Provea denunció hostigamiento del Sebin durante taller sindical en Yaracuy
Provea exigió que cese el «hostigamiento contra la defensa laboral en Venezuela». Su coordinador de exigibilidad legal, Marino Alvarado, ha sido objeto de persecución, amenazas y denuncias judiciales en varias oportunidades
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció la tarde de este jueves 22 el hostigamiento sufrido por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) durante un taller sindical en el estado Yaracuy.
En su cuenta en la red social X, Provea señaló que durante el taller un grupo de efectivos del Sebin trataron de ingresar a las instalaciones y preguntaron en reiteradas ocasiones por su coordinador de exigibilidad legal, Marino Alvarado.
«Basta del hostigamiento contra la defensa laboral en Venezuela», exigió la oenegé en sus redes.
El activista Marino Alvarado ha sido perseguido en varias oportunidades por organismos de seguridad del Estado por su labor y denuncia contra violaciones graves de derechos humanos. El año pasado fue demandado judicialmente por «difamación», junto al padre Alfredo Infante, por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lavaca, tras los señalamientos de ambos defensores por el incremento de las ejecuciones extrajudiciales en esa entidad.
En octubre de 2015, Alvarado fue robado en su vivienda, en la que se encontraba junto con su hijo de nueve años de edad, tras unos señalamientos del mandatario Nicolás Maduro en su contra en cadena nacional.
Según el Centro para los Defensores y la Justicia, las campañas de estigmatización, los discursos de odio, los actos de intimidación, hostigamientos y amenazas de agresión, además de las detenciones arbitrarias, son las estrategias que usa la administración de Nicolás Maduro para reprimir a los activistas de derechos humanos y la población civil.
En su último reporte, correspondiente a agosto de 2023, el Centro registró 60 ataques e incidentes de seguridad contra activistas de derechos humanos. También se insistió en el incremento de las formas de vigilancia y seguimiento, ya sea por parte de actores estatales y no estatales, a personas defensoras y organizaciones de derechos humanos.
Este tipo de agresiones, señaló el Centro, «además de tener un impacto directo en las víctimas, tiene un efecto disuasorio e inhibidor en el resto de las organizaciones y sociedad civil, quienes son víctimas indirectas de estos hechos, al sentir temor de continuar realizando sus actividades».
