Partidos y derecho de asociación, por Rafael Uzcátegui
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Hay consenso en que el chavismo llegó al poder por la implosión del sistema político venezolano que había logrado una de las democracias más estables del continente. Más de dos décadas después la crisis de los partidos políticos se mantiene: Por un lado, continúa la ausencia de renovación en su capacidad de representación. Por el otro, los gobiernos bolivarianos han minado su posibilidad de relegitimarse tras erosionar las garantías del derecho a la libertad de asociación y reunión en el país. El extravío del liderazgo político, entre otras causas, ha contribuido a la perpetuación del autoritarismo.
Las dificultades actuales de los partidos políticos en Venezuela es la historia de una crisis postergada. Durante la década de los 90, posterior a los hechos de El Caracazo, se discutió cómo las organizaciones doctrinarias habían perdido la brújula, desconectándose de los problemas y deseos del ciudadano común.
Rafael Caldera logró su segundo período presidencial a partir de una coalición diferente a la de los dos partidos tradicionales, pero sería la llegada al poder de Hugo Chávez la ratificación que el modelo de gobernabilidad creado en 1958, el llamado Pacto de Punto Fijo, había quedado atrás. Aquello, en circunstancias normales y racionales, debió haber estimulado una profunda revisión de los liderazgos de Acción Democrática y Copei, tras el mea culpa de rigor. Lo que finalmente sucedió es que los restos del naufragio se recompusieron cabalgando sobre el progresivo rechazo social al autoritarismo bolivariano, sin haber hecho ni las reflexiones ni las correcciones institucionales necesarias.
Recordemos que las primeras movilizaciones antichavistas no fueron convocadas por los partidos sino por la sociedad civil, en rechazo al Decreto 1011, denominadas «escuálidas» por un Ejecutivo narcisista, enamorado de su imagen en el espejo de la popularidad y el poder. En este primer ciclo, la movilización abierta de un sector de la sociedad contra el gobierno duró 20 años, teniendo su cénit en las protestas del año 2017. Cuando se apagó la protesta política de calle reapareció la crisis interna de los partidos políticos, profundizada por el desgaste de los debates y decisiones que no se habían tomado en dos décadas.
Usted y yo podemos estar más cerca o más lejos de los partidos políticos venezolanos realmente existentes. Pero lo cierto es que sin un sistema de organizaciones políticas que canalicen la voluntad ciudadana a través del voto, no hay democracia posible. Y esto lo saben perfectamente las autoridades, quienes han desarrollado una estrategia de neutralización de sus contrarios, para hoy jactarse de constituir la «principal minoría del país».
En términos de derechos humanos la libertad de asociación y reunión se encuentra plasmada en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros tratados internacionales. Esto genera una serie de obligaciones para los Estados. Una de ellas es que la posibilidad de asociarse con otros debe ser protegida y estimulada sin ningún tipo de discriminación; las iniciativas deben tener acceso a la información pública y acceso a medios de comunicación; deben funcionar sin intromisiones ni injerencias injustificadas en sus asuntos internos; tienen derecho a contar con una personalidad jurídica, así como el de buscar, solicitar y recibir financiamiento de personas, empresas, sociedad civil, organismos intergubernamentales, gobiernos locales, nacionales e internacionales. No hay necesidad de tener afinidad con Primero Justicia, Voluntad Popular o el Partido Comunista de Venezuela para defender su derecho a disfrutar las garantías que los estándares internacionales ofrecen para la libre reunión y asociación.
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Como ciudadanos y ciudadanas nos toca una doble tarea: Denunciar y enfrentar el cierre del espacio cívico promovido por las actuales autoridades, que incluye alentar la existencia y funcionamiento de partidos políticos diversos, todos y cada uno, que puedan representar los intereses variopintos de la gente. Y, por otra parte, exigirles a las organizaciones doctrinarias un funcionamiento democrático, que incluya canales de participación para sus afiliados y afiliadas, así como espacios de debate y de construcción de consensos con el resto de la sociedad. El fin de la crisis de representación actual no se decreta: Demanda de las organizaciones partidarias una genuina voluntad de rectificación y fortalecimiento, haciendo política desde y por fuera de las redes sociales, con la gente de carne y hueso.
En democracia la abstención o la crítica a los partidos es una posible decisión del ciudadano suficientemente informado. En dictadura, estar en contra y alejado de los partidos es el objetivo de la estrategia del autoritarismo para mantener su dominación sobre la mayoría.
Rafael Uzcátegui es Sociólogo. Coordinador general de Provea.
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