Para afianzar el esperado cambio, por Marta de la Vega
El resultado de la farsa electoral confirma la pretensión totalitaria de Maduro con su camarilla militar civil que pareciera arrojarnos a un callejón sin salida. Por estar al margen de la Constitución, según sus artículos 25 y 137, la supuesta elección presidencial es jurídicamente inexistente.
No quedan dudas del carácter anticonstitucional de la convocatoria y la ilegitimidad del proceso, que excluyó a los adversarios políticos, inhabilitó, apresó u obligó al exilio a los dirigentes y probables candidatos de las fuerzas democráticas, ilegalizó a los partidos políticos de oposición, adelantó arbitrariamente la fecha de los comicios y violó todas las garantías efectivas para ejercer el derecho al sufragio. Queda claro que también por origen Maduro es hoy usurpador del cargo de presidente de la República.
Los medios de comunicación audiovisual hicieron evidente a escala internacional el fraude perpetrado con cinismo y alevosía. También visibilizaron el repudio masivo de la población pese a las presiones, coacción económica, amenazas y miedo, al mostrar las mesas electorales vacías, las calles desiertas, la bajísima participación real de los votantes. Esta no alcanzó al 30% de los ciudadanos registrados.
En silencio, al rechazar este evento, la mayoría del país ejerció el mandato constitucional recogido en los artículos 333 y 350. Nadie se cree la cantidad de votos anunciada por la presidenta del cne. No es esta la primera vez que “inflan” los resultados. La más reciente y trágica, con 14 asesinados durante la jornada, fue la de la impuesta “elección” de la anc a fines de julio de 2018.
Parar la sistemática violación a la libertad de expresión y las agresiones contra medios audiovisuales de comunicación, periodistas y legítimos representantes de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía que integran la Asamblea Nacional. Militares como el funesto Lugo y sus secuaces, no han hecho sino degradarse al irrespetar y violentar las instituciones democráticas.
La responsabilidad histórica de la dirigencia democrática está comprometida. Pasarán como pusilánimes y serán despreciados si no ejercen su liderazgo con firmeza, proactivamente, con altura y visión de largo plazo. La ciudadanía espera de los dirigentes demócratas decencia y ética, siguiendo el artículo 2 de la Constitución. Urge que actúen sin cálculos de corto alcance ni prebendas a lo Judas Iscariote, por el cambio político, la restitución del Estado de derecho y la democracia, el rescate de una justicia imparcial, pronta y transparente.
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Recuperar la confianza requiere no solo justicia oportuna, proporcional y objetiva. Se necesita un viraje de 180° del modelo económico, la reinversión sin opacidad en la infraestructura, la recuperación de la industria de hidrocarburos, producción agroindustrial y manufacturera, la profesionalización en el área de los servicios públicos, el ataque frontal a la corrupción que se ha enquistado en todos los niveles y la implementación de políticas sociales que alivien los estragos de la crisis humanitaria.
No basta el apoyo externo. Hay tres retos del liderazgo para afianzar el cambio indetenible frente al desastre cada vez peor del actual régimen de muerte. Hacer pública una estrategia clara con unidad de propósitos y metas compartidas a favor del cambio político, con plan de gobierno, liberación de los presos políticos, gobierno de transición y nuevas elecciones con las debidas garantías. Aliviar con la ayuda humanitaria internacional el horror cotidiano de tantas familias por la carencia de nutrientes, medicamentos y tratamientos médicos eficaces. Reconstruir el país y la esperanza mediante una reconciliación nacional basada en la justicia, no en la venganza.
