ONG y estudiantes: «Venezuela aspira nuevamente a la superación del autoritarismo»
Gremios, organizaciones y estudiantes recordaron que «la democracia no es una idea abstracta», sino un ideal que debe recuperarse en Venezuela tras el «largo período de represión a las libertades ciudadanas e incumplimiento de las obligaciones estatales» que, aseguraron, vivió el país en las últimas dos décadas
Gremios, organizaciones defensoras de derechos humanos y la comunidad estudiantil reclamaron este viernes la «superación del autoritarismo», en medio del «control» del país anunciado por Estados Unidos y un «nuevo momento político» anunciado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.
Representantes estudiantiles, de organizaciones como Provea y gremios de profesores se reunieron este viernes frente al mural «Conductores de Venezuela (Pedro León Zapata)», en Caracas, para conmemorar el 68 aniversario del 23 de enero de 1959, que marcó el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y el inicio de la democracia en el país.
«Venezuela aspira nuevamente a la superación del autoritarismo, la recuperación de la democracia y el rescate de la soberanía popular y territorial», dijeron en un comunicado, leído por Miguelangel Suárez, presidente de la Federación de Centros Estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV).
*Lea también: Dirigentes recuerdan el 23 de enero y abogan por una transición real a la democracia
Afirmaron que el «nuevo momento político» que expresó Rodríguez en días pasados no será viable si no se atienden las urgentes demandas ciudadanas, la principal de ellas «la liberación plena, incondicional e inmediata» de todos los presos políticos en el país.
«Estas personas, y sus familias, han sido víctimas de graves abusos que incluyen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso y el derecho a la defensa, entre otros», señalaron.
Asimismo, expresaron que «más allá de las renovadas promesas oficiales», los derechos civiles y políticos de la población «continúan suprimidos o severamente restringidos», por lo que exigieron la derogación del decreto de Estado de Conmoción Exterior, en vigencia desde el pasado 3 de enero.
«Este decreto debe ser derogado si realmente se tiene la voluntad de avanzar en un proceso genuino de reconciliación que conduzca a la redemocratización del país, al respeto de la Constitución Nacional y a la reconstrucción de la institucionalidad», se aseveró.
Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, lee la proclama unitaria en defensa de la democracia y contra el autoritarismo, en el marco del 68° aniversario del 23 de Enero de 1958 pic.twitter.com/7gyra5RVfi
— PROVEA (@_Provea) January 23, 2026
Por otra parte, indicaron que el «nuevo momento político» también tiene que atender la «enorme deuda social», como aumentos de salarios y pensiones, recuperación de servicios básicos y de salud; la «recuperación económica»; la preservación del medio ambiente; saldar deudas de demarcación de territorios ancestrales indígenas y el respeto a la soberanía.
Esto último en vista de los acuerdos energéticos firmados con EEUU. Señalaron que «no deberían significar una cesión adicional de la soberanía territorial nacional» o la «profundización del soslayamiento de los derechos de los trabajadores venezolanos».
Los gremios, organizaciones y estudiantes recordaron que «la democracia no es una idea abstracta», sino un ideal que debe recuperarse tras el «largo período de represión a las libertades ciudadanas e incumplimiento de las obligaciones estatales» que, aseguraron, vivió el país en las últimas dos décadas.
«Reiteramos que el pueblo venezolano está resuelto a vivir con dignidad y a vivir en la verdad… El tiempo de nuestra vida está signado por la imprevisibilidad. Mientras a unos les tocan los siglos serenos y apacibles de cosechar, en cambio, a otros les toca el tiempo de sembrar, de enrumbar, de crear una visión de esperanza para las generaciones venideras».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.





