Patente de corso, por Roberto Patiño
Un estimado de casi 4.000 millones de dólares robados por funcionarios y amigos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro están a punto de perderse en los tribunales norteamericanos. La cifra fue dada a conocer por la organización Iniciativa Para la Recuperación de los Activos Venezolanos (Inrav) quienes en alianza con la ONG Transparencia Venezuela, llevan adelante un inventario de los casos de corrupción, el análisis de las relaciones de poder de los involucrados y la contabilidad de lo saqueado en Venezuela.
Según sus investigaciones, sólo en los tribunales norteamericanos habría, hasta marzo del 2025, 72 casos judiciales abiertos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, casi todos en Texas, Florida, Nueva York, Connecticut y Missouri y según sus cálculos, el monto a ser decomisado por la justicia norteamericana llegaría a la cifra de 3.999.833.385,33 dólares.
Son varios los nombres que aparecen en este inventario de delincuentes que hicieron negocios a través de la red de contactos, amigos y relaciones que construyeron con el régimen que gobierna al país desde tiempos de Hugo Chávez.
La existencia de este ecosistema que favorece la corrupción, que persiste y se fortalece en la actualidad, es la consecuencia natural y si se quiere lógica, del desmantelamiento del sistema democrático. Cuando en un país las instituciones como la Asamblea Nacional, la Contraloría, el Ministerio Público y lo tribunales están dedicados a perseguir a la oposición democrática, renunciando a su responsabilidad de supervisar la gestión de los recursos del Estado, se genera una nueva institucionalidad, por fuera de las leyes y la Constitución, donde la lealtad es recompensada con una patente de corso donde factores de poder pueden saquear las riquezas del Estado.
En Venezuela existe hoy por hoy un complejo organigrama de nombres e instituciones a quienes se les permite robar a cambio de su sumisión y obediencia. El término «enchufado» parece haberse convertido en una aspiración de vida para un pequeño grupo de venezolanos que han encontrado en la cercanía del poder, la mejor manera de vivir con excesos en medio de la crisis humanitaria que atraviesa nuestro país.
La corrupción es un tema que va más allá de los valores y la ética personal, también tiene que ver con la existencia de instituciones democráticas que garanticen la independencia real del sistema judicial, un Congreso que asuma sus responsabilidades de control al Ejecutivo y al poder judicial, una prensa libre que pueda ventilar los espacios oscuros del poder y una sociedad civil organizada que obligue, en la calle y en las urnas electorales, a rendir cuentas a quienes nos gobiernan.
La democracia no es inmune a los hechos de corrupción, pero sólo en ella se puede construir un sistema con garantías e instituciones independientes que puedan hacerle frente. No importa el tamaño de la riqueza que genera una nación, sin un sistema de libertades políticas e instituciones independientes, lo único que tenemos garantizado es la conformación de una casta de ricos y poderosos que crecen a la sombra del poder de Miraflores, mientras le sirven lealmente.
Esto lo saben muy bien los venezolanos. Quienes hemos tenido la oportunidad de acompañar el trabajo en las comunidades hemos visto como la organización popular, que se construye de abajo hacia arriba, entiende el servicio público como un esfuerzo para alcanzar objetivos comunes que beneficien a todos por igual, saben la importancia de la contraloría de los recursos y rinden cuentas ante la comunidad.
En las comunidades se puede ver muy bien el efecto mordaz que tiene la corrupción en la sociedad, cuando un proyecto no alcanza sus objetivos por un manejo doloso de los recursos, no sólo se cuestiona a los involucrados, sino que se reconoce la oportunidad que se perdió y las dificultades que se deberán afrontar para retomar el pulso de la organización popular. En una escala más grande, uno de los mejores indicadores del colapso de un régimen es la deformación del sistema de gobierno democrático para garantizar que la tolerancia institucional a la corrupción, sea parte de una estrategia para garantizar la lealtad política.
*Lea también: El autoritarismo se siente acompañado, por Luis Ernesto Aparicio M.
En todos estos años de lucha, hemos aprendido que la buena marcha de los servicios públicos y de la economía está asociada a la salud de un sistema que garantice libertades civiles, de oportunidades para todos, donde los que tienen el poder (¡siempre de manera temporal!) tengan que rendir cuentas y donde la justicia sea igual para todos.
Estos principios democráticos siguen presentes en la mayoría de los venezolanos, son coordenadas de acción que se preservan en nuestra sociedad y que serán necesarias en el futuro, cuando logremos el cambio pacífico y democrático que queremos todos.
Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.
Roberto Patiño es Ingeniero de Producción-USB. Magíster en Políticas Públicas-Harvard. Fundador de Alimenta La Solidaridad y de Caracas Mi Convive.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
