Perú vuelve a quedarse sin presidente, por Kathy Zegarra
El 17 de febrero, Perú volvió a quedarse sin presidente. Lo que en cualquier democracia supondría una crisis excepcional, en el caso peruano se ha convertido en un episodio recurrente.
Desde 2016, ningún presidente ha logrado completar su mandato. La inestabilidad ya no es un accidente del sistema político: es su rasgo dominante.
José Jerí, quien era presidente de la Mesa Directiva del Congreso hasta que Boluarte fue reemplazada, asumió la presidencia conforme al orden constitucional por un período de 130 días. Jerí había ingresado al Congreso como accesitario tras la inhabilitación de Martín Vizcarra.
Durante su breve gestión intentó proyectar una imagen de liderazgo firme, visitando centros penitenciarios y con una retórica centrada en el orden y la seguridad. Sin embargo, su popularidad se erosionó rápidamente.
La encuestadora Ipsos registró un 60% de desaprobación, en un contexto marcado por cuestionamientos públicos, como las reuniones con empresarios chinos, denuncias de violación y el deterioro en los indicadores de seguridad ciudadana.
Si bien las razones esgrimidas por los congresistas para su destitución se vincularon a estos episodios, su destitución forma parte de una estrategia política de los partidos con miras a las próximas elecciones.
Tras su salida, José María Balcázar, un congresista de izquierda de 83 años, tristemente conocido por su apoyo al matrimonio infantil se ha convertido en el nuevo presidente de Perú.
Uno tras otro
El último jefe de Estado que culminó su período fue Ollanta Humala (2011-2016). A partir de entonces, la sucesión ha sido acelerada. Pedro Pablo Kuczynski renunció tras poco más de año y medio de gestión, acosado por un Congreso controlado mayoritariamente por el fujimorismo.
Su vicepresidente, Martín Vizcarra, quien asumió tras la renuncia, fue destituido mediante la figura de la «vacancia presidencial». Manuel Merino, entonces presidente del Congreso, asumió el cargo conforme al orden constitucional, pero renunció cinco días después, tras intensas protestas sociales en las que murieron dos jóvenes.
Francisco Sagasti completó la transición hasta las elecciones de 2021. Pedro Castillo, elegido ese año, fue destituido luego de intentar disolver el Congreso. Y su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la presidencia, y tras débiles pactos con los congresistas, fue vacada.
Más allá de los nombres y los días que cada uno permaneció en el poder, lo relevante es que el Perú se enfrenta a una fragilidad institucional que permite la destitución frecuente del jefe de Estado.
La Constitución peruana contempla la figura de la «vacancia por incapacidad moral permanente», que faculta al Congreso a declarar la destitución del presidente con dos tercios de los votos.
Se trata de un mecanismo excepcional, pensado para situaciones extremas; sin embargo, en la práctica, se ha convertido en una herramienta de presión política. La expresión «incapacidad moral permanente» es lo suficientemente ambigua como para permitir diversas interpretaciones.
En los últimos años, ha sido invocada por motivos diversos, desde acusaciones de corrupción hasta cuestionamientos políticos, sin que exista un estándar jurídico claramente delimitado.
Esta inestabilidad tiene consecuencias concretas. Las políticas públicas requieren continuidad, planificación y coordinación interinstitucional. Cuando los gobiernos se suceden con rapidez, los equipos ministeriales cambian, las prioridades se redefinen y las reformas estructurales pierden impulso.
Problemas complejos como la inseguridad ciudadana, la informalidad económica o la precariedad de los servicios públicos difícilmente pueden abordarse con eficacia en un entorno donde la supervivencia política es el objetivo inmediato.
Por otro lado, es importante indicar que no hubo una reforma constitucional que alterara formalmente el equilibrio de poderes tras 2016. Lo que cambió fue la manera en que los actores políticos decidieron utilizar los instrumentos disponibles.
La vacancia pasó de ser un recurso extraordinario a convertirse en una amenaza constante contra presidentes sin mayoría. En este contexto, la estabilidad del Ejecutivo depende menos de criterios jurídicos que de una aritmética legislativa.
A ello se suma que, tras la disolución del Congreso durante el gobierno de Martín Vizcarra, el Legislativo ha buscado reforzar sus atribuciones, limitando, por ejemplo, la posibilidad de que el Senado pueda ser disuelto.
Lo que realmente necesita el país
Una reforma política de fondo resulta, por tanto, indispensable. Fortalecer el sistema de gobierno y el sistema de partidos es condición necesaria para reducir la fragmentación y la confrontación permanente.
Sin embargo, modificar las reglas no es suficiente. La experiencia reciente demuestra que es fundamental el compromiso genuino de las élites políticas con la estabilidad democrática.
En 2018, el entonces presidente Martín Vizcarra impulsó un paquete de reformas que fue sometido a referéndum. Aunque contó con participación ciudadana, parte de su contenido se diluyó en el proceso legislativo posterior y no logró generar los cambios estructurales esperados.
*Lea también: El fugaz ascenso y caída de José Jerí, el nuevo presidente destituido en Perú
En los próximos meses, Perú volverá a las urnas para elegir al presidente y vicepresidentes, así como a los miembros del Senado y la Cámara de Diputados.
Ante la debilidad institucional que caracteriza al país, surge una pregunta inevitable: ¿es determinante quién ocupe la presidencia, si las reglas del juego permiten que su mandato sea interrumpido con relativa facilidad?
El contexto sugiere que la estabilidad del sistema no depende únicamente de la figura presidencial, sino del diseño y funcionamiento del conjunto institucional. Sin ajustes en ese marco, el riesgo de que la historia vuelva a repetirse seguirá presente.
Kathy Zegarra es politóloga de la Pontifica Universidad Católica del Perú con un diplomado en Comunicación Política por la Universidad ESAN
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