Provea: Autoridades convocan procesos electorales sin garantías y en pandemia
El proceso electoral en un contexto de severa crisis económica, el uso de recursos públicos para la campaña electoral aumenta mucho más la ventaja de los candidatos oficialistas sobre el resto, considera Provea
Las autoridades venezolanas han convocado a los venezolanos a dos procesos electorales: Las elecciones parlamentarias a realizarse el 6 de diciembre, y la Consulta Popular, entre los días 7 al 12 de diciembre. Ambos procesos se promueven en un contexto de agravamiento de la emergencia humanitaria compleja debido al impacto de la covid-19 en nuestro país.
A diferencia de las anteriores elecciones presidenciales, la convocatoria a las votaciones para la renovación de la Asamblea Nacional se realiza dentro del plazo establecido por la ley. Sin embargo, el proceso se promueve con graves irregularidades por lo que dichas votaciones no serán libres, creíbles ni confiables. La preocupación por la ausencia de estas condiciones estuvo presente en la actualización oral realizada por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su actualización oral del pasado 25 de septiembre sobre la situación de Venezuela.
Algunas de estas decisiones arbitrarias son: designación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de los rectores del Consejo Nacional Electoral, intervención por parte de los tribunales de siete partidos políticos (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Movimiento Republicano, Bandera Roja, Tupamaro y Patria Para Todos), eliminación del voto universal, directo y secreto para los pueblos indígenas del país y el incumplimiento de los plazos de las diferentes etapas previas al proceso electoral, actividades que se realizaron durante las semanas de la llamada “cuarentena radical”, que limitaba el libre transito de la ciudadanía.
En un contexto de severa crisis económica, el uso de recursos públicos para la campaña electoral aumenta mucho más la ventaja de los candidatos oficialistas sobre el resto. Es previsible que quienes acceden de manera preferencial a la gasolina, tengan mayor capacidad de movilizar a sus potenciales votantes ese día. Como nunca antes, el oficialismo participará en un proceso electoral con amplias superioridades sobre el resto de las candidaturas.
Tanto la cita electoral del 6 de diciembre como la del 12 de diciembre, cuando se realizará el evento presencial de la Consulta Popular, se realizarán en momentos en que no se ha encontrado una cura para el coronavirus. La ausencia de cifras confiables sobre la evolución de la pandemia y la destrucción de las capacidades del sistema nacional público de salud debería motivar al liderazgo social y político del país a priorizar el bienestar de la población sobre cualquier otra consideración. Coincidimos con las reservas expresadas por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales sobre la decisión de flexibilizar todo el mes de diciembre, lo que pudiera aumentar la cantidad de casos que se registren en la previsible segunda ola de contagios en el país.
Será la ciudadanía la que decidirá la estrategia para la defensa del derecho a la participación electoral y el derecho a la libertad de asociación y reunión, profundamente vulnerados en las actuales circunstancias. Pedimos a las diferentes autoridades tomar todas las medidas para que ambas jornadas puedan transcurrir sin incidentes de violencia, resguardando los derechos de quienes participen y de quienes decidan no hacerlo.
Lamentamos que esas dos jornadas no contribuyan al proceso de solución de los diferentes antagonismos entre los venezolanos, que permitan la rectificación de políticas que han ocasionado la emergencia humanitaria compleja. En los términos y condiciones en que ambos procesos han sido promovidos, aumentará la conflictividad y las tensiones a corto plazo en perjuicio de las grandes mayorías del país.
Exhortamos a los actores políticos a garantizar se desarrollen en paz y a las autoridades adoptar medidas para la protección de las personas ante la actuación de sectores que pudieran adelantar acciones que perturben la participación ciudadana.
