Provea: La tortura es un patrón represivo y política de Estado en Venezuela
Provea recuerda que la Dgcim es el ente del Estado donde más torturas se practican y llama la atención sobre el silencio del defensor del Pueblo
Las torturas en Venezuela no son ocurrencias espontáneas de algunos funcionarios, sino que responden a un patrón que tiene entre sus prácticas el uso recurrente de desapariciones forzadas durante horas, días o semanas, en las que las personas están desprovistas de toda protección legal y son sometidas a diversas formas de tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, según precisa Provea.
Esta ONG defensora de los derechos humanos recuerda que precisamente es la Dirección de Contra Inteligencia Militar donde más casos de tortura se producen, siendo este el ente que tenia en custodia al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció ayer sábado 29 de junio tras ser torturado en la Dgcim.
En el comunicado, Provea también llama la atención sobre la intención del comunicado gubernamental de deshumanizar a la víctima «enmarcando los hechos en un contexto de “enemigos de la Constitución y la paz” y diciendo que la víctima estaba imputada “por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración”.
Otro aspecto que resalta Provea es el silencio sistemático del Defensor del Pueblo, ente que no ha fijado posición ni ante las actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional o de integrantes del Cicpc. Provea se pregunta si esta omisión recurrente y sistemática de Alfredo Ruíz, defensor del pueblo, podría llegar a ser considerada en el futuro como una omisión dolosa por parte de la Corte Penal Internacional.
Para Provea también quedó claro que el Fiscal impuesto por la Constituyente Tarek Willian Saab «solo se pronunció luego que Maduro le diera la orden. Pese a que de oficio podía iniciar las investigaciones solo actuó cuando su jefe le dio la orden demostrándose la manera como el Ministerio Público fue convertido en un instrumento al servicio de quienes detentan de hecho el poder y no al servicio de los derechos de la población, la verdad y la justicia».
Creen que este crimen contra el capitán de corbeta Acosta Arévalo estará incluido en el informe que debe presentar la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el próximo 5 de julio.
Provea tal como lo expresó en el caso de Fernando Albán considera que ni el Ministerio Público ni la Defensoría son instituciones confiables para adelantar una investigación en el caso del Capitán Acosta. Es fundamental que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree una Comisión Internacional integrada por expertos independientes que investigue las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela y como actividad inmediata el asesinato del Capitán Rafael Acosta.
Una investigación independiente debe establecer la responsabilidad de autores materiales y autores intelectuales estableciendo bien las responsabilidades de la cadena de mando.
