Provea denuncia aumento de ataques y hostigamiento contra la sociedad civil
Provea expresó su solidaridad con Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, que tras advertir el revés que significó para Venezuela la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el referéndum por el Esequibo, fue señalada por Nicolás Maduro como «vende patria». «No podemos normalizar la persecución», afirmó la ONG
La organización no gubernamental Provea, denunció este viernes 1° de diciembre, el aumento de ataques, hostigamiento y amenazas contra la sociedad civil en Venezuela. El pronunciamiento ocurrió luego de los señalamientos por parte del gobernante Nicolás Maduro contra la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
En un mitín realizado este viernes, Maduro calificó a la abogado y defensora de Derechos Humanos de «vende patria, anti patria» que «lo lo único que tiene de venezolana es que nació aquí». Esto luego de que San Miguel acotara «el revés» de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el caso del referendo consultivo sobre el Esequibo.
«Expresamos solidaridad con Rocío San Miguel, quien fue señalada por Nicolás Maduro tras advertir la situación de escalada por el referéndum del Esequibo. No podemos normalizar la persecución», afirmó Provea en su red social X.
La ONG recordó que hace unos días, el Coordinador Legal y defensor de DDHH, Marino Alvarado, fue víctima de hostigamiento por parte de funcionarios de la policía política Sebin, «que lo buscaban e intentaron ingresar a un taller de derechos laborales a dirigentes sindicales de Yaracuy».
Mientras que el pasado sábado 25 de noviembre, funcionarios policiales y vestidos como civiles también se presentaron en el Segundo Encuentro Nacional de Líderes Sociales por el Derecho al Agua y los DDHH, llevado a cabo por varias organizaciones como la propia Provea, Unidos por el Agua y el Observatorio de Ecología Política de Venezuela en Barquisimeto, estado Lara.
Recalcó Provea que es así como continúan los actos de hostigamientos y persecución contra la sociedad civil. Recordó igualmente que la Misión de la ONU sobre Venezuela ya ha denunciado que en el país existe una política que busca silenciar y criminalizar a las voces disidentes, sociedad civil, opositores, sindicalistas, periodistas y más. «Lo más grave es que el aparato opresivo del Estado siga operando y se va adaptando».
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