Productora agropecuaria de Barinas exige pronunciamiento en caso de violencia de género
Tras 24 días esperando una decisión de la audiencia, Rosa Ibarra Roa exige un pronunciamiento sobre su caso de violencia de género, en el que asegura haber sido agredida y desalojada de su domicilio por su expareja, José Juan Corzo Machuca, con la presunta complicidad de siete funcionarios del Cicpc, el pasado 30 de mayo del presente año
La productora agropecuaria Rosa Abel Ibarra Roa exige a la jueza Maribel Verónica Vargas, del Tribunal de Violencia de Género del Circuito Judicial de Barinas, un pronunciamiento inmediato sobre el caso de violencia de género del cual fue víctima por parte de su expareja, José Juan Corzo Machuca.
Ibarra Roa, residente del municipio Pedraza en Barinas, denunció que sufrió agresiones físicas y psicológicas por parte de Corzo Machuca el pasado 30 de mayo. Aunque la audiencia tuvo lugar el pasado 1 de noviembre, la jueza todavía no se ha pronunciado sobre su caso.
Héctor Lucena, abogado defensor de Ibarra, explicó que la jueza Vargas expone la integridad física de su defendida al no pronunciarse sobre el caso, ya que, cuando se trata de hechos de violencia de género, el tribunal debe pronunciarse inmediatamente tras concluir la audiencia de hechos.
Este retardo de la jueza, según la defensa, pone en peligro a Ibarra, puesto que el presunto agresor está libre y ocupa la vivienda de la agredida. Además, la defensa sostiene que Corzo Machuca comercializa cabezas de ganado que son propiedad de su expareja.
Antecedentes
De acuerdo con el relato de la defensa, el pasado 16 de mayo, Corzo Machuca, quien fue pareja de Ibarra por 30 años y es padre de sus cuatro hijos, se presentó con tres guardias nacionales a las parcelas 104 y 105 del sector La Laguna-El Encanto, ubicado en la parroquia José Antonio Paez del municipio Pedraza (Barinas), para llevarse unas reses propiedad de la víctima. Destacaron que Corzo Machuca usó una cizalla, herramienta manual para cortar lámiras metálicas, para ingresar hasta el potrero donde estaban los animales.
Este hecho fue evitado por la acción del abogado de la defensa y los guardias nacionales, quienes tuvieron que hacer cumplir una orden de alejamiento emitida por el juez de la Fiscalía Décima del Ministerio Público, a cargo del abogado Pablo Antonio Pimentel Pérez.
El 30 de mayo, Corzo Machuca se presentó a las mismas parcelas junto con una comisión de siete funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Entre estos comisarios, se identificó a Jesús Arteaga y Richard Castillo, quienes, junto con otros cinco detectives, ingresaron de forma violenta y sin ninguna orden judicial al sitio donde se encontraba Ibarra acompañada de su hijo Cleiver Corzo Ibarra. Relatan que fueron agredidos física y psicológicamente.
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Lucena afirmó que hay evidencias de cada una de las agresiones y abusos, pues hay informes del médico forense que los atendió, así como videos y fotografías. Señaló también que estas evidencias reposan en el expediente que está en manos de la jueza Vargas, pero hasta ahora no han sido tomadas en cuenta para la decisión que aún está por anunciarse.
Violación reiterada
La defensa sostiene que a Ibarra se le ha violado el acceso a la justicia garantizado en el artículo 26 de la Constitución, así como el artículo 49 sobre el debido proceso y el derecho a la defensa.
El jurista también destacó que la falta de decisión de la audiencia ignora el mandato de la Ley Orgánica de Reforma Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
