Provea: Dgcim fue responsable del 75% de las torturas de 2018 en Venezuela
Cualquier intento de rebelión dentro de los cuarteles tiene un precio costoso, puesto que el riesgo de padecer torturas y acusaciones de complot es alto
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que un 75% de los torturados por los cuerpos de seguridad del Estado en 2018 fueron militares, y además, los victimarios pertenecían a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
De los 100 casos de torturas que registró Provea en 2018 para un igual número de víctimas, 75 fueron miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN). Además, la Dgcim era el cuerpo encargado de capturarlos, siempre tras ser acusados de participar en supuestas conspiraciones para derrocar a Nicolás Maduro.
«Con 75 casos, el temido cuerpo de inteligencia militar encabezó la lista de torturas el año pasado de acuerdo a los registros levantados por Provea para su Informe Anual», alerta Provea en una nota de prensa.
En este sentido, alertan que el descontento y cualquier supuesta conspiración dentro de los cuarteles se castiga con «total severidad».
«El cambio en la dinámica del conflicto y el creciente temor del gobierno de facto ante un posible alzamiento militar, propició que por primera vez, en los registros del Informe Anual de Provea, los miembros de la FANB encabezaran la lista de personas torturadas», exponen.
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Acotan además que el Dgcim ha incrementado notoriamente su protagonismo como órgano de represión del Estado. Pasó de estar involucrada en el 0,75% del total de violaciones a la integridad personal con ocho denuncias de torturas, dos por trato cruel e inhumano, y otras dos por allanamiento ilegal en 2017; a conglomerar el 17,45% del total de casos registrados en 2018.
«Desde el 2017 la DGCIM ha venido ocupando un papel cada vez más estelar en la maquinaria represiva de Nicolás Maduro, sólo en 2018 este organismo élite estuvo involucrado en 431 casos de violaciones a la integridad personal que incluyeron torturas; tratos y/o penas crueles, inhumanas y degradantes; allanamientos ilegales; heridas y/o lesiones; y amenazas y hostigamiento», añade Provea.
