Perú y la gobernabilidad esquiva, por Milagros Campos
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El riesgo de la crisis crónica en el Perú es normalizar la ausencia de políticas públicas de largo plazo, la ausencia de reformas estructurales y la continuidad de problemas en el diseño institucional que si bien no son la única causa de la crisis, tampoco son abordados para contribuir a su solución. Desde julio 2016, cinco presidentes –dos renunciaron y uno fue vacado por permanente incapacidad moral–y tres congresos, son síntomas de la inestabilidad política. Adicionalmente, en este periodo, tres sectores claves en tiempos de pandemia tuvieron recurrentes cambios: trece ministros de salud, quince ministros del interior y diez ministros de economía y finanzas.
Castillo, como sus antecesores, es un presidente en minoría, en un contexto de partidos políticos poco representativos. Como muestra de ello, él se inscribió meses antes de la elecciones a Perú Libre, para ser candidato a la presidencia.
Transcurridos seis meses de gobierno, sólo el 25% del país aprueba la gestión del presidente Castillo y el 69% la desaprueba. La aprobación es mayor fuera de Lima y en zonas rurales, mientras que la desaprobación es superior en jóvenes y menores de 42 años, en la zona norte y centro del país.
El rápido deterioro se debe en buena medida a algunos anuncios improvisados y sin viabilidad, falta de transparencia e indicios de corrupción. Sin embargo, el cargo mayor es la designación de ministros de Estado y autoridades inexpertas, cuestionadas por su falta de idoneidad. Como ejemplo, el caso del tercer gabinete liderado por el congresista Valer que tuvo una duración de tres días.
Valer tenía denuncias por violencia familiar e investigaciones fiscales por corrupción. Sin embargo, la designación del nuevo gabinete no ha solucionado la crisis entre otras razones por la permanencia en el cargo de ministros cuestionados por manifiesta falta de idoneidad e investigaciones por actos de corrupción. El caso del ministro de salud es sintomático, pues el colegio médico se ha pronunciado pidiendo su renuncia por ejercer sin la especialización, promocionar el consumo de un producto sin evidencia científica, así como por mantener una investigación por corrupción. El despido y renuncia de funcionarios expertos ha generado una gran preocupación en diversos sectores pues debilita la poca institucionalidad que se había construido con mucho esfuerzo.
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De otro lado, el Congreso unicameral es muy fragmentado. Diez partidos obtuvieron representación. Se organizaron en nueve grupos parlamentarios. La bancada de gobierno obtuvo la primera mayoría con el 28% de escaños. Sin embargo, no fue una bancada cohesionada, en siete meses se redujo al 25% de escaños. Según diversas fuentes, se distinguen distintas facciones dentro de la bancada de gobierno.
Con todo, Castillo ha logrado a través de sus gabinetes construir un apoyo parlamentario mayor a los 44 votos que lo blindaría de una eventual vacancia por permanente incapacidad moral, para lo cual se requieren dos tercios de los votos.
La representación femenina
La paradoja es que el Congreso elegido para el periodo 2021-2026 tiene el récord del mayor número de mujeres parlamentarias –38%– y paralelamente, la participación de mujeres en el ejecutivo se redujo sustancialmente, de 36% en los últimos gabinetes desde 2016, a 15%. Pero no es solo un tema de números, el caso de violencia familiar del ministro Valer fue calificado por otro ministro de Estado como “asuntos personales”, admitiendo que el mismo también tuvo un proceso. A ello se ha sumado el silencio del presidente y la ausencia de una contundente declaración zanjando la participación en el gobierno de quienes tengan procesos por este delito.
Escenarios que enfrenta el Presidente Castillo
El presidente ha sido elegido hasta el 28 de julio de 2026. En el Perú se prevé que la plancha presidencial se inscriba con dos vice presidentes. La primera vicepresidenta, Dina Boluarte, tiene una denuncia constitucional por infringir normas que limitan la contratación de sus familiares con el Estado. El segundo vicepresidente, no pudo inscribir su candidatura debido a que recae sobre él una sentencia en primera instancia, que le impide postular.
Las salidas propuestas a la crisis atraviesan por la designación de un presidente del consejo de ministros que cuente con el respaldo ciudadano y la confianza del Congreso para contribuir a conducir el gobierno. Ello no está exento de problemas porque en el Perú el presidente es, de acuerdo a la Constitución, jefe de estado y jefe de gobierno.
Un segundo escenario, distante, es que el presidente renuncie o que el Congreso fundamente una causal de vacancia por permanente incapacidad moral, con las limitaciones y cuestionamientos que tiene la institución, pues como se sabe no es propiamente un impeachment. Para ello, debe lograr 87 votos. En tales casos, la sucesión constitucional recae en la primera vice presidenta, quien concluye el mandato. Por impedimento de la primera vicepresidenta, asume la presidenta del Congreso y convoca a elecciones. Ante el silencio en la Constitución respecto de la naturaleza de esas elecciones, se argumenta de un lado, que estas solo deben ser presidenciales; mientras que otro sector considera que deben ser generales.
El gabinete debe pedir el voto de confianza dentro de los treinta días de su designación. En caso de no lograr una mayoría de votos, debe renunciar. Si el Congreso deniega la confianza a otro gabinete o lo censura, el presidente Castillo puede disolver el Congreso.
Con esta agenda, ha quedado en el tintero el debate para una reforma política que mejore el diseño institucional, elimine la prohibición de reelección parlamentaria, regule el impeachment, ponga candados a la disolución del Congreso entre otras medidas. De otro lado, reformas estructurales que reduzcan la creciente informalidad políticas públicas que reactiven la economía y generen trabajo formal, atiendan la seguridad ciudadana, la emergencia ambiental y el retorno de los estudiantes a clases presenciales. La crisis política crónica afecta la gobernanza del país.
Milagros Campos es profesora de la Pontifica Universidad Católica del Perú y miembro de la Red de Politólogas. Integró la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política de Perú.
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