y transmisión del virus dentro de Venezuela».
provea refleja el problema de la peregrinación forzosa a Venezuela
La advertencia de Provea sobre lo que ocurre en el país se debe al retorno de venezolanos al país, haciendo muchos la ruta inversa que en algún momento emprendieron para buscar una mejor calidad de vida, pero lo hacen debido a la crisis por el covid-19.
La situación en varias naciones, en especial Colombia, donde albergan a más de 1.800.000 venezolanos creando una crisis migratoria sin precedentes en la región, dejó en evidencia la precaria preparación de algunos países respecto al coronavirus. Sin embargo, y a pesar de las medidas propuestas por varios órganos migratorios en el vecino país para permitir insertarse a estas personas, las mismas no han prosperado.
«Los primeros días de abril se denunció el desalojo de familias de venezolanos de pensiones conocidas como “pagadiario” en Bogotá, las personas pagan por día de pernocta y frente al COVID-19 no han podido pagar», explicó el informe de Provea, en el que citó las palabras de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien solicitó dinero para poder honrar estos compromisos económicos a las familias vulnerables de la metrópoli y los venezolanos.
*Lea también: G20 de acuerdo en suspender pago de deuda de países pobres por impacto de covid-19
Indicó que muchos de los que regresan al país son por parte de desalojos, ya que como no pueden trabajar del día a día, no pueden pagar el alquiler de sus lugares de descanso y se observa ahora un proceso inverso de regreso para esos migrantes.
«Sumado a esta situación, desde el 18 de marzo las organizaciones humanitarias que brindaban apoyo, comida y medicinas a los venezolanos en la frontera del lado colombiano, suspendieron sus actividades hasta nuevo aviso, como medida para prevenir la propagación del COVID-19», explicó.
Cuando llegan al país, después de que lograron hacerlo, los envían a confinamientos preventivos donde muchas veces están hacinados y según denuncias recibidas, son humillados al ser tildados como «traidores a la patria».
