Calabozos del Cicpc son «cárceles paralelas» en extremo hacinamiento: informe OVP
El tiempo promedio de permanencia en calabozos del Cicpc es de un año y ocho meses, pese a que la ley establece un lapso máximo de 48 horas para ser presentando ante un tribunal. 58% de las personas identificadas lleva más de un año detenida en estos calabozos, mientras que un tercio de la población analizada (2.481 personas) supera los dos años privada de libertad
Los calabozos dentro de los comandos del Cuerpos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se han transformado en «cárceles paralelas» donde se evidencia el retardo procesal, cobros indebidos a familiares y la falta de presupuesto y personal para sostener la custodia más de siete mil privados de libertad.
Esas forman parte de las conclusiones del reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones sobre las condiciones de los calabozos del Cicpc, presentando este jueves 10 de septiembre.
Según los datos recolectados por investigadores de la organización, 7.414 personas están privadas de libertad en 157 dependencias del Cicpc, distribuidas en los 24 estados del país. La mayoría es población adulta joven: 56,7% tiene entre 26 y 45 años.
Además, hay 17 adolescentes –entre los 14 y 17 años– y 181 adultos mayores de 65 años en estos calabozos donde, según las leyes una persona no debe superar las 48 horas de presentación ante un tribunal para que decida, en caso de ordenar la detención, un nuevo centro de reclusión.
Sin embargo, el tiempo promedio de permanencia en el Cicpc es de un año y ocho meses. 58% de las personas identificadas lleva más de un año detenida en estos calabozos, mientras que un tercio de la población analizada (2.481 personas) supera los dos años privada de libertad.
«Los calabozos son espacios de paso, ni diseñados para mantener a personas durante meses o años… Lo que debía ser una custodia transitoria se transformó en una modalidad permanente de encarcelamiento», destacó una investigadora del OVP.
Humberto Prado, director del OVP, recordó que en 2011, tras la creación del Ministerio de Servicio Penitenciario, la entonces ministra Iris Varela suspendió mediante una circular el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles sin su autorización.
«Esta circular paralizó todo, porque el juez tenía que esperar la aprobación de Iris Varela, como ministra. Además, esas personas tenían que ir uniformados cuando se autorizaba el traslado a ese penal», expresó Prado. Desde entonces, los familiares deben costear el uniforme que se les solicita a los reclusos debido a la falta de presupuesto en esta materia.
Los familiares consultados por el OVP también denunciaron cobros irregulares de hasta $200 para garantizar comida, agua, llamadas o atención médica básica. «El acceso a un trato digno dejó de depender del Estado y pasó a depender de la capacidad económica de los familiares. Quienes no cuentan con recursos permanecen expuestos al hacinamiento y pésimas condiciones de salud», explicó una investigadora del observatorio.
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Asimismo, no existe información pública que permita identificar una asignación presupuestaria específica para cubrir las necesidades básicas de los detenidos. El OVP ha registrado casos de funcionarios que asumen algunos costos como traslados a tribunales o alimentación de algunos detenidos.
Prado afirmó que «las autoridades se equivocan y se equivocan, y quienes siguen sufriendo son las personas privadas de libertad y sus familiares. Eso es responsabilidad de los encargados de la materia penitenciaria».
Hacinamiento en el Cicpc
El Observatorio Venezolano de Prisiones identificó que Distrito Capital, Zulia, Miranda, Carabobo y Aragua concentran casi la mitad de los detenidos en los calabozos del Cicpc. En tan solo siete dependencias se alberga 18,5% de la población (1.369 personas):
-Delegación Municipal de Maracaibo
-Coordinación de Control de Aprehendidos de Parque Carabobo (Distrito Capital)
-Delegación Municipal de Valencia
-Delegación Municipal de Maturín
-Delegación Municipal de San Francisco (Zulia)
-Delegación Municipal de Barinas
-Delegación Municipal de Ciudad Guayana.
El OVP reafirmó que esta concentración de privados de libertad «agrava el hacinamiento, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos».
Además, en el Cicpc conviven detenidos por delitos menores junto con imputados por homicidio (11,3%) o delitos sexuales (6%). Esta falta de clasificación adecuada de los reclusos, destacó el OVP, incrementa los riesgos de violencia e indefensión.
Según estándares internacionales, se requerirían al menos 2.226 funcionarios en tres turnos para custodiar adecuadamente a esta población, pero no hay datos específicos sobre la cantidad de efectivos dedicados a las labores de custodia en estos calabozos. La organización puntualizó que la falta de personal fomenta el autogobierno y aumenta el riesgo de fugas.
Otro problema identificado es el retardo procesal y cómo afecta a los detenidos. El Código Orgánico Procesal Penal fija lapsos estrictos y establece que el juez debe indicar el centro de reclusión. Pero casi nueve de cada 10 personas no tienen sentencia firme.
87,9% (6.518 personas) están sometidos a procesos penales aún sin condena, mientras que 12,1% (896 privados de libertad) ya cuentan con una sentencia y deberían estar en cárceles.
De las 914 mujeres que están detenidas en sedes del Cicpc, y representan 12,3% de la población en estos calabozo, 83,8% permanece en condición de procesada, sin una sentencia definitiva.
«Las necesidades específicas de las mujeres no pueden ser ignoradas, los calabozos no están diseñados para albergar a grandes cantidades de personas por grandes cantidades de tiempo y por supuesto no están diseñados para las mujeres», resaltó una investigadora del OVP.
Humberto Prado reiteró en que «no hay razón alguna para que las personas privadas de libertad estén tanto tiempo en calabozos. Dejaron a Caracas sin cárceles y ahora trajo como consecuencia que los calabozos estén hacinados. No se pueden dar el lujo de cerrar una cárcel para trasladar el problema a los calabozos policiales, se necesita una reorganización del sistema de justicia, desde el momento de la detención hasta el momento de la sentencia o liberación».
Señaló además que tras la creación del Ministerio de Servicio Penitenciario se continúan registrando situaciones como alimentación deficiente, hacinamiento, falta de atención médica, mientras las cargas económicas son asumidas casi de manera exclusiva por los familiares. «Ahora quitaron el derecho a la defensa privada e imponen una defensa pública, que responde a intereses políticos. Son las mismas autoridades que han creado esta situación».
En su informe, el Observatorio exigió a las autoridades venezolanas crear mecanismos para reducir efectivamente la prisión preventiva, la activación y el «aceleramiento» de los procesos penales y juicios «para evitar que las personas pasen hasta un año sin sentencia» y traslados efectivos a cárceles, tomando en cuenta las condiciones de los privados de libertad y sus familiares.
También solicitaron la transparencia en los datos respecto a personas privadas de libertad, que se permita una supervisión independiente de los lugares de reclusión y que se amplíe la formación en derechos humanos en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), encargada de la formación de los efectivos de seguridad del país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
