Provea compara operativo de captura de Óscar Pérez con ejecución extrajudicial
Provea advirtió que el Gobierno debía respetar la vida e integridad del piloto Oscar Pérez, quien a través de sus redes sociales manifestó su intención de entregarse junto a sus compañeros
Foto Cortesía de El Pitazo
Durante el operativo para capturar al exinspector del Cicpc, Oscar Pérez, el Estado venezolano no agotó la vía de la resolución pacífica y propició el desenlace violento que condujo a la muerte de dos funcionarios policiales y cinco presuntos acompañantes de Pérez.
Así lo afirmó el Programa de Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que además exigió al Gobierno ofrecer información precisa y detallada sobre el operativo realizado en El Junquito (municipio Libertador, Distrito Capital) pues “cada minuto de silencio oficial aumenta el riesgo para la integridad y la vida de las personas detenidas durante el operativo. Los riesgos de torturas y/o desaparición forzada aumentan en tanto la opacidad y la incomunicación de los detenidos se impongan”.
En un comunicado divulgado la tarde de este lunes, el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz indicó que se había desmantelado una “célula terrorista” donde fallecieron dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, cinco “terroristas” y otros funcionarios estarían heridos de gravedad.
Provea advirtió que el Gobierno debía respetar la vida e integridad del piloto Oscar Pérez, quien a través de sus redes sociales manifestó su intención de entregarse junto a sus compañeros.
“La ausencia y silencio del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en los hechos, impidió la existencia de garantías para la resolución pacífica del operativo y una actuación ajustada a los estándares sobre uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de los agentes de seguridad”.
Estado no agotó la vía de la resolución pacífica y propició desenlace con muertes y heridos en operativo de captura de Oscar Pérez. Presencia de Ministerio Público y Defensoría del Pueblo hubiera generado garantías para la solución pacífica y el respeto a la vida de todos
— PROVEA (@_Provea) January 15, 2018
La ONG comparó este suceso con el operativo del 9 de octubre de 2014, que se realizó en el edificio Manfredir (Caracas), donde agentes del Cicpc asesinaron al líder del colectivo “5 de marzo” José Odreman, quien minutos antes había expresado públicamente su voluntad de rendición y negociación con las autoridades.
En ese momento, Odreman responsabilizó al entonces ministro Miguel Rodríguez Torres, por cualquier daño a su vida e integridad.
Además, Provea afirmó que las ejecuciones extrajudiciales se han transformado en una “práctica rutinaria” durante la realización de operativos policiales y militares. En 2016 Provea y el Ministerio Público constataron el asesinato de 241 personas bajo la figura de ejecuciones durante los Operativo de Liberación del Pueblo (OLP).
Para la organización, el silencio del fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, y del defensor del pueblo, también designado por la ANC, Alfredo Ruíz, “son un aval para la reiteración de este tipo de abusos contra los derechos humanos”.
Provea exigió además una investigación transparente y oportuna de los hechos, y “sanción para los responsables de los posibles abusos ocurridos en este operativo policial”.
Con información de Nota de prensa
