Preámbulo al juicio contra Nicolás, por Marta de la Vega
Hay escépticos que desdeñan la función de impartir justicia de los Magistrados que fueron seleccionados y designados por la Asamblea Nacional y se vieron forzados, por la persecución y acoso que sufrieron, a salir de Venezuela y constituir, en Washington primero y luego en Bogotá, el máximo poder público judicial. Hay abogados que no aceptan como jurídicamente válida la conformación en el exilio de un Tribunal Supremo de Justicia ni reconocen que sea legítimo, y menos aún, que puedan desarrollar un juicio contra Maduro, previamente autorizado por la AN y cumplida la formalidad del antejuicio de mérito que exige la Constitución vigente cuando se trata de un alto funcionario (mas no mandatario, pues Maduro no tiene mandato legítimo alguno para gobernar).
Aunque no sea una guerra convencional, es indudable que el grupo que desgobierna tiránicamente Venezuela ha desatado como práctica política y filosofía del poder el terrorismo de Estado, la arbitrariedad y abuso reiterados en sus acciones de gobierno y una guerra asimétrica contra mayorías desamparadas que sufren el horror cotidiano de la escasez o franco desabastecimiento, el hambre, la falta de medicinas, el desmantelamiento de los servicios públicos, la destrucción de la economía productiva, el derrumbe de la infraestructura y la brutal hiperinflación que nos ha empobrecido a todos.
Es evidente que no hay en el país una situación normal y que la violación continuada de la Constitución ha vuelto añicos el Estado de derecho.
La indefensión de los ciudadanos es la peor consecuencia al igual que la transgresión impune de las normas de convivencia, la pérdida de los parámetros morales y la disolución de la ética pública.
La lucha por rescatar la democracia, la resistencia cívica y la valentía para desafiar la dictadura de parte de muchos de nuestros dirigentes, en especial jóvenes líderes como Juan Requesens, Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro, José Guerra, que ganaron su curul en el parlamento y salieron a las calles a defender los derechos de todos los venezolanos y a acompañar a la gente en las manifestaciones pacíficas apagadas criminalmente a sangre y fuego, ponen de manifiesto el coraje y la rectitud de sus propósitos. Pero también muestran la importancia de instituciones como la AN o el TSJ para derrotar al usurpador.
Así como Charles De Gaulle desde la resistencia en Londres se convirtió en líder en el exilio, reconocido por Churchill como representante legítimo de la “Francia libre” ante los aliados, también son parte de la “Venezuela libre”, reconocidos por los países democráticos de América Latina y de Europa los Magistrados y Diputados perseguidos y obligados a salir del país que, junto con alcaldes y gobernadores en el exilio, siguen luchando en el exterior para recuperar libertad y decencia.
El juicio que en audiencias orales y públicas acaba de concluir en contra de Maduro destaca su culpabilidad y responsabilidad penal plenamente demostradas por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales en el caso de la empresa Odebrecht.
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En Bogotá, 25 Magistrados en Sala Plena, con la presencia virtual de 5 de ellos desde distintos puntos geográficos, mediante Skype, sentenciaron a más de 18 años de cárcel a Maduro, con multa de 25 millones de dólares y obligación de restituir a la república 35 mil millones de dólares en compensación. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, cuya destitución por la ilegítima e inconstitucional anc es nula, independientemente de los motivos que la hayan llevado a rectificar con respecto a sus actuaciones del pasado en detrimento de la imparcialidad y la transparencia, ejerció con valentía la acusación, respaldada con numerosas pruebas documentales y testimonios, incluso de implicados que ya cumplen condena en Brasil.
Así lo reconoció el Presidente del Tribunal Supremo, Miguel Ángel Martín, en la exposición final sobre el juicio, que no es político –dijo- sino estrictamente apegado a derecho, que condena a un delincuente que ha causado un daño enorme al patrimonio del Estado y a los venezolanos. El defensor público seleccionado en sorteo, Andrés Felipe Lindo, rebatió sólidamente, con énfasis en aspectos procesales, cada una de las acusaciones de la Fiscal. Pero las pruebas de los hechos punibles, objeto de la investigación, eran demasiado contundentes, aunque fueran pocas las que comprometían directamente a Maduro, para esperar una decisión distinta a la de la condena.
