Provea advierte que ley de amnistía «no puede obstaculizar el derecho de las víctimas»
La organización de derechos humanos sostiene que las personas presas por razones políticas fueron encarceladas de forma arbitraria y que una eventual amnistía no puede obstaculizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Dijo que la la ley anunciada por Delcy Rodríguez no puede considerarse un perdón del Estado
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) observó con interés el anuncio de Delcy Rodríguez sobre una ley general de amnistía «para garantizar la convivencia», tras meses de reclamos ciudadanos por la liberación de personas privadas de libertad por razones políticas.
En un pronunciamiento público, Provea recordó que luego del anuncio de «numerosas liberaciones», realizado el 8 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, las excarcelaciones se produjeron «a cuenta gotas» y sin información oficial transparente, lo que —señaló— agravó la angustia y la incertidumbre de los familiares de presos políticos y prolongó situaciones de trato cruel, inhumano y degradante.
La organización afirmó que, si bien es urgente la liberación inmediata y plena de las decenas de personas detenidas por razones políticas, una eventual amnistía no debe concebirse «bajo ningún concepto» como un perdón o una medida de gracia por parte del Estado. Recordó que estas personas fueron encarceladas de forma arbitraria por ejercer derechos protegidos por instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución y las leyes venezolanas.
Provea sostuvo que las restricciones a derechos como la libre asociación, la manifestación pacífica, la libre expresión y la sindicación, junto con el uso ilegal de la fuerza policial y militar y la instrumentalización del sistema de justicia, condujeron a una escalada de graves abusos contra los derechos humanos.
En el texto, la organización señaló que un número significativo de personas detenidas en los últimos años —especialmente tras la escalada represiva posterior a procesos electorales— fue víctima de desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de violaciones sistemáticas del debido proceso y del derecho a la defensa.
«No es el Estado quien debe perdonar», indicó Provea, al subrayar que son los responsables de graves crímenes quienes deben pedir perdón a las víctimas y asumir su responsabilidad ante la justicia. En ese sentido, advirtió que las amnistías no deben obstaculizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
La organización citó además a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha advertido que las «amnistías que purgan la condena de personas anteriormente condenadas por sus actos de disentimiento político no violento… corren el riesgo de perpetuar algunos aspectos de la violación inicial a menos que se redacte en forma apropiada».
Provea indicó que una eventual amnistía debe incluir el reconocimiento, por parte de las autoridades, de que se cometieron graves abusos, así como la disposición a investigar y sancionar a los responsables, como condición para avanzar hacia una reconciliación genuina.
Sobre el anuncio oficial de que la amnistía excluiría a personas condenadas por delitos de homicidio, drogas y delitos comunes, la organización sostuvo que esto «no es suficiente». Recordó que, según los estándares internacionales de derechos humanos, las amnistías no pueden favorecer a actores involucrados en genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada u otras violaciones graves de derechos humanos.
Finalmente, Provea afirmó que, tras el anuncio oficial, corresponde a las autoridades concretar la liberación plena e inmediata de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, sin más dilaciones indebidas, para avanzar en la anunciada reconciliación nacional y detener la angustia de cientos de familias.
Este viernes, Delcy Rodríguez una «ley de amnistía general» y pidió a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, que discuta y apruebe la normativa «para favorecer la convivencia en Venezuela». También ordenó el «cierre» del Helicoide, una dependencia del Sebin que ha sido denominada como «centro de torturas» por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos.
«Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela», expresó Rodríguez durante la apertura del año judicial, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
Anunció también el cierre del Helicoide como sede policial , e indicó que se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad.
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