ONG y oposición rechazan versión del MP sobre la muerte de Víctor Quero Navas
Las ONG Provea y JEP, junto a la dirigente Delsa Solórzano, calificaron de insuficiente el comunicado de la Fiscalía que atribuye a una enfermedad la muerte del preso político Víctor Quero Navas. Los denunciantes exigen investigar la responsabilidad del Estado por negligencia y desaparición forzada, mientras la defensa criticó que el informe médico se difundiera públicamente antes de notificarse a los familiares
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y dirigentes de la oposición rechazaron el informe emitido por el Ministerio Público sobre el fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas, preso político que permaneció desaparecido de manera forzada durante meses tras ser arrestado el 1 de enero de 2025 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Este martes 2 de junio, Provea y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), junto a la presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, coincidieron en que el pronunciamiento oficial elude la responsabilidad penal del Estado y deja interrogantes sobre los tratos recibidos por la víctima durante su reclusión.
Las ONG y Solorzano fijaron posición de manera independiente luego que en horas de la tarde la Fiscalía General divulgara en sus redes sociales que Quero Navas falleció a causa de un «tromboembolismo pulmonar» entre julio y agosto de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. El ente aseguró que los restos exhumados en mayo de 2026 no reflejaban lesiones traumáticas.
El abogado de la familia, José Loreto, denunció que las autoridades ventilaron estos resultados públicamente de forma irregular antes de notificárselos formalmente a la defensa legal y a los tres hermanos del fallecido.
Provea instó a determinar las responsabilidades civiles, administrativas y penales del personal de custodia. Recordó que, bajo los estándares internacionales adoptados por el país, «las muertes ocurridas bajo la custodia del Estado son exclusiva responsabilidad del Estado».
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón calificó el reporte de la Fiscalía como un «intento de carpetazo que carece del más mínimo rigor» y advirtió que argumentar una causa médica no exime de culpa a las instituciones, puesto que se debe indagar si existió una omisión de socorro o negligencia en la atención sanitaria del recluso.
La vocera de la Plataforma Unitaria, Delsa Solórzano, aseveró que el texto oficial «deja más preguntas que respuestas» al callar sobre la desaparición forzada del ciudadano y omitir si los funcionarios encargados de su ocultamiento están siendo investigados.
Solórzano cuestionó las razones por las cuales las autoridades judiciales impidieron la participación de expertos internacionales independientes bajo los lineamientos del Protocolo de Minnesota, una herramienta técnica clave para casos de muertes potencialmente ilícitas bajo el amparo de resguardo público.
Víctor Hugo Quero Navas fue detenido el 1 de enero de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en los alrededores de Plaza Venezuela cuando iba a visitar a su madre con motivo del Año Nuevo. Desde esa fecha estuvo bajo desaparación forzada y aunque estuvo recluido en el Rodeo I, en el estado Miranda, a su madre se le negó esa información por al menos 15 meses.
De acuerdo con el Ministerio de Servicios Penitenciarios, Quero Navas falleció en julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo (Militar) y fue inhumado sin notificarle a sus familiares; supuestamente, de acuerdo con la versión oficial, «no suministró datos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal».
La Fiscalía informó que también se realizaron inspecciones técnicas, fijaciones fotográficas, entrevistas, levantamientos planimétricos, reconstrucciones de hechos, análisis de registros fílmicos y recopilación de historias clínicas, entre otras actuaciones.
Carmen Teresa Navas, madre de Quero Navas, falleció 10 días después de enterarse que su hijo estaba muerto.
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