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Primero de mayo: pueblo y trabajadores a la calle, por Gregorio Salazar



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Gregorio Salazar | @goyosalazar | abril 21, 2019

@goyosalazar


Apoyándose en la emblemática fecha del Primero de Mayo, día internacional de los trabajadores, Juan Guaidó lanza un nuevo llamado a la población para tomar las calles proponiéndole como reto “realizar la marcha más grande jamás vista en el mundo”. Ha puesto el listón bien alto el presidente interino, incluso para la referencia interna, pues Venezuela durante estos años de opresión chavista ha sido escenario de multitudinarias manifestaciones que asombraron el planeta.

El recurso de plantear la salida a  las calles hasta alcanzar una marca que supere lo visto luce como la búsqueda de acicates a una población que, si bien desde hace tres meses viene respondiendo consecuentemente a los llamados de Guaidó, sigue sumida en la incertidumbre sobre cómo, cuándo y a qué costos será la salida de este largo, oscuro y estrecho túnel. Salir es imprescindible y necesario, pero todo sabemos que se necesita más.

Es un hecho que mientras esa zozobra se prolongue los riesgos de desgaste, cansancio y vuelta a la anomia estarán presentes. Mucho peor cuando un vasto sector de la población, descreído por las experiencias recientes de toda fórmula de negociación política,  ha puesto todos los huevos en una sola canasta, la eyección del régimen con apoyo militar internacional, y no quiere saber de las laboriosas y siempre necesarias fórmulas que requieren del diálogo, la negociación y acuerdos consensuados.

De una reunión reciente con Guaidó con la representación del movimiento sindical de todo el país, esos inquebrantables reductos que sacrificadamente han enfrentado y sobrevivido al chavismo, surgió la propuesta de un gran paro nacional. Es decir, de los sectores productivos que a duras penas se mantienen activos. La iniciativa vino de los sindicatos, convencidos de que lo imperioso es sumarse a la gesta nacional para salir de Maduro y su cúpula corrupta.  No es difícil que en cualquier momento Guaidó se vea obligado a poner en práctica como remate de la escalada de protestas esa forma de presión, pero para ello deberá mantener vivo el espíritu de lucha y la esperanza de la población.

Para los trabajadores, no solamente los organizados sindicalmente que son ya prácticamente un reducto, la urgencia de impulsar la salida de este régimen coloca en segundo plano todo el infinito rosario de demandas que le caben a un gobierno que miserable y estúpidamente destruyó el salario, el empleo y las condiciones de vida de ellos y sus familias.

La devastación que ha causado el llamado “presidente obrero” a la clase trabajadora y a sus organizaciones mediante la destrucción de las empresas del sector público y privado, la quiebra económica y la consecuencial desaparición del poder adquisitivo del salario llegó a un nivel en que ya no puede ser revertida mediante las tradicionales fórmulas reivindicativas, ya sean conciliatorias o conflictivas.

No hay convención colectiva ni salario que resista un inflación anual de un millón por ciento ni está el régimen en capacidad de dar el viraje que pueda reiniciar el camino hacia la recuperación económica del país y sus trabajadores.

Es un milagro que un movimiento sindical independiente sobreviva en Venezuela. Chávez se valió de todas las formas para demolerlo. Y logró desmantelar primero sus organizaciones con la intervención en  su democracia interna y luego arrasando una serie de conquistas reivindicativas que costaron décadas de lucha y sacrificio. La central que hoy rodea servilmente a Maduro ha asumido el indigno papel de convalidar la destrucción de la clase obrera fanfarroneando a la vez, qué paradoja, de su conciencia clasista, de izquierda y revolucionaria.

La presencia del pueblo en calle es irrenunciable para mantener el calor popular de la lucha y la visibilidad ante la comunidad internacional de las dimensiones del reclamo nacional por la vuelta a la democracia.  La lucha es para que Venezuela recupere su condición de país viable en todos los órdenes, incluida la vigencia de la libertad sindical como un derecho fundamental de todos sus ciudadanos.

 

 

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